Eurodiputados y Sicavs: Legal pero infumable

El tsunami informativo iniciado el martes con la publicación, por parte de Infolibre, de la noticia de que un número indeterminado de eurodiputados españoles han participado, durante años, de un fondo de pensiones a través de sociedad de inversión de capital variable (Sicav) en Luxemburgo no ha hecho más que empezar.

Este miércoles, el cabeza de lista de IU al PE, Willy Meyer, presentó su dimisión ante la incoherencia de participar en este fondo mientras la coalición hace campaña contra los paraísos fiscales y productos de ingeniería fiscal que permiten, sobre todo, evadir impuestos. Ese sesgo de desigualdad (no todos los ciudadanos tiene acceso a esos productos) aumenta en gravedad si se tiene en cuenta el contexto de crisis y el aumento de la presión fiscal directa e indirecta sobre las clases medias que se ha adoptado como medida contra la crisis financiera en los países rescatados de la UE.

Horas después del anuncio de Meyer, Rosa Díez reconoció que suscribió ese fondo de pensiones durante su segunda etapa en el PE (entre 2004 y 2007)  y señaló que había ordenado que se le dé de baja. Se da circunstancia de que el programa electoral de UPyD llevó en 2011 la eliminación de los privilegios fiscales concedidos a las SICAV (punto 79). La mismo posición adoptó Elena Valenciano, cabeza de lista del PSOE a las pasadas elecciones, que participó en este fondo entre 1999 y 2009, al igual que su rival en los pasados, comicios, Miguel Arias Cañete, que se habría encargado de administrar la Sicav.

A estos nombres se fueron sumando otros hasta completar una lista de 65 eurodiputados y ex diputados españoles de distinto color político que otros medios rebajan a 39, con nombres tan destacados como el actual ministro de hacienda, Cristóbal Montoro (el mismo que defiende medidas fiscales y reclama ejemplaridad a la hora de cumplir con el Fisco), Enrique Barón o Iñigo Méndez de Vigo, actual secretario de Estado de la UE.

Sicav

Todos ellos, al margen de su adscripción política, coinciden en algo: desde 1990 tuvieron a su disposición un fondo de pensiones privado a través de una Sicav en Luxemburgo por el que tributaron el 0.01% de su inversión (en España esta tributación asciende a la astronómica cantidad del 1%). Durante esos años, además, el PE añadió un euro por cada dos que cada eurodiputado aportara, dinero que, por supuesto, tenía origen público.

El diputado socialista y exministro de Trabajo y Seguridad Social Valeriano Gómez defendió la legalidad y legitimidad de estos fondos de pensiones, aprobados por el PE: “Todos sabían lo que hacían y no hacían nada ilegal ni reprobable desde el punto de vista moral”, dijo. En esta misma línea se posicionó el Parlamento Europeo que defendió que es un mecanismo “absolutamente legal”, creado para compensar las retribuciones a los europarlamentarios (que entonces se hacían en función de los Estados y no como sueldo homogéneo) y que sería recuperado cuando el último de los beneficiarios cumpla los 63 años. El PP, por su parte, señaló que sus eurodiputados conocían que el fondo se gestionaba a través de una Sicav. Desde la base electoral ‘popular’ no se detectó un movimiento crítico como el que ha llevado a Willy Meyer ha presentar su dimisión por coherencia.

