EEUU plantea hacer visibles a sus “sin papeles”

Uno de los compromisos de Barak Obama, durante la campaña electoral de las presidenciales de 2008, fue trabajar por sacar de la clandestinidad al que algunos autores llaman “el gigante dormido”, esto es, millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en EEUU. En su gran mayoría hablamos de población latina, grupo étnico que causó los desvelos de autores como Samuel Huntington, celebérrimo autor de El choque de las civilizaciones, libro de cabecera de la Administración Bush (2000-2008), y que poco antes de su muerte mostró nuevas obsesiones: la de la pérdida de la identidad nacional estadounidense debido, en buena parte, a aluvión de inmigrantes procedentes del anteriormente considerado el patio trasero de EEUU, obsesión que plasmó en ¿Quiénes somos?: los desafíos a la identidad nacional estadounidense.

En su segundo mandato, Obama parece empeñado en recuperar las promesas y propuestas escondidas debido a su situación de debilidad parlamentaria, y una de ellas es la de regularizar la situación de los inmigrantes “sin papeles” que viven en EEUU. Dicho y hecho: ayer, ocho senadores -los demócratas Charles Schumer, Dick Durbin, Robert Menéndez y Michael Bennet y los republicanos John McCain, Lindsey Graham, Marco Rubio y Jeff Flake- presentaron una propuesta que supondría la regularización de hasta 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Sería la primera vez desde la amnistía migratoria firmada por Ronald Reagan en 1986, tras la reforma migratoria emprendida en 2007 (liderada por McCain y por Edward M. Kennedy) y tumbada en el Senado por la mayoría republicana. La norma afectaría, mayoritariamente, a la población hispana, 10% del censo electoral que votó masivamente a favor de Obama en las anteriores presidenciales (hasta el 70% del voto hispano se decantó por el candidato demócrata el pasado mes de noviembre).

El acuerdo incluye un rediseño de la seguridad en las fronteras terrestres y el refuerzo de la vigilancia para otorgar visados de ingreso al país en los consulados en el exterior. Se trata de garantizar la seguridad de las fronteras y un mejor seguimiento de las personas que llegaron de manera legal al país. A cambio, se cede en la regularización, con algunos requisitos: los que residan ilegalmente en el país tendrán que registrarse, demostrar su plazo de estancia, pagar un multa, ponerse al día de los impuestos o pagados desde que viven aquí, someterse a varias entrevistas, aprender inglés y estudiar lo esencial de la historia y el sistema político del país.

Además, se otorgarán permisos de residencia a todo inmigrante con una licenciatura universitaria obtenida en EEUU, con énfasis en la educación avanzada en Ciencias, Matemáticas, Tecnología o Ingeniería.Se trata de un guiño a los Dream Act, jóvenes menores de 16 años que llegaron al país de manera ilegal llevados por sus padres. Obama ya les prestó atención en mayo de 2012 cuando anunció que EEUU dejaría de deportar a jóvenes  indocumentados que ingresaron en el país antes de cumplir esa edad.

También se permitirá la entrada en el país de trabajadores poco cualificados y se permitirá que los empleadores contraten inmigrantes siempre y cuando demuestren que no pudieron contratar a un ciudadano estadounidense. Como trasfondo, se creará un sistema de verificación en el mercado laboral con el fin de garantizar que los empleadores no contraten a inmigrantes en situación irregular.

La norma, que será discutida en verano en el SEnado y que se prevé que llegue al Cámara de Representantes en otoño, incluye que, durante la tramitación del permiso de residencia, los afectados puedan permanecer en el país, aunque seguirán sin tener acceso a la prestación por desempleo, la seguridad social y otros beneficios sociales.

La medida, que los colectivos a favor de la regularización contemplan con cautela, indica que, tras el acuerdo de enero para evitar el llamado ‘precipicio fiscal’ y el conseguido para estudiar un aumento de la deuda pública, algo se podría estar moviendo en términos de bloqueo bipartidista, con impacto distinto: Obama, en su segundo mandato, puede argumentar que no tiene nada que perder mientras que los republicanos, fuera del poder desde 2008, deberían explicar cómo su bloqueo puede poner en riesgo la recuperación económica de EEUU -sobre todo después de haber dejado la Casa Blanca con el país en quiebra-.

En el caso del acuerdo migratorio, los demócratas estarían cumpliendo una de las promesas realizadas a la minoría étnica más numerosa, mayoritariamente demócrata, mientras que los republicanos se habrían puesto en movimiento para frenar lo que John McCain reconoció tras perder las presidenciales de 2008: que los republicanos estarían cada vez más lejos de la minoría latina, el grupo que votantes que seguirá ganando peso de cara a elecciones futuras.

En clave interna, además, es importante reseñar que uno de los firmantes del acuerdo es Marco Rubio, uno de los nombres que aparecen en las quinielas de las primarias republicanas para elegir a su candidato a los comicios en 2016. El hecho de que el pacto llegue con la opinión contraria del ‘tea party’ podría indicar, además, que los republicanos estarían iniciando el camino hacia el abandono del extremismo y de las raíces neocons para intentar recuperar el centro, fundamental si pretende llevar a un candidato a la Casa Blanca.

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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