Sacyr pone en evidencia la Marca España en América Latina

CapturaMartinelli

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, reaccionaba así un día después de que el consorcio liderado por la empresa española Sacyr, Grupos Unidos del Canal, hiciera pública su intención de suspender las obras en el Canal de Panamá ante la negativa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de poner sobre la mesa los 1600 millones de dólares (unos 1200 millones de euros) que, según la empresa, son necesarios para concluir las obras del tercer juego de esclusas del Canal.

De acuerdo a la información que Sacyr facilitó a la CNMV, esta cantidad, que supera el 50% del presupuesto inicial, procede, en exclusiva, de sobrecostes imprevistos durante la realización de las obras derivadas de una falta de información como punto de partida en el contrato firmado en 2009. Es la versión que el portavoz de la compañía, Pedro Alonso, repitió en la ronda que estableció este viernes en diversos medios de comunicación en un ejemplo de crisis de comunicación dirigido a paliar los daños que sobre la imagen de la compañía proyecta la negativa del Gobierno de Panamá a asumir los requerimientos del consorcio formado por Sacyr y tres empresas más (de titularidad italiana y belga).

Desde que Sacyr hizo público el conflicto que mantiene con el Canal de Panamá (y, por lo tanto, con el Gobierno panameño), periodistas económicos han recordado que éste era un tema que se planteó desde el origen, sobre todo cuando se conoció que Sacyr había ganado la adjudicación del contrato con una oferta de 3.118 millones de dólares, una cantidad manifiestamente debajo de sus competidoras, que ofrecieron 4.185 millones y 5.981 y que ya avisaron de que sería imposible que, con esta cantidad en juego, se cumpliera el contrato en liza.

A esta altura del partido, con el Gobierno panameño públicamente molesto por la actitud de la compañía española, conviene tener en cuenta:

  • El consorcio liderado por Sacyr logró el contrato en 2009, con un aval del Estado español de 280 millones de euros. El presidente del Gobierno de la época era José Luis Rodríguez Zapatero.
  • Según se cuenta en El Confidencial, la orden  era: “Nosotros tenemos que disparar a todo lo que se mueva; ya habrá tiempo después de ajustar el punto de mira”. Con 20.000 millones de deuda, el objetivo de la empresa era lograr cualquier contrato al precio que fuera, motivo que explica por qué se presentó una oferta de este tipo a la baja.
  •  En el caso que nos ocupa, Sacyr se habría aprovechado de la inexistencia del concepto “baja temeraria”, que invalidaría el contrato en detrimento del responsable de la obra.
  • Hoy muchos sugieren que ese planteamiento tenía un objetivo claro: exportar a Panamá una práctica  habitual en las obras públicas realizadas en España, en la que de forma generalizada se suman sobrecostes asumidos por la Administración. Esta práctica hizo que la obra del Palau de las Artes y las ciencias de Valencia saliera un 400% más cara [de 97 millones a 478], que el enterramiento de la M-30 de Madrid se encareciera un 40% [hasta los 3508 millones de euros] o que la construcción de la infraestructura del AVE que une Madrid y Barcelona saliera al final por 8.966,71 millones, un 31.4% más de lo presupuestado.
  • El hecho de que Sacyr pida un incremento del 50% del presupuesto para concluir el 30% de la obra que resta para concluir el proyecto se enmarca perfectamente en esta tradición que, según los expertos, es frecuente, aunque no en las cantidades referidas. Eso explica por qué el portavoz de la ACP aseguró este jueves que se entendía un incremento del 10% sobre el presupuesto final pero que, en ningún caso, se estaba dispuesto a aceptar los requerimientos del consorcio.
  • Como recuerda Hugo Martínez Abarca en su blog, los medios de la época publicaron cómo el contrato se había conseguido gracias a la mediación del Rey Juan Carlos [actuación que, dicen, fue también clave para conseguir el contrato para construir el AVE a La Meca].
  • Durante estos años, han sido frecuentes las visitas de distintos miembros del Gobierno español y de la Casa Real [la última, la del Príncipe durante la última cumbre iberoamericana], muy interesados en proyectar lo que se denomina ‘marca España’ en el exterior, sobre todo en lo relativo a las obras de ingeniería civil [dada la crisis estructural inmobiliaria y de obra pública en España y otros países que vivieron su burbuja inmobiliaria]. Es por estas presiones por lo que, con total seguridad, Martinelli ha mostrado su exigencia moral al Gobierno español (e italiano). También explicaría por qué el Ministerio de Fomento lleva desde el miércoles mediando entre las partes, a pesar de repetir que se trata de un conflicto contractual entre una empresa privada y el Gobierno panameño.
  • Sacyr es una de las empresas damnificadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Como recuerda El Mundo, la empresa, controlada en 2009 por Luis del Rivero, intentó ser el principal accionista del BBVA en 2004, controló el 20% de Repsol y su presidente fue imputado por el ‘caso Bárcenas’ a propósito de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo con una comisión que, presuntamente, habría servido para pagar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.
  • En el contencioso ha jugado un papel fundamental EEUU, como revelan los cables hechos públicos por Wikileaks y recogidos por distintos medios de comunicación. Estos cables confirmarían las dudas del departamento de AAEE panameño ante el negocio y las afirmaciones del embajador estadounidense en el país, que mostraba sus dudas sobre la solvencia del proyecto presentado por Sacyr [“Con ese precio no se puede ni poner el hormigón”] y que desvelaría críticas hacia la actitud del Gobierno: “Tenemos fuertes sospechas de que el grupo Sacyr pueda haber utilizado las agencias de crédito de España, Francia e Italia para garantizar los fondos de seguridad de 400 y de 50 millones de dólares que, de otras formas, Sacyr no podría aportar”.
  • Desde Sacyr se insiste en que este conflicto es puntual y que no afecta a su imagen ni a la de otras empresas españolas. Se recuerda, en este punto, el contrato en juego para construir las obras del AVE que unirán Río de Janeiro y Sao Paulo o el proyecto de ampliación de la red de metro de panameña. En la actualidad, el 56% de la cartera de Sacyr corresponde a su actividad internacional.

Grupos Unidos del Canal ha dado un plazo de 21 días para que la ACP decida sobre las exigencias económicas puestas sobre la mesa, sin las cuales la obra quedará en suspenso sine die, pendientes de un proceso de arbitraje internacional. Algunas fuentes plantean que el Gobierno español promueve una oferta por la que Sacyr perdería 600 millones mientras que otras tratan de minimizar el daño que el contencioso produce a la imagen de España como país y a la de las empresas españolas en su conjunto.

Ésta es precisamente la madre del cordero y que evidencia, de nuevo, por qué las inversiones españolas no son bien vistas en el extranjero, sobre todo en países latinoamericanos. En lugar de tratar de plantear como un caso aislado, el Ministerio de AAEE debería estar ocupándose, en este momento, por la marejada de fondo que late en este tipo de conflictos, de los que hemos tenido ejemplos en los últimos años y dos en las últimas semanas:

CODA. Las acciones de Sacyr llegaron a caer un 18% en la apertura de la Bolsa el jueves, aunque finalmente cerró el día con una caída del 8.9%. Este viernes, la acción de la compañía siguió depreciándose cerca del 8%.

Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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