25-M. Día 6: Twitter, culpable de la desafección política

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Estamos en campaña y se nota. Tras el asesinato de Isabel Carrasco, Twitter y Facebook se convirtieron en plataformas en las que ciudadanos anónimos volcaron su desprecio a buena parte de los representantes políticos (al menos de los partidos que han tenido responsabilidades de Gobierno, tanto en el Gobierno central como autonómico), en clara consonancia con la desafección política que recogen todos las encuestas desde hace años.

Se pudieron leer comentarios vomitivos que confirmaron que los emisores carecían de la mínima empatía hacia una persona que, en su mayor parte, ni siquiera conocían [hasta unas horas después no se difundió que Carrasco era la dirigente del PP que había atesorado en su persona hasta 12 cargos] y que hace sospechar que tenemos un volumen de sociópatas nada desdeñable a juzgar por el tráfico de comentarios ofensivos hacia la finada.

Nada nuevo bajo el sol. Como recordó este miércoles Hugo Martínez Abarca, el insulto y el desprecio hacia el que se considera adversario -muchas veces enemigo a eliminar- ha sido y es una constante en nuestra cultura política. Hugo menciona los insultos que a diario reciben Alberto Garzón o Cayo Lara en sus cuentas de Twitter y recuerda los que, desde otras plataformas, se volcaron en su día contra Pilar Manjón y las víctimas del 11-M que no eran de la cuerda del PP y la AVT o las que desde la COPE se lanzaron contra el doctor Montes. Si retrocedemos en el tiempo, podemos recordar los insultos y bromas macabras que se hicieron sobre Irene Villa (todavía circulan chistes sobre ella) o los comentarios cada vez más públicos sobre determinados miembros de la Familia Real, comenzando por el Rey.

¿Por qué hablamos de esta cuestión en estos momentos? Primero, por la orden del Ministerio del Interior para investigar si hay delito en la difusión de comentarios injuriosos y denigrantes contra Carrasco y, sobre todo, si se puede ir contra los ciudadanos anónimos (y no tanto) que incitaron al odio animando a nuevos asesinatos de políticos.

La orden de Jorge Fernández Díaz llega poco después de la puesta en marcha de la Operación Araña, cuyo inicio fue ampliamente difundida por los medios de comunicación masivos y que han silenciado el impacto penal de la misma. En esta línea, Alfonso Alonso disparó contra Twitter [“Hay alguna red social que se está convirtiendo en un lugar muy poco recomendable”] y el portavoz del PSOE en Sanidad, Antonio Martínez Olmos, pidió “regular el uso de las redes sociales”, algo a lo que se negaron miembros de su partido. Ninguno de ellos, por cierto, apeló a la responsabilidad de quienes desde Twitter o plataformas mediáticas incitan el odio hacia determinados movimientos sociales, estableciendo una línea directa entre la movilización y el asesinato de la presidenta del PP, alguien con una trayectoria marcada por muchas sombras.

En segundo lugar, hablamos de este asunto porque, obviamente, estamos ante una campaña de unas elecciones que aventuran un resultado nefasto para las dos principales fuerzas políticas del sistema. Así, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hay quien ha entendido que el PP puede sacar rédito político de un asesinato que, hasta donde se sabe, está directamente relacionado con la relación que Carrasco mantuvo con las presuntas dos autoras de los disparos y que, de manera secundaria, pone el acento en las redes clientelares que los partidos políticos y fomentan.

El hecho de que el asesinato haya ocurrido en campaña explica los editoriales de ABC y El Mundo y las palabras de Rita Barberá, que hizo suya la criminalización de la protesta social, con unos repertorios que nada tienen que ver con un asesinato: “Nos tenemos que unir los grupos políticos y nos tenemos que unir las instituciones para poner freno a ese clima de radicalidad que nada tiene que ver ni con libertades de expresión ni con libertades de información”. El mensaje es claro: Si protestas y denuncias comportamientos delictivos o poco edificantes de los políticos fomentas un ambiente que deriva en el asesinato [viñeta de Idígoras y Pachi publicada en El Mundo]

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Barberá, con sus propios problemas de corrupción en Valencia, pasó por alto la pertenencia de las dos detenidas por el asesinato de Carrasco al PP y apeló al corporativismo de los representantes políticos acuciados por la crítica social por su manera de gestionar la crisis, por la elección de sus miembros y, sobre todo, por la escasa cintura para controlar que no haya casos de corrupción y para atajarlos cuando se producen.

