El TEDH abre otro frente al Gobierno

El presidente del Gobierno se reunirá esta tarde en el Palacio de la Moncloa, por separado, con las presidentas de dos asociaciones de víctimas del terrorismo, las más cercanas al PP. Mariano Rajoy se reunirá con Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, y con Mari Mar Blanco, de la Fundación víctimas del terrorismo, que durante estos días han multiplicado sus críticas hacia el Estado por el cumplimiento del fallo del Tribunal Europeo de Estrasburgo, que este lunes tumbó la aplicación de la llamada Doctrina Parot, es decir, la ejecución de la totalidad de las condenas al aplicar los beneficios penitenciarios individualmente y no sobre el máximo legal de 30 años de prisión.

No ha sido una sorpresa. Desde que el Tribunal Europeo de Estrasburgo declaró en junio de 2012 que la aplicación de la llamada ‘doctrina Parot’ vulneraba los derechos humanos, el Gobierno de Mariano Rajoy sabía que este momento iba a llegar. A juzgar por lo ocurrido, parece que Génova no había previsto cómo explicar su posición a los colectivos de víctimas del terrorismo de ETA, convertidos en el centro de la política antiterrorista del PP de José María Aznar y que, desde entonces, ha actuado como un lobby ante los acontecimientos relacionados con ETA, en buena medida por el apoyo del llamado sector duro del PP a sus postulados.

Hoy, cuando se cumplen dos años del alto el fuego decretado por ETA, este sector, que lideró la movilización en la calle contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por la apertura del proceso de diálogo para lograr el fin de la banda terrorista, vuelve a alzar la voz contra el Gobierno, al que acusa de mantener una negociación oculta con la banda terrorista [de la que formaría parte, a su juicio, la sentencia sobre el caso Faisán], mientras se insta al Estado a no aplicar el fallo del TEDH, sobre la que no cabe recurso. Ángeles Pedraza instó al Estado a no acatar la sentencia, y lo hizo delante del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que en ningún momento corrigió sus afirmaciones.

Ésta esa la situación que se vive desde el lunes, cuando Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que España no había respeto al Estado de Derecho en relación a Inés del Río, condenada a más de 2000 años de prisión por el asesinato de 24 personas. En la práctica, suponía tumbar la aplicación de la Doctrina Parot en el caso de la excarcelación de la etarra, que debería haber sido puesta en libertad en 2008 y que permanecía en prisión por una interpretación de la llamada Doctrina Parot. Es sobre este punto sobre el que el TEDH decidió:

  • Que había habido una violación del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
  • Por unanimidad, resolvió que desde el 03 de julio 2008 la detención de la demandante no ha sido “legal”, en violación del artículo 5.1 del Convenio Europeo de DDHH.
  • Apuntó que Estado debe asegurarse de que el solicitante sea liberado a la mayor brevedad posible (algo que se produjo este martes, cuando el pleno de la AN se reunió y resolvió su inmediata puesta en libertad de la prisión coruñesa de Texeiro. Horas después, Antonio Troitiño, detenido en Reino Unido a petición de España, que reclamó su detención, tras ser liberado, para aplicarle la Doctrina Parot, también quedó en libertad. Hoy, 36 etarras encarcelados y a los que se le aplicó esta interpretación judicial, han pedido que se les aplique el fallo del TEDH).

Durante estos meses, los especialistas en la materia dieron por hecho que éste sería el fallo a pesar de que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional españoles resolvieron que no había ningún problema con saltarse el principio de que no se puede aplicar una pena que no existe en el momento de dictar sentencia, por no hablar de la concepción de la cárcel como instrumento de reinserción del reo.

Desde al menos el pasado verano, ésta fue también la versión que el Gobierno asumió y que se plasmó en, por un lado, la difusión de su argumentario a propósito de la materia en los días previos, y, por otro, en la afirmación deque la Doctrina Parot había sido un instrumendo eficaz en la lucha contra la banda terrorista.

Sin embargo, estos argumento no convencieron a las asociaciones de víctimas del terrorismo más cercanas al PP ni a los medios afines al Gobierno, que llevan días dedicando portadas como las que siguen:

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Tampoco ayudó en exceso que Mariano Rajoy, preguntado insistentemente el martes por este asunto, valorara la decisión del TEDH con un lacónico “llueve mucho” mientras corría al coche oficial. Quizás por este motivo, alguien ha considerado adecuado dar un gesto de cercanía a un colectivo que el PP usó de manera partidaria desde los años 90, con la instauración de la filosofía “todo lo que huela a izquierda abertzale es ETA y tiene que ser ilegalizada” , y, especialmente, durante la primera legislatura del Gobierno de Zapatero, en la que la AVT y el PP fueron de la mano acusando al PSOE de usar Navarra como moneda de cambio y de rendirse a ETA.

El mismo Rajoy acusó a Zapatero de traicionar a las víctimas en uno de los debates electorales que protagonizaron en la campaña electoral de las generales de 2008. Este martes, desde FAES, la fundación que preside José María Aznar y que actúa como think tank de Génova, se acusó a Rodríguez Zapatero de ser responsable de la situación creada. Lo más curioso es que quien realiza estas acusaciones es Javier Zarzalejos, el negociador del Gobierno de Aznar con ETA en los tiempos en los que la banda terrorista era el Movimiento Nacional de Liberación Vasco.

Desde el lunes, tanto el ministro de Justicia como el de Interior han multiplicado sus apariciones y su gesto de lamento ante la previsible salida de prisión de un centenar de presos (etarras y presos comunes con delitos de especial gravedad a sus espaldas) tras el fallo del TEDH, con comparecencias conjuntas en la sede del Ministerio de Interior.

Sin embargo, parece que los gestos no son suficientes. La AVT y otras asociaciones cercanas han convocado para este domingo, en la plaza de Colón de Madrid, una manifestación  “para pedir justicia para las víctimas del terrorismo” y a la que ya han confirmado su asistencia el presidente de la CAM y varios de sus consejeros, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y Esperanza Aguirre.

Resulta evidente que Génova trata de evitar la imagen de una concentración de víctimas del terororismo en la que se escuchen proclamas contra el Gobierno. Y de nuevo, estamos ante el efecto boomerang de una política adoptada cuando el PP estaba en la oposición,  especialmente rastrera en cuanto a la intención de marcar víctimas del terrorismo de primera (las cercanas al PP) y de segunda (el resto, que han visto cómo se les ha acusado de sufrir el síndrome de Estocolmo).

Esta estrategia, que en su día le proporcionó réditos electorales, hoy tensiona aún más las almas que habitan en el PP, que también en este asunto recibe dosis de su medicina. Moncloa comprueba, de primera mano, las dificultades de gobernar en este punto, sobre todo cuando ETA parece más derrotada que nunca, con su entorno manifestando su “máximo respeto y comprensión” por las víctimas del terrorismo [Xabier Mikel Errekondo].

CODA. Algunos artículos de gente que sabe infinitivamente más que yo sobre este particular:

Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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