El final de ETA pone a prueba el sentido de Estado

Después de la calma de los últimos años, sobre todo a raíz del comunicado de ETA con el que ponía fin a décadas de violencia terrorista, parece que todos los elementos se confabulan para que de nuevo ETA en las agendas informativas.

Y ello a pesar de que, como reflejó el último barómetro del CIS, los temas relacionados con la banda terrorista no supera el 2% en la lista de problemas que interesan a los ciudadanos [las excarcelaciones de presos sólo es citado por el 1.6% de la ciudadanía; ETA preocupa al 0.4% y las negociaciones al 0.1%].

Sin embargo, los movimientos de ETA, de su entorno y de los partidos políticos vascos, han sido noticia de portada en los medios de comunicación editados en Madrid casi a diario durante la última semana:

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ETA y el proceso de paz también fue apertura en los informativos durante toda la semana por temas que también han alimentado las tertulias políticas y que, de nuevo, ha permitido poner en evidencia las posiciones de las distintas partes implicadas en la gestión del final del terrorismo.

Esta ha sido la secuencia de los hechos:

El 21 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tumba la doctrina Parot, un atajo jurídico adoptado durante la etapa del Gobierno de Rodríguez Zapatero para evitar la excarcelación de presos de ETA que tenían a sus espaldas un gran número de muertes y que no se habían arrepentido. El sentido de la sentencia, avisada cuando Zapatero tomó esta decisión [en tiempos en los que, no olvidemos, la oposición del PP, con la AVT como altavoz, se centraba en acusarle de traidor a las víctimas y de rendirse a la banda terrorista]. La consecuencia inmediata fue la puesta en libertad de 100 presos entre los que había 63 etarras. Esta decisión fue duramente criticada en los medios más afines al PP y al Gobierno, mientras, desde la política, se trataba de situar la idea de que era imposible no acatar la sentencia de Estrasburgo.

Por casualidades de la vida, la decisión del TEDH llegó cuando se cumplían dos del comunicado de ETA en el que anunciaba el “cese definitivo de la lucha armada“, un reconocimiento implícito a su derrota en todos los frentes: estaban cercados policialmente y, desde la política, existían esfuerzos desde la izquierda abertzale para dirigir a la banda terrorista a esta decisión. Este es el motivo por el que siguen en prisión Rafa Díez Usabiaga y Arnaldo Otegi, condenados a seis años de prisión por el caso Bateragune, es decir, el intento de reconstruir Batasuna (y la vía política) a través de este grupo.

El 28 de diciembre, el colectivo de presos de ETA hace público un comunicado en el que se reconoció escalonada individual de los condenados de la banda terrorista. Se trataba de otro reconocimiento de la derrota mediante la renuncia a la solución colectiva como parte de un conflicto, esto es, la amnistía.

El 5 de enero, tiene lugar en Durango, un acto de apoyo a los presos de ETA a través de los 63 liberados por la derogación de la doctrina Parot. El acto, autorizado por el juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz por no apreciar  delito de enaltecimiento del terrorismo, suscitó las críticas públicas del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que calificó de “aquelarre repugnante y deleznable”, y eso a pesar de que tampoco la Fiscalía apreció delito en la celebración de este acto. Este asunto nos deparó curiosidades como ver al juez Pedraz respondiendo a las críticas del secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, desde su cuenta de Twitter:

Pedraz

En la celebración del acto, en el que un periodista de Intereconomía emplazó a los asistentes a pedir perdón por los crímenes cometidos, los expresos de ETA leyeron un comunicado en el que se reclamó una solución integral al conflicto, con el derecho a decidir de los vascos como eje central.

El comunicado, leído por José Antonio López Ruiz, Kubati (asesino de Yoyes), recogía: “La solución del conflicto vendrá del desarrollo de un planteamiento integral. Atendiendo a la misma raíz política y eso debería concretar el derecho a decidir que tiene el pueblo vasco. La normalización política democrática exige poder llevar a cabo este derecho fundamental”.  Durante su intervención, se hizo mención a los mensajes habituales [petición del fin de las medida de excepción y represión] y no hubo expresiones en torno al arrepentimiento, la petición de disolución de ETA pero sí “compromiso con el nuevo escenario político“.

El acto de Durango coleó durante la semana, en buena medida gracias a la fuerte presión de los medios afines al Gobierno y al PP [muy críticos con el juez y con mensajes velados a propósito de que el Ejecutivo no está haciendo todo lo que puede para evitar lo que consideran un escarnio a las víctimas del terrorismo]. También porque dirigentes como Esperanza Aguirre demandaron públicamente que se cambie la ley para restringir el derecho a la manifestación por parte de este colectivo [un nuevo ejemplo de legislación en función de la casuística particular y no como ley general, muy en la línea de los principios que sustentan la Ley de partidos]

l 8 de enero, la Guardia Civil inicia la Operación Jaque contra un grupo de abogados que, dicen, sirven de enlace entre la cúpula de ETA y los presos de la banda. Se realizan 8 detenciones y se pone el acento en que 7 de ellos estuvieron en el acto de Durango. Esta actuación policial fue difundida por los servicios de comunicación del Ministerio del Interior antes de que comenzara, de manera, que, según las asociaciones policiales y de la Guardia Civil, los detenidos habrían tenido tiempo para deshacerse de parte de la documentación que se buscaba. Interior atribuyó a un “error humano” la difusión de la nota de prensa [versión que también vendió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando fue preguntada por este asunto], que le costó el puesto el director de Comunicación del Ministerio.

