Sobre la quiebra del sistema financiero: “Pasaba por ahí”

El curso político terminó con las comparecencias en la Comisión de Economía del Congreso para abordar los problemas del sistema financiero español, y el resultado no pudo ser más previsible: vivimos cómo se usa el Parlamento como altavoz para que los gestores de las cajas de ahorro intervenidas, gestores y los responsables políticos que tomaron las decisiones iniciales para hacer frente al tsunami simbolizado en la caída de Lehman Brothers, se lavaran las manos, apelaran al contexto internacional y, casi, a las crisis sistémicas del capitalismo. No oímos hablar de Kondratieff, pero no desistimos que alguien lo mencione cuando se reanuden las comparecencias, en el mes de septiembre.

El malestar de algunos grupos políticos y de los ciudadanos que siguieron las comparecencias, en directo o a través del Twitter, fue evidente, como lo fue la repetición del mismo argumentario por parte de la casta financiera y los responsables políticos que parecían haber actuado en connivencia con los mismos: el sistema aguantó hasta 2009, se tomaron decisiones en función de los datos y las cosas han ido mal porque la crisis ha resultado ser más profunda y duradera de lo que se pronosticó en un primer momento. De fondo, el reconocimiento de la excesiva exposición de los bancos al ladrillo, que se ha transformado en “son cosas que pasan” y en una devaluación de activos que va a pagar la sociedad en su conjunto, con un préstamo de hasta 100.000 millones que concederá graciosamente la UE.

En la Comisión de Economía desfilarán 24 personas, directamente implicadas con la gestión del sistema financiero. Recordemos que el PP cambió sobre la marcha su estrategia y pasó de querer celebrar estas comparecencias a puerta cerrada para no crear alarma social a admitir que los hechos son lo suficientemente graves como para retomar nuestro Inside job particular en forma de comparecencia parlamentaria. Los hechos le están dando la razón, aunque eso no significa que el sistema gane en credibilidad.

→ El ex secretario de Estado de Economía José Manuel Campa, mano derecha de Elena Salgado, fue el primero que abrió fuego, para admitir “errores y excesos” por parte de los actores del sector financiero antes y durante la crisis, si bien realizó una defensa cerrada de la reforma financiera, que tachó como “adecuada”. Aún no lo sabíamos, pero ésta sería la línea argumental que seguirían todos los comparecientes.

→ Hasta el momento, ha sido el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el que ha realizado la valoración más política de la gestión económica. Aseguró que hasta finales de 2011 los indicadores de confianza en España y en su sistema bancario se mantuvieron en unos niveles alejados de la amenaza del rescate; admitió que el Banco de España se equivocó”al no prever la duración de la crisis”, aunque se negó a hacer autocrítica y cargó las tintas de la responsabilidad en el poder político: “El problema bancario español se engendró durante los años de expansión desmesurada en los que se produjo un aumento extraordinario del crédito del endeudamiento privado así como la pérdida sistemática de competitividad en relación con los países de la zona euro, lo que generó un déficit corriente sistemático que tuvo que ser financiado con deuda externa. Este proceso arrancó a mediados de los años noventa y se desarrolló durante las dos legislaturas del PP y la primera del PSOE”. MAFO, como cabeza del órgano de vigilancia, pasaba por ahí.

Durante la primera semana también comparecieron la responsable de Economía del Gobierno de Zapatero, Elena Salgado, y los gestores de dos cajas intervenidas y de Bankia, Rodrigo Rato, gestor contaminado de política y viceversa.

→ El ex presidente de CaixaNova, uno de los capitanes de la fusión de las cajas gallegas –auspiciada por Núñez Feijoo como presidente de la Xunta – y ex copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso,  confirmó que su responsabilidad en la quiebra de las cajas parece fruto de la casualidad y que sus funciones en Caixanova antes de la fusión tenían “carácter institucional o representativo” y que carecía de “poderes” en el consejo.

NCG ha sido una de las entidades bancarias que han recibido dinero público (7000 millones de euros) y saltó a la palestra mediática porque el compareciente fue denunciado por la venta de acciones preferentes a sus clientes (se estima que hay 43000 personas atrapadas en este producto sólo en Galicia) y porque fue uno de los directivos que se garantizaron una jubilación dorada, mediante el cobro de 30 millones en prejubilaciones que se asignó él y otros ex directivos de la caja.

→ El ex presidente de Bankia, ex ministro de Economía durante el “milagro español” y director gerente del FMI durante dos años, Rodrigo Rato, compareció en el Congreso para eludir su responsabilidad directa en la quiebra de Bankia. El anterior hombre fuerte del PP, que pugnó con Rajoy por el corazón de Aznar para ser designado candidato por los ‘populares’ para los comicios de 2004, dijo que en Bankia “no existe un agujero (por valor de 23.500 millones de euros) sino un “cambio en el criterio contable”.

