Escraches: El régimen se defiende

Será casualidad pero, tras semanas de polémica, hoy fue el día elegido por el diario El País para pontificar sobre los escraches [Ver texto completo en el siguiente enlace: http://cort.as/3rRP

ELPAISEDITORIAL

Entre los argumentos, los de siempre: supone una falta de respeto, altera la convivencia y sitúan a España como un país cercano a Cuba y Argentina, dos de los Estados que, junto con Venezuela y Ecuador, más pesadillas provoca al consejo editorial del diario de Prisa.

Por estas casualidades de la vida, la versión de El País fue respaldada por el ex presidente del Gobierno Felipe González, quien entre junta y junta de Gas Natural, participó en Madrid en un acto en defensa del legado de la Transición desde el que ha pedido “reflexionar seriamente” sobre los escraches y ha preguntado por qué “un niño” tiene que “aguantar presión en la puerta de su casa”. González, que pidió que la movilización contra los desahucios no implique “violencia contra las personas”, no ha tenido ni media palabra, por cierto, para los hijos de los desahuciados, los mismos que están pagando el precio de una crisis que no han provocado y que asumen, en exclusiva, el coste de un mal negocio en forma de desahucio, paro, exclusión social y nula preocupación de los servicios sociales, desbordados por las demandas en tiempos de recortes.

Con el apoyo del diario insignia de la Transición y del PSOE que aún representa Felipe González (como bien puede atestiguar José Luis Rodríguez Zapatero), el Gobierno de Mariano Rajoy se vio con la fuerza moral para intentar poner freno a esta forma de cuestionar la actuación de los diputados ante la reforma de la Ley Hipotecaria, un cambio que no supondrá la dación en pago aunque sí quitas a la deuda tras ejecutarse el desahucio y la paralización de una ejecución si un juez considera abusivas las cláusulas hipotecarias.

El Ministerio del Interior , a través del secretario de Estado de Seguridad, anunció que la policía seguirá el criterio de la Ertzaintza y establecerá un perímetro de seguridad de 300 metros ante los domicilios de los afectados por los escraches. El titular del Ministerio, Jorge Fernández Díaz, tuvo que salir luego a matizar que esta medida se estudiará caso por caso y que se trata, en definitiva, de aplicar “flexibilidad y proporcionalidad” para garantizar la inviolabilidad del domicilio particular de los cargos públicos.

Con el Congreso vallado para evitar protestas contra la actuación de los diputados, como atestigua que la ILP para reformar la Ley hipotecaria se quede en papel mojado a pesar del millón y medio de firmas presentadas, sus señorías confirmarán, aun más, su lejanía respecto a la ciudadanía y la ceguera ante lo que subyace en el fondo de formas de protesta como el escrache: una muestra más de descontento hacia la política blindada y un toque de atención ante la sospecha de que una legislación hecha a la medida de los intereses de una minoría, que es la que está siendo salvada con dinero público.

Las medidas policiales contra los escraches llegan tras los 40.000 millones de dinero público empleado para recapitalizar a la banca y con un Gobierno anunciando un paquete de reformas estructurales para finales de abril, unas palabras que, hasta el momento, se han traducido en recortes de derechos sociales y laborales y tajos al gasto social. Por si esto no fuera suficiente, el Ejecutivo pretende que la ciudadanía siga tragando rescates de las empresas concesionarias de autopistas y la aprobación de una quita que los preferentistas asumirán, personalmente, por prácticas bancarias que rozan la estafa. Una nueva muestra de que lo público se modula según intereses no aclarados.

Sin embargo, en este monólogo que está ejecutando el poder apenas se habla de lo que subyace en el fondo de una protesta de este tipo, quizás porque, si lo hicieran, tuvieran que asumir la baja calidad de nuestra democracia desde su punto de partida:

  • Escasa conexión entre la sociedad civil y la política profesional, que sigue viendo al electorado como una masa amorfa que acude a votar cuando se le convoca.
  • Partidos políticos que, en general, no suponen ámbitos para que circulen ideas o puntos de conexión con la sociedad civil.
  • A nivel institucional, vulneración del contrato firmado entre representantes y representados en las urnas.
  • Llamar democracia representativa a una arquitectura que imposibita hacer llegar demandas a la sede de la soberanía nacional, como certifica la metáfora del Congreso de los Diputados vallado ante convocatorias ciudadanas y/o  las amenazas de tumbar Iniciativas Legislativas Populares a pesar de contar con un respaldo de miles de firmas.

Eso se traduce en una tendencia a gobernar contra la opinión de la mayoría en temas sensibles como los desahucios y que se remata con la equiparación de las protestas ciudadanas con actos de terrorismo de baja intensidad, con el señalamiento nazi y con la equiparación de los manifestantes como la antiEspaña. Como decía un eslogan difundido durante el 15M: Nos mean y nos dicen que llueve”.

Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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