Cataluña: Es la política, estúpido

Hace año y medio, cuando arrancó el proceso soberanista en Cataluña, ya vaticinamos que 2014 sería un año de abundante información al respecto. No nos equivocamos. El próximo día 8 de abril, el Congreso celebrará un Pleno en el que se debatirá la petición del Parlament catalán de solicitar al Estado central las competencias para poder convocar una consulta que permita conocer el grado de malestar de los catalanes con la actual organización territorial del Estado. Ya se sabe que, ese día, Artur Mas no asistirá al Pleno de la Cámara Baja, quizás como parte de una estrategia de diferenciación respecto al Plan Ibarretxe, aun asumiendo que el resultado será parecido.

Este miércoles se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) al recurso de la Abogacía del Estado a la “Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, aprobada en enero de 2013 y que supuso la primera piedra del camino hacia el proceso que debía culminar en la convocatoria de un referéndum sobre el encaje de Cataluña en el conjunto del Estado español, previsto para el 9 de noviembre.

Las conclusiones se resumen en dos ideas: La identificación de los catalanes como sujeto político soberano contradice los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española (además del Estatuto de Autonomía) y el derecho a decidir es una posibilidad recogida como opción en el texto constitucional, los dos puntos más conflictivos del recurso del Gobierno [el resto, forman parte de la cultura democrática de cualquier país regido por este sistema: “legitimidad democrática”, en relación con los de “transparencia”, “cohesión social”, “europeísmo”, “papel principal del Parlamento” y “participación”; “diálogo”; y  “legalidad”].

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Es decir, la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, por lo que un territorio no puede apelar a este principio para desconectarse del cuerpo nacional que supone el Estado. Asimismo, como se suele repetir en las grandes ocasiones, en la CE caben todas las opciones políticas y sólo cabe respetar los preceptos recogidos en el art. 168 de la CE, que regula la reforma del texto constitucional [mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras o mayoría absoluta en el Senado y mayoría de dos tercios en el Congreso].

Los magistrados del TC adoptaron por unanimidad una resolución que, desde el Gobierno catalán y el Parlament, se ha tachado de “política” pero que nos lleva al origen del problema: Más allá de los sentimientos identitarios y de la posición mayoritaria a favor de la independencia que manejan los sondeos de intención de voto desde septiembre de 2012, nos encontramos ante un problema político que se ha querido resolver, desde el Gobierno, por la vía judicial.

Ése ha sido el mantra que ha repetido la vicepresidenta del Gobierno, única personalidad del gabinete de Mariano Rajoy que suele hablar de este asunto para reafirmar el respeto a las leyes, como si éste fuera el único cauce de, insistimos, un problema político planteado desde una parte de España que, además, es uno de los motores económicos del país.

La resolución, a la que se llega tras 26 páginas de fundamentos jurídicos y seis centradas en la concepción del “sujeto político”, devuelve así la pelota al tejado de la política, a la que recuerda cuál es la función del TC y a las que emplaza a sentarse a resolver cualquier problema derivado del funcionamiento del Estado autonómico:

“Los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito. El concepto amplio de diálogo, por otra parte, no excluye a sistema o institución legítima alguna capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas (…). A este Tribunal incumbe únicamente, a iniciativa de las partes legitimadas para recabar su intervención, velar porque los procedimientos que se desarrollen en el curso de este diálogo se ajusten a los requisitos exigidos por la Constitución”.

El president de la Generalitat, Artur Mas, en su primera valoración de la sentencia, mostró su sorpresa por que el TC dictara resolución sobre una declaración política -sin efectos jurídicos-. Aun así, aseguró que estaba prevista esta resolución -quizás no tanto que lograra la unanimidad de los magistrados- y avisó: “El proceso político continúa. A cada escollo encontraremos una solución democrática, pacífica y legal”.

Es decir, parafraseando el eslogan de campaña del ex presidente de EEUU, Bill Clinton, ‘es la política, estúpido”.

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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