Llegados a este punto, conviene tener en cuenta algunas consideraciones:

  • Nuestro sistema político, igual que todos los que nos antecedieron (salvo la democracia griega y las repúblicas italianas con matices que se pueden consultar en Principios del gobierno representativo, la obra fundamental de Manin) no obligan a la participación activa en política.
  • Se da por supuesto que la entrada de ciudadanos anónimos en la política, a través de partidos políticos u organizaciones de carácter político, tienen un objetivo: defender el bien común, entendiendo éste como un mecanismo para mejorar la sociedad y no como plataforma de promoción personal. De ahí cuestiones como el límite de mandatos en determinados cargos.
  • Este principio debiera regir en la actuación política de todos los cargos públicos, independientemente del color de sus siglas. Debido a los orígenes de los partidos de izquierda, este principio debería ser el único motor de actuación de sus miembros, que deberían tener grabado a fuego los principios de libertad, justicia e igualdad.
  • Desde hace décadas, es habitual que empresas privadas planteen a sus trabajadores (sobre todo a sus ejecutivos) planes de pensiones privados a los que contribuye como una forma de eludir el pago de impuestos a través de otras partidas (IRPF, sociedades, etc.).
  • El inicio de la guerra contra el sector público por parte del neoliberalismo extendió este principio a otros ámbitos al tiempo que se rebajaban las barreras morales en torno a la extensión de prácticas, digamos, poco ejemplares en el mundo financiero.
  • Resulta impresentable que ésta sea una práctica que se asume en las instituciones y organismos públicas (como resulta impresentable que diputados, particularmente de izquierdas, lleven a sus hijos a colegios privados o concertados o que prefieran la sanidad privada a la pública).
  • En enero de 2012, las Cortes suspendieron sus aportaciones a los planes de pensiones de los diputados y senadores (280 euros mes/persona) como inicio de la campaña de congelación salarial con la que los representantes de la soberanía pretendían dar ejemplo ante las medidas que estaban por llegar. Antes, los diputados de la Izquierda Plural renunciaron a sus planes de pensiones privados, una iniciativa que lideraron Alberto Garzón y Cayo Lara y que luego asumió el grupo, no sin tensiones por parte de Gaspar Llamazares.
  • Sobra decir que si algún diputado quiere suscribir personalmente un plan de pensiones privado, tiene libertad para hacerlo por su cuenta, a partir de sus emolumentos. No es de recibo que el resto de la sociedad tenga que contribuir a estos planes de pensiones, sobre todo en un país que no se caracteriza precisamente por tener un sistema de pensiones muy generoso y /o generalizado.
  • La misma filosofía se puede trasladar al PE, institución que se ha visto más como retiro dorado que como la sede del poder legislativo de la UE. Eso quiere decir que los europarlamentarios están muy bien pagados, sobre todo si se comparan sus nóminas con los sueldos de los países del arco mediterráneo o de la ampliación. Si tenemos en cuenta complementos en forma de dietas, desplazamiento y personal, o como premio a presencia en plenos y votaciones, queda aún menos clara la necesidad de que la ciudadanía contribuya a su pensión futura a través de un fondo privado.
  • La novedad es que hemos sabido que esas aportaciones se realizaron hasta 2009 a través de una de las plataformas legales creadas para eludir el pago de impuestos, esta práctica no sólo resulta cuestionable sino que se torna en repulsiva, sobre todo por parte de personas que han comandado Gobiernos y partidos que han defendido amnistías fiscales, copagos, repagos de servicios públicos, recortes del gasto con efectos inmediatos en la sostenibilidad de la educación y sanidad pública, congelación directa de pensiones ( o la adopción de fórmulas que implican pérdidas de poder adquisitivo a medio y largo plazo), supresión y/o congelación de pagas de funcionarios y, en definitiva, todo un rosario de medidas que sutilmente se define como “sacrificios de la ciudadanía”.
  • Que uno de los implicados en este hecho sea el actual titular de Hacienda del Gobierno no hace sino añadir dosis de ironía en exceso a un asunto que apesta y añade aún más distancia en eso que hemos venido a llamar desafección de la ciudadanía respecto a los partidos políticos y sus representantes, gracias a prácticas como éstas que Infolibre destapó (y que ya llevan todos los medios de comunicación, aunque no se mencione el origen de la noticia).
  • En política no todo vale, y la crisis que azota España y buena parte de Europa ha puesto de manifiesto que la supervivencia política personal debería dejar paso a valores como la ejemplaridad en la vida pública y la asunción de responsabilidades cuando uno es pillado en un renuncio (sobre todo ante casos de flagrante incoherencia, como el que personalizan en este asunto Willy Meyer, Rosa Díez y el PSOE).
  • Que la reacción de los partidos implicados en este hecho sea el de apelar a la legalidad de una práctica no hace sino confirmar la lejanía del poder político respecto a la ciudadanía y que le hace vivir en una preocupante burbuja que cada día parece más cerca de estallar.

