La confirmación de la imputación de la infanta Cristina por el juez Castro, que le atribuye colaboración necesaria en la comisio´n de delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal a través de la socieda Aizoon, participada con su marido, Iñaki Urdangarin, sirvió para tapar otras noticias de relevancia:

• La vicepresidenta del BEI, Magdalena Alvarez, anunció a primera hora de este miércoles su dimisión. Negó que su decisión esté vinculada a la ratificación de su imputación por parte de la Audiencia provincial de Sevilla en mayo por el caso de los ERE de Andalucía, que vio indicios de delitos de malversación y prevaricación durante su etapa como consejera de Economía y Hacienda de la Junta, y acusó al Gobierno y al PP de mantener una campaña para apartarla del cargo y colocar a una persona de su confianza. El anuncio se realizó a través de la Cadena SER una hora antes de conocerse el auto del juez Castro, noticia que sirvió para sepultar la dimisión de Álvarez, que sigue defendiendo su presunción de inocencia.
• La sociedad propietaria del almacén subterráneo de gas Castor, Escal, en la que participan ACS, con un 66,7%, y la canadiense UGS, con el resto del capital, comunicó que abandona el proyecto y renuncia a la concesión. La actividad de la instalación fue suspendida por Industria el pasado otoño tras los seísmos en las costas de Castellón y Tarragona durante el proceso de llenado de la planta con la inyección de gas colchón. De ser aceptado, comenzarían los trámites para solicitar a Industria la reversión de la concesión y la recuperación de la inversión, valorada en 1.400 millones, a los que hay que sumar 200 por los costes operativos y los gastos extraordinarios por el cambio en la financiación del proyecto que exigió el Gobierno en 2012.
• Dirigentes de IU siguieron presionando a su cabeza de lista a las elecciones al PE, Willy Meyer, para que no formalice su acta de eurodiputado la próxima semana. Estos movimientos, que ponen al descubierto las críticas internas ante su reelección por tercer mandato consecutivo, llega después que de Infolibre informara de que un número indeterminado de diputados mantienen un fondo de pensiones a través de una SICAV en Luxemburgo por la que sólo pagan el 0.01% de intereses. Esta práctica, que instauró el PE en 2004, no sólo se traslada a un paraíso fiscal, sino que incluye también el desvío de dinero público por parte de la Eurocámara a dicho fondo (un euro por cada dos que ingrese el eurodiputado). La noticia menciona los nombres de Miguel Arias-Cañete (que sería el administrador de la Sicav) y de Elena Valenciano, que dijo no tener conocimiento de esta noticia . Sólo en IU se han pedido responsabilidades políticas por una actuación que, si bien es legal, es infumable desde el punto de vista ético en un entorno de copagos, revisiones fiscales, aumento de la presión fiscal indirecta (y por lo tanto más injusta) y reformas fiscales que incluyen la tributación de la liquidación por despido o eliminación de desgravaciones al alquiler (no para el arrendatario, lo que sugiere una nueva brecha para cometer fraude fiscal en un país en el que se calcula un 25% del PIB en economía sumergida).
• El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el mismo que ha aplicado su firma a las tasas judiciales, el fin de la justicia universal, la reforma judicial que tiene en pie de guerra a todas las asociaciones judiciales y la reforma de la ley del aborto, anunció que la privatización del Registro Civil, de la que se harán cargo los registradores mercantiles. Según Gallardón, a pesar de este regalo a un colectivo muy vinculado al Gobierno (Rajoy es registrador de la propiedad) se matendrá la gratuidad para el ciudadano. El ministro no aportó ningún dato que certifique cómo mantendrá la cuadratura del círculo en un contexto de imposición de tasas nuevas y de aumento de las existentes. Tras el anuncio, los sindicatos denunciaron la posibilidad de 5.000 despidos entre personal interino y el Colegio de Registradores criticó que no habían sido consultados.
• Este cambio se suma a la denuncia de reforma encubierta de la Administración efectuada por el sindicato CGT, que acusa al Gobierno de dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral a través de una enmienda introducida por el PP en la Ley de Racionalización del Sector Público. Según CGT, la enmienda incluye vulneraciones de derechos laborales para los “trabajadores más precarios” de la administración: personal laboral contratado en fraude de ley, personal laboral temporal, personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial, desempleados que prestan servicios para las administraciones mediante contratos de colaboración social, investigadores públicos o trabajadores que prestan servicios para las administraciones mediante encomiendas de gestión. Todos ellos podrán ser despedidos con liquidación de 12 días por año trabajado

La imputación de la infanta Cristina dejó también en un segundo plano el fallecimiento de Ana María Matute, la escritora que, a sus 88 años, la autora de éxitos como Olvidado rey Vudú que, al margen de su calidad literaria, se caracterizó por su voluntad y vocación de vivir como le dio la real gana.

CODA. Como se preveía, la noticia llegó también al calor de los ecos de la imputación de la infanta Cristina, convertida en la noticia de referencia de los medios españoles y con impacto en buena parte de la prensa internacional.  El dirigente de Izquierda Unida Willy Meyer cedió a las presiones y anunció su dimisión como eurodiputado ante la polémica creada por su participación en un fondo voluntario de pensiones formalizado a través de una SICAV. Su vacante propicia la entrada en la Eurocámara de Javier Couso, hermano del periodista de Tele 5 José Couso, asesinado en Irak cuando realizaba su trabajo y que acudió como número 7 de la formación en los comicios del pasado 25 de mayo. Meyer también abandona sus cargos de la Ejecutiva de IU para que no haya sombra de duda sobre su desconocimiento y por coherencia entre los mensajes de la coalición y la actuación de sus miembros.