#LeyAntiProtestas: Hacia el autoritarismo democrático

El Ministerio del Interior llevó a la mesa del Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Seguridad ciudadana, que pretende ser una modernización de la actual Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, conocida como la ‘ley Corcuera’ y que plantea cambios que, como se esperaban, corrigen algunos de los puntos filtrados la semana pasada por el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

Según el documento difundido en la web de Moncloa se presenta como “un texto firmemente comprometido con los derechos fundamentales y  libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal”; para ello, se “distingue entre infracciones leves, graves y muy graves con multas de 100 a  1.000 euros para las leves, de 1.001 a 30.000 euros para las graves y de 30.001 a 600.000 euros para las infracciones muy graves”:

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Así, de acuerdo con el texto, se sancionará con entre 30.001 y 600.000 convocatorias como la del 13M de 2004 ante la sede del PP en la calle Génova de Madrid para reclamar que el Gobierno facilitara toda la información de la que disponía sobre la autoría de los atentados del 11M y convocatorias contra instalaciones “críticas” como centrales nucleares, aeropuertos o estaciones de autobuses.

  • Se considerará infracción grave (multas de 1.001 a 30.000 euros) convocatorias como la de Rodea el Congreso o las concentración ante el Congreso de los Diputados que se produjeron en mayo de 2011 a propósito de la cristalización del movimiento 15M; las convocatorias a impedir la ejecución de desahucios; la “desobediencia o resistencia a la autoridad” [y pensamos en desalojos como los de Plaza Catalunya o las acciones de la PAH y de Stop Desahucios]; las ‘ofensas y ultrajes a España’ [como los silbidos y pitidos en estadios deportivos al Rey o al himno y la bandera española]; el botellón; escalar edificios emblemáticos [como la acción de Greenpeace en el Congreso de los Diputados contra la Ley de Costas].
  • Se entenderán como infracción leve, sobre las que se aplicarán multas de 100-1000 euros, acampadas como las de Sol o Plaza Catalunya promovidas por el 15M, manifestaciones contra las instituciones del Estado o autoridades [por ejemplo, a través de Twitter]; y acciones como las de los grafiteros. Además, se plantean dudas sobre el derecho a la información en la filmación de miembros de las FCSE en el ejercicio de sus funciones.
  • Lo escribimos cuando se filtraron los detalles del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que el Ministerio del Interior tenía previsto llevar a la mesa del Consejo de Ministros: Las filtraciones sobre el planteamiento del Ejecutivo sonaban a globo sonda para pulsar la opinión social ante algunos de los puntos que se plantean, sobre todo en lo relativo a las multas por ejercer acciones insertas en derechos fundamentales como la libertad de expresión, información, reunión y manifestación.

Además, se estudia dotar a la Policía de un registro con multados por desobediencia y que los vigilantes privados puedan identificar y detener en plena calle [a este respecto, recomendamos el análisis de @CRebelantes hace unos días: analizó el contenido de la norma elaborada por el Ejecutivo]

El texto, que ahora seguirá su trámite parlamentario, pretende blindarse ante las nuevas formas de protesta que, desde mayo de 2011, se registran en España junto a las formas tradicionales [manifestaciones, concentraciones, huelgas]. Los puntos que hemos señalados parecen haberse hecho a golpe de titular y confirman la preocupación del Gobierno ante las movilizaciones más exitosas, contra las que se actúa desde el punto de vista administrativo con cuantiosas sanciones económicas. Se certifica así la consideración que el Ejecutivo tiene del país como una bomba de relojería sobre la que hay que actuar como si se tratara de un estado de excepción, una forma de autoritarismo democrático con un fuerte componente de conservadurismo. Parece que Moncloa no está del todo satisfecho con el volumen de la mayoría silenciosa y quiere rebajarlo aún más.

La presentación del nuevo texto que, como recordaba este lunes The Guardian, presenta similitudes con normativas aprobadas en Quebec, Chicago o Grecia, llegó horas después del vodevil vivido a propósito del cierre de RTVV y días después de que el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz justificara el cambio normativo en la necesidad de actualizar la ley Corcuera en términos del binomio libertad vs seguridad. Los motivos recogidos en el texto filtrado a la prensa con anterioridad al anteproyecto de Ley así lo refleja: la preocupación que generan “los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador”. De esta forma, se entiende la seguridad ciudadana en los siguientes términos:

CapturaLeySeguridad

En los días previos, se rebajó la gravedad de algunas de las actuaciones consideradas “muy graves”, como las convocatorias de Rodea el Congreso [que ha vuelto a ser convocado para el próximo 14 de diciembre, el mismo día que, en 1988, paró el país con la primera huelga general que se le convocó al Gobierno de Felipe González], la filmación de actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [en directa colisión con el artículo 20 a propósito de la libertad de información] o la convocatoria de escraches.

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El texto ha sido remitido al Congreso de los Diputados, pero ya queda claro que, tras la estabilización económica, ha llegado el turno de poner en marcha las propuestas políticas más ideológicas, en las que, por cierto, no se perciben aromas del liberalismo político al que sus dirigentes apelan a la menor ocasión.

Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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6 respuestas a #LeyAntiProtestas: Hacia el autoritarismo democrático

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