Tras su bautismo de fuego el lunes en el hotel Ritz, la cara visible de Podemos, Pablo Iglesias, debe estar estos días fumándose un puro a la espera de acontecimientos. Eso antes de carcajearse ante la campaña que ha iniciado la derecha y sus medios afines contra el ideario de la formación (como vemos, bastante más presentable que las prácticas de los partidos del establishment), campaña reforzada por los errores de diagnóstico y de reacción de los partidos políticos a cuyo electorado está lanzando cantos de sirena.

Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en transición
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2 respuestas a Eurodiputados y Sicavs: Legal pero infumable

  1. Vigne dijo:

    Creo que se te ve un poco el plumero cuando omites decir algo que estoy seguro que sabes: que Llamazares rechazó renunciar al fondo de pensiones privado del Congreso, como por ejemplo hizo Cayo Lara y algún otro. En su lugar lo tapas diciendo “no sin tensiones por parte de Gaspar Llamazares”. ¡¡¡¡¿”No sin tensiones”?!!!! ¡¡A las cosas hay que llamarlas por su nombre, sobre todo cuando escribes un artículo que apela a la ética!! En mi pueblo a esto se le llama intención de ocultar la verdad y desde luego resultas muy parcial no contando que Llamazares se negó a renunciar como hicieron sus compañeros de grupo. No creo que sea inocente esta omisión.
    Me deja bastante alucinado que algunos .ahora descubráis la pólvora. La existencia del fondo que Infolibre comentó como novedad, era algo de dominio público (no así la entidad final que mueve el dinero del fondo). Sin ir más lejos, en España, desde hace un cuarto de siglo, las administraciones públicas y empresas públicas ofrecen este tipo de productos a los trabajadores públicos en condiciones semejantes, mediante conciertos con las entidades bancarias con las que trabajan. Ahora parece que el personal descubre la pólvora. ¿Que políticamente es criticable? Por supuesto.
    Me hace mucha gracia que hables de partidos del “establishment” y a la vez se aprecien tus simpatías por Podemos, como si Podemos no fuese un partido más de ese “establishment”. Claro que a lo mejor yo estoy equivocado y los medios como Cuatro, La Sexta, Público, etc., que han hecho y siguen haciendo publireportajes sobre Podemos, son ONGs o medios al servicio de la revolución, no vinculados con el capital ni defensores del status quo.
    Y si hablamos de transparencia y de Podemos, yo creo que a muchos nos gustaría conocer los detalles de las consultorías realizadas por algunos de sus miembros destacados para cierta fundación, los cobros recibidos y, sobre todo, los detalles fiscales. A lo mejor nos llevábamos sorpresas.
    Saludos

    • Gracias por tu comentario. Supongo que sólo habrás leído esta entrada para concluir mis simpatías, que precisamente no van por donde supones. Eso no me impide ver que Podemos (como otros antes) han encontrado un filón.
      Tienes razón en el descubrimiento de la pólvora pero el momento en el que se habló de este fondo ( yo recuerdo haber escuchado de su existencia hacia 2005) no tiene nada que ver con el momento actual. Si esto sirve para replantearmis cosas, bienvenido sea, aunque sigo sin ver que se cuestione en términos generales que un empleado público (al nivel que desees) tenga que tener una pensión privada financiada desde el ámbito público como su de una empresa privada se trastara.
      Reitero mi agradecimiento por tu comentario
      Un saludo

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