La idoneidad de la operación fue duramente criticada por los colectivos políticos abertzales (Sortu y EH Bildu) y por los partidos nacionalistas vascos. Sin embargo, la polémica volvería  a saltar por el lado de los socialistas, después de que dos concejales del PSE en el ayuntamiento de San Sebastián votaran a favor de una resolución de condena de esta actuación policial junto a EHBildu y PNV. Desde la dirección del PSE se desmarcaron del voto de los dos ediles y mostraron el respaldo de su formación hacia las actuaciones policiales.

El colectivo Tantaz tanta (gota a gota) había convocado una manifestación en Bilbao en apoyo a los presos para hoy, con el lema “Derechos Humanos, resolución, Paz. Euskal Herria Presoak Euskal Herrira”. Tras las últimas operaciones policiales, desde el colectivo se demandó apoyo social en la marcha para demostrar al Gobierno de Madrid: “que no compramos su maquinaria de guerra, que queremos la paz y que queremos una sociedad sin vencedores y vencidos”.

El jueves, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al juez Eloy Velasco que no permitiera la manifestación; consideraba que detrás de la asociación convocante se encontraba Herrira, que en octubre fue suspendida de actividades por entender que estaba subordinada a ETA. El viernes, el juez Pablo Ruz decidió no prohibir la manifestación al no ver indicios de un delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque remitió la causa al juez Velasco, instructor de la causa contra Herrira, para que determinara las conexiones entre ambos colectivos. Esa misma tarde, Velasco decidió prohibir la marcha convocada en Bilbao al entender que Tantaz tanta forma parte de la estrategia de Herrira y que, por lo tanto, se le presupone carácter terrorista:

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El juez de la AN emplazó, además, a las FCSE a impedir la celebración de dicha convocatoria.

Poco después, y ante la desconvocatoria de la manifestación por parte de Tanta Taz, PNV y Sortu convocaron una manifestación alternativa en Bilbao con el lema “Derechos humanos. Acuerdo. Paz”. La convocatoria fue respaldada por EA, Aralar y Alternatiba y los sindicatos ELA y LAB como respuesta excepcional a una situación que califican de excepcional: “Entenderán que nuestra respuesta sea también excepcional y que, hoy, lo más elocuente, además de lo que hemos dicho, sea, al igual que lo será mañana, el silencio”, aseguró Andoni Ortuzar, presidente del EBB del PNV. Joseba Egibar, por su parte, justificó el apoyo del PNV a la marcha como gesto “a favor de la consolidación del proceso de paz”, ya que, ante la “situación de bloqueo”, se precisaba de un “alto en el camino y decir ‘stop’ a la Audiencia Nacional”.

La AVT pidió la prohibición de esta nueva convocatoria al entender la marcha supone “una actuación en fraude de ley cuyo único objetivo es eludir el cumplimiento de la resolución judicial” dictada por el juez Eloy Velasco. En el momento de elaboración de este post, el juez Ismael Moreno esperaba un informe del fiscal para decidir si desautoriza la nueva convocatoria.

A unas horas de que se celebre la manifestación, que arranca a las 18.30  horas, ya podemos decir que la marcha será multitudinaria, como lo fue la del pasado mes de octubre, con el lema “Gota a Gota. Una marea por los derechos de los presos y exiliados vascos” y que fue convocada por Tantaz Tanta en respuesta a la detención de 18 personas en la operación contra Herrira:

Parece que el Estado no tiene suficiente con hacer frente a la crisis política e institucional derivada de la crisis económica que impactó en España en 2008 y al encaje de Cataluña en España que cristalizó en la celebración de la Diada de 2012 y que tiene una fecha en el calendario, en buena medida gracias a la unión de objetivos que representan. No olvidemos que las cuatro fuerzas que pactaron la pregunta de la consulta suponen 87 de los 135 escaños del Parlament catalán.

En un ejemplo de falta de altura de miras y de mínimas dosis de sentido de Estado, el Gobierno se enfrenta a su incapacidad para gestionar un proceso que está en marcha a pesar de los ejemplos de sobrerrepresentación que se han podido contemplar en los últimos años, a pesar de la evidencia de la debilidad de ETA y del hartazgo de la sociedad vasca hacia la violencia como forma de contestación política. La primera consecuencia directa ha sido el acuerdo del PNV y de la izquierda abertzale [juntos tienen 48 de los 75 escaños que configuran la Cámara vasca] y el inicio de lo que puede ser la unión pragmática de las dos principales fuerzas políticas vascas de acuerdo a un germen común.

El Gobierno y el PP se enfrentan a su línea estratégica defendida durante los años de oposición del Gobierno de Rodríguez Zapatero y hoy parece rehén del colectivo de víctimas del terrorismo con el que fue de la mano para vincular sus tesis políticas sobre el terrorismo a las tesis defendidas por personas que habían sufrido en primera mano la violencia terrorista. Ese colectivo, que encontró con un magnífico eco en los medios conservadores, el que ahora se revuelve ante el menor gesto por parte del Ejecutivo, incluso cuando ese gesto significa acatar o no valorar hechos cuando éstos se producen.

Durante décadas hemos escuchado loas a la generosidad del Estado y a la posibilidad de defender por la vía pacífica todos los argumentos políticos. Tenemos ahora una magnífica oportunidad para confirmar que esto es así, aunque para eso haría falta un liderazgo fuerte, valiente y, sobre todo, entender la oportunidad histórica que el proceso puede depararnos. Como escribe Luis Aizpeolea en El País hoy: “El fin efectivo del terrorismo de ETA, con dos años sin atentados ni extorsión; la asunción de los presos etarras de la legalidad penitenciaria, y el próximo desarme de ETA, antesala de su disolución, está pidiendo a gritos para Euskadi una política de Estado y no desde el Ministerio del Interior”.

Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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