Rato rechazó que hubiera alterado las cuentas de Bankia para salir a Bolsa (“No era ingeniería contable”) y reconoció que nadie le forzó para proceder a la fusión con Bancaja: el Banco de España le propuso una fusión que comenzó a estudiar y en la que vio viabilidad y condiciones “equilibradas” para los diferentes actores implicados.

En cuanto a la opción de que Cajamadrid fuera absorbida por La Caixa –términos a los que varias fuentes señalan que se negó Esperanza Aguirre, además del propio Rato- se limitó a señalar que no hubo una oferta en firme.  Además, en lo que se entiende como una crítica soterrada al Gobierno, el ex presidente de Bankia apuntó que él ofreció un plan de saneamiento que suponía la petición de 6.000 millones de euros (además de los 4.500 ya pedidos al FROB) y que el Ejecutivo lo rechazó para apostar por el plan definitivo por valor de 23.500 millones de euros.

No obstante, el momento más entrañable vino a propósito del contexto económico, cuando el ex ministro recordó que en 2013 se cumplirán cinco años de recesión económica: “Es algo que no he vivido nunca y no creo que ninguna persona de mi edad ni mayor lo haya vivido”. Este instante, y la soledad de uno de los referentes del PP de Madrid y del propio Rajoy –no en vano estuvo la noche del 20 de noviembre en Génova recibiendo los resultados que confirmaban la mayoría absoluta del PP- pasarán a la historia de la vida parlamentaria, junto a la negativa a asumir la mínima responsabilidad.

→ El ex presidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, también hizo un ejercicio de lanzamiento de balones fuera amparándose en la ausencia de responsabilidad. El que fuera ministro de González, confirmó que  pocos meses después de tomar las riendas de la entidad, en un cargo institucional y que no le dejaba maniobra ejecutiva, advirtió que la caja “no gozaba del estado de salud” que le presuponía por los altos niveles de morosidad y de exposición inmobiliaria. Pero era 2005, y todavía jugábamos en la Champions League de la economía mundial, así que apostó por un giro que derivaría en que Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona se fusionaran, a cambio de 4500 millones procedentes del FROB, de los que la UE sólo autorizó 1250 millones.

→  Elena Salgado, actual consejera de Endesa en Chile, defendió que el Ejecutivo de Zapatero hizo lo que tenía que hacer en cada momento: “el Gobierno tomó las decisiones con los datos que teníamos en esos momentos, con el menor coste posible para el contribuyente”. Por supuesto, defendió la reestructuración financiera y fijó 2009 como el momento en el que empezaron “a detectarse problemas que podían comprometer la viabilidad de algunas entidades” de la banca española.

Esta versión contradice las informaciones que apuntan a que los inspectores del Banco de España remitieron en 2006 un informe al entonces titular de Economía, Pedro Solbes, en el que tachaban de “frágil” el estado del mercado inmobiliario español y alertaban de las implicaciones que podría tener para la economía en su conjunto y para el sector financiero en particular una corrección desordenada de sus evidentes desequilibrios.

En cuanto a la gestión del Gobierno, Salgado valoró como legítima la acción de choque en la banca aunque dudó que fuera mejor que la “gradualidad” del plan puesto en marcha por el PSOE.  A este respecto, concluyó: “las conclusiones están a la vista de todos” sobre qué sistema resultó mejor.

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Es previsible que, a la vuelta de las vacaciones, sigamos oyendo argumentos parecidos por parte de los responsables de tomar decisiones en las entidades bancarias y el sector público desde, al menos, 2008. Hoy se reconoce abiertamente que el 30% de los bancos españoles tiene problemas, lo que es una manera de apuntar que presentan agujeros en sus balances, en gran medida por la calidad de sus inversiones.

Se confirmaría así que la vía de la responsabilidad política no lleva a ningún sitio, que las comparecencias en el Parlamento español no tienen nada que ver con las comisiones que se montaron en EEUU tras la caída de Lehman Brothers. Parece que en España las conclusiones de las comparecencias ya están redactadas de antemano, en función del rodillo del PP, que sólo tiene clara la responsabilidad de Rodríguez Zapatero en la gestión de la crisis mundial.

Por este motivo, sólo queda la vía judicial que tan poco gusta al poder político (no en vano, las primeras querellas que se han aceptado han sido presentadas por UPyD y el 15M). E mitad de la tomadura de pelo general, los tribunales se han convertido en la última esperanza para que alguien responda por la situación a la que ha llevado al país y a sus ciudadanos. Es de justicia, sobre todo cuando se escucha al BCE pedir rebajas salariales para que España, que está en este punto por los problemas de la deuda privada y de sus sistema bancario, gane en competitividad. Lo dicho: una tomadura de pelo.

Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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