Este discurso entronca con los argumentos que, hace unos meses, usó el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, bloquear el uso de Twitter y de YouTube, tras acusar a ambas plataformas de conspirar contra Turquía por dar cabida a las acusaciones de corrupción que le salpican a él, a su partido y a su Ejecutivo. En el fondo, tanto en España como en Turquía, encontramos un mismo discurso y unas justificaciones parecidas. Como señala Hugo Martínez Abarca, lo que vivimos estos días es la respuesta airada del establishment ante la pérdida del monopolio de la comunicación y el acortamiento de las distancias entre la ciudadanía y sus elites (políticas, periodísticas, culturales y empresariales), algo que se ha traducido en un efecto muy claro: Ya no tienen la hegemonía de la comunicación, con las implicaciones que ello supone en la construcción de la realidad.

Parece que es esta ruptura lo que preocupa a sectores sociales que viven anclados en el siglo XIX y el siglo XX, cuando el poder tenía el monopolio de la comunicación y lo compartía, con sus límites, con las empresas periodísticas. Hoy, la comunicación ya no es unidireccional, algo que no terminan de comprender quienes se empeñan en demandar autocensura y autocontrol a los usuarios en un país marcado por la ausencia de conflictividad social grave pese al descrédito de, prácticamente, todos los pilares institucionales.

Lo hemos dicho en otros momentos: la llamada crisis de periodismo de la que se quejan los propietarios de los grandes conglomerados comunicativos tiene que ver con la alteración de estas reglas y en la negativa a asumir que la pérdida de lectores o espectadores tiene más que ver con la bazofia informativa que vuelcan todos los días y no con la renuncia de la ciudadanía a ser informada.

Estos días nos encontramos también una nueva vuelta de tuerca en torno a la crisis de la representación política tal y como ha sido entendida hasta no hace muchos años, un proceso que, en España, está directamente relacionado con la crisis económica, política, social e institucional. Mientras se siga disparando al aire, sin la menor autocrítica o reflexión sobre la brecha entre representantes y representados, seguiremos viendo ejemplos de por qué ciudadanos anónimos, aparentemente con vidas normales, se alegran o felicitan por la muerte o los problemas de sus representantes políticos.

CODA. Hace un año, el barómetro del CIS se interesó por el acercamiento de los ciudadanos a los medios de comunicación como fuentes de información. Esto fue lo que escribimos entonces:

El CIS pregunta también por la relación de los ciudadanos y los medios de comunicación como fuentes de información. En línea con lo planteado en el barómetro especial del CIS tras el DEN o el trabajo del CEO catalán, no hay novedades: la mayoría de los españoles se informa a través de televisión (71.4% lo hace todos los días). Este porcentaje baja al 30.7% cuando se habla de la radio como medio favorito (con un 45.8% que nunca usa este medio para informarse) y un 28.7% que acude a la prensa todos los días (41.3% lo hace menos de una vez por semana). Si se pregunta por el nivel de preferencia, el 56.8% opta por la televisión, el 11.9% por los periódicos digitales, el 9% periódicos impresos y el 13.7% por la radio. Los blogs son fuente de información para el 0.6% y las redes sociales para 3.6%.

Si tenemos en cuenta este seguimiento, resulta más increíble la preocupación por lo que se pueda difundir a través de las redes sociales o blogs. Sin embargo, no lo es tanto. El usuario de Twitter o, en menor medida, de Facebook, actúa en su entorno como líder de opinión, concepto sobre el que teorizó Paul Lazarsfeld: filtra información y la transmite a su entorno, ejerciendo así un papel que antes quedaba reservado casi en exclusiva a periodistas y opinadores. Si tenemos en cuenta, además, la estructura mediática española, con cadenas de televisión asumiendo y difundiendo tuits, se entiende aun mejor la preocupación por los contenidos que circulan en Twitter.

Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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