Confirmado: se socializan las pérdidas

 

Que España está en el punto de mira internacional no es ninguna novedad, si bien en los últimos días se está multiplicando el número de apariciones de la “marca España” en la prensa internacional, sobre todo en la especializada. Ayer vimos las portadas de Financial Times o The Economist (http://cort.as/1zkD) en las que Bankia apareció como la excusa para hablar de las dudas hacia el sistema bancario español, dudas que también expresaban fuentes de la Comisión Europea, que admitieron no saber en realidad cuál era el problema traducido en cantidades.

El Gobierno, consciente de que lo peor que puede haber en este momento es falta de confianza -hacia el sistema bancario, hacia la economía real, hacia el Gobierno, etc- y de credibilidad, ha vuelto a dar una vuelta de tuerca y, tras las reformas estructurales que, insistimos, no son el problema de los males que acechan a la economía real española, ha dirigido sus ojos a lo que provocó la crisis económica que estalló en EEUU con la caída de Lehman Brother: el sistema financiero.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma financiera, la segunda del Gobierno de Mariano Rajoy, con el foco puesto de las medidas que se adoptan para, en teoría, respaldar los activos positivos vinculados al ladrillo que tienen las entidades bancarias. La medida estrella es la obligación de aprovisionar los activos inmobiliarios “sanos” hasta un 30%, es decir, los bancos deberán reservar unos 30.000 millones de euros vinculados a estas operaciones para cubrirse a sí mismos. En el caso de que los bancos no pueden hacer frente a esta obligación, el Ejecutivo pone a su disposición ayudas públicas por valor de 15.000 millones de euros, al 10% de interés.

En cuanto a los denominados “activos tóxicos”, se confirma indirectamente que los bancos han estado jugando con estas cifras para no dar la cifra real. Ante la evidencia, la reforma obliga a que los bancos aporten antes de fin de año los inmuebles que se han quedado por el impago de créditos a sociedades anónimas y tras una tasación independiente: el llamado “banco malo” se bifurca y se convierte en sociedades. Los que tengan que recurrir a la ayuda del FROB, deberán dar salida a estos inmuebles en un plazo de tres años, al precio que sea; el resto, tendrán hasta 20 años para acometer esa salida.

Por otra parte, el Gobierno habla del prestigio del Banco de España como órgano supervisor, puesto en entredicho durante toda la crisis financiera, pero especialmente con la caída de las primeras cajas y, sobre todo esta semana, con la caída de Bankia. Lo define como un órgano prestigioso, pero, a continuación, demuestra que tampoco se fía. El Ejecutivo no encarga al Banco de España que trabaje como auditoría para detectar los problemas del sector, sino que se recurre a dos auditorías externas que colaborarán con el órgano supervivor para “valorar el conjunto de las provisiones existentes en los balances de los bancos españoles”, y despejar así “dudas e incertidumbres sobre la solvencia” de las entidades españolas, explicó el titular de Economía, Luis de Guindos.

En cuanto a Bankia y las responsabilidades de los gestores, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se ha confirmado que, por el lado del Gobierno, no se va a exigir ninguna investigación porque entiende que no ha habido irregularidad alguna por parte del Consejo de administración. El propio De Guindos lo ha dicho así: “El Gobierno no es nadie en estos momentos para decir si se han cometido o no irregularidades”.

El argumento que esgrimen es que sólo ha habido un cambio en el equipo de gestores, que tiene encargado poner marcha un plan para reconducir una situación financiera. Es decir, la cuarta entidad española por volumen de activos debe ser nacionalizada en un 45% (el 100% de su matriz BFA) pero el problema parece venir del entorno financiero, por lo que la actuación de los gestores no tiene nada que ver. Perfecto, y 10 puntos para Rodrigo Rato y su indemnización de 1,2 millones de euros, o a Miguel Blesa, anterior presidente de Caja Madrid, que se llevó 1,8 millones -hasta seis su equipo directivo-.

Después de una semana caótica, en gran medida gracias al silencio del Gobierno, se confirma que ésta es la táctica para el futuro. Ante la evidencia,  caben algunas consideraciones:

  • La reforma financiera del Gobierno tiene un principio sagrado: salvar a la banca sea como sea. Recordemos que ésta es la misma banca que ha provocado los problemas en los que estamos actualmente, que ahora es rescatada a cargo del contribuyente, aunque se le cobre un tipo de interés (del 8-10% en función de las ayudas requeridas), que no sabemos si de podrá cobrar (si se pide ayuda al Estado es porque las entidades no tienen opciones de salir solas de ésta)
  • Se exime de toda responsabilidad a las actuales cúpulas directivas: se cambian de caras y las antiguas se trasladan a disfrutar de sus retiros dorados.
  • Se profesionalizan los consejos de administración por parte de banqueros que son los que nos han traído a esta situación. Si el Estado sale al rescate de la banca, lo deseable sería que el poder político se sentara en esos consejos de administración, no con el interés último de sanear sus balances para preparar la siguiente estafa, sino para crear un banco público.
  • Desde que estalló la crisis, hemos escuchado por activa y por pasiva que falta que fluya el crédito, que los bancos están usando el dinero público que reciben para sanear sus cuentas y, hasta hace cuatro días, para pagar bonus a sus dirigentes. Con un banco público se garantizaría que el crédito fluyera por dos vías: al haber crédito se impulsaría la actividad económica (con la traducción impositiva de la producción y del consumo) y , de paso, los beneficios se invertirían en la sociedad. No se puede entrar en los consejos de administración de las entidades nacionalizadas, parcial o totalmente, y pretender sólo que sea una acción para sanear e irse luego con el dinero prestado, al tanto por ciento de interés. Esta crisis ha demostrado que el ineficiente Estado es el que salvando a los bancos de la quiebra, por lo que el ineficiente Estado salvador debería repensar su posición.
  • Suena obsceno hablar de las ayudas a los bancos por valor de un mínimo de 15.000 millones de euros cuando se está recortando 10.000 millones de euros adicionales a los recortes que figuran en los PGE en sanidad y educación pública. La sociedad debe recibir una contraprestación, y eso no se consigue obteniendo el 10% de lo prestado
  • El 10% vuelve a ser la cifra mágica que maneja este Gobierno para todo: Recoremos que éste también es el castigo que van a pagar los defraudadores fiscales que antes de noviembre se acojan a la amnistía fiscal ofertad por el Gobierno.

Las medidas anunciadas por el Gobierno ponen fin a una semana en la que Bankia ha sido la protagonista, con rumores en torno a la dimisión de Rodrigo Rato, que hoy De Guindos ha definido como una “decisión personal”, lo que contrasta por lo dicho ayer por la propia María Dolores de Cospedal.  Se pretende dar un pábulo de normalidad a lo que no es: aunque fueran por motivos personales, Rato podría haber dimitido el pasado viernes  u hoy (dejando un fin de semana al Gobierno para amortiguar el efecto de la caída de la cuarta entidad bancaria española), y no habría habido una gestión de esta crisis como la que hemos vivido esta semana, que merece pasar a los anales en forma de recomendaciones sobre lo que nunca hay que hacer si lo que se quiere es transmitir tranquilidad, dentro y fuera de España.

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Al hilo de esta socialización de pérdidas, sólo recordar que Bankia es la octava entidad en la que ha tenido que intervenir el Gobierno desde el inicio de la crisis. Antes fueron CCL, Cajasur, CAM, CatalunyaCaixa, Unnim, Novacaixagalicia y Banco de Valencia. Que se sepa, ninguna de estas entidades goza de  un estado de salud envidiable tras las ayudas del Gobierno.

Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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