Una ‘Ley Mordaza’ suavizada pero restrictiva con las libertades

LeyMordaza

Había dos posibilidades: Que el Gobierno aprovechara este periodo vacacional  para aprobar la reforma de la Ley del aborto o la Ley de seguridad ciudadana, rechazada por casi todos los organismo nacionales e internacionales como un ejemplo de la deriva autoritaria de un Ejecutivo que ha usado y abusado de la mayoría absoluta para, por ejemplo, aprobar por decreto ley medidas que no requieren de una respuesta urgente para evitar el trámite del debate parlamentario.

Finalmente, la elegida fue la Ley de Seguridad Ciudadana(LSC), el anteproyecto que Jorge Fernández Díaz llevó al Consejo de Ministros, que dio luz verde a un texto que rebaja el toque autoritario de los textos filtrados y presentados a lo largo de 2013, criticados con dureza por instituciones internacionales, que incluso pusieron de manifiesto dudas sobre el respeto de los derechos fundamentales.

Con este texto, bastante más suave que los documentos filtrados hace unos mees, el Gobierno enmienda la llamada “ley Corcuera” de 1992 e incorpora novedades como la regulación de los supuestos de traslado a dependencias policiales para identificación de personas (que no podrá superar las seis horas), de los registros corporales (sometidos a los principios de “no discriminación e injerencia mínima”) y se prohíbe las llamadas redadas indiscriminadas.

En la parte sancionadora, se fijan 47 tipos de infracciones que se considerarán muy graves, graves o leves. Muchos de ellas responde a la forma de protesta evidenciada por importantes colectivos españoles desde 2011,como las convocatorias a protestar en torno al perímetro de la sede de la soberanía, la resistencia pacífica ante las ejecuciones hipotecarias o la grabación y difusión de actuaciones policiales, sobre todo cargas, con objetivos de denuncia social.

En todos casos, las multas quedan rebajadas respecto al proyecto inicial (salvo que se registren actos de violencia). Además, se elimina del listado asuntos como “las ofensas y el ultraje a España” (que  el anteproyecto situaba como una infracción muy grave) o la convocatoria de concentraciones o manifestaciones a través de redes telemáticas (Twitter y Facebook)

  Infracciones muy graves

La presión social ha sido fundamental para limitar a cuatro las infracciones consideradas muy graves, sancionadas con multas de entre 30.001 y 600.000 euros.

  • Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento.
  • Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias y explosivos catalogados incumpliendo la normativa de aplicación y sin la documentación requerida cuando se causen perjuicios muy graves.
  • Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad por razones de seguridad. Finalmente se libran de esa consideración las convocatorias a rodear el Congreso pero no las concentraciones como las que el 13 de marzo de 2004 se registraron ante las sedes del PP en distintas ciudades para reclamar transparencia en la información sobre los atentados del 11M
  • Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

Infracciones graves

Es el tipo que incluye mayor oferta de infracciones, 26 (frente a las 31 iniciales), y persigue combatir determinadas formas de protesta cívica y política, así como un endurecimiento de multas ante comportamientos considerados incívicos. Estos comportamientos serán multados con t 1001 y 30.000 euros.

En el primer grupo, en lo que podemos llamar reacción a determinadas formas de protesta, se incluye al final 4 supuestos (de los 21 iniciales):

  • La perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas cuando no sean constitutivas de delito. En este punto cabrían las convocatorias de ciudadanos anónimos que, por ejemplo, interrumpen un mitin electoral
  • La perturbación grave de la seguridad ciudadana en protestas no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad. Así, no sería delito la convocatoria a Rodear el Congreso salvo que se produzca violencia
  • Desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes [delito que parece pensado para combatir lo ocurrido en Madrid tras las marchas de la dignidad del 22 de mayo]
  • Obstaculizar la vía pública con vehículos, contenedores o neumáticos.
  • Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.
  • El uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las fuerzas de seguridad de Estado o autoridades [en el anteproyecto, figuraba como infracción leve].
  • Obstaculizar gravemente la actuación de los servicios de emergencia en el desempeño de sus función].
  • Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse. La negativa a disolver reuniones o manifestaciones cuando lo ordene la autoridad.
  • La perturbación del desarrollo de una manifestación lícita.

En un segundo grupo, podemos citar:

  • La intrusión o sobrevuelo en infraestructuras o instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad como aeropuertos, centrales nucleares, etc.
  • Portar, exhibir o usar armas de modo negligente o temerario o fuera de los lugares habilitados para su uso
  • La demanda de servicios sexuales en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes.
  • La fabricación, el comercio y la tenencia ilegal de armas reglamentarias, explosivos catalogados y material pirotécnico.
  • Obstruir inspecciones y controles reglamentarios en fábricas, locales y establecimientos.
  • Uso de uniformes policiales o de servicios de emergencia sin autorización.
  • La falta de colaboración con las fuerzas de seguridad en la averiguación o prevención del delito
  • Los actos que atenten contra la indemnidad sexual (libre de padecer daño) de los menores.
  • Al más puro estilo conservador, se considerará una infracción grave el consumo y tenencia de drogas en lugares públicos y su tolerancia, así como el abandono de los utensilios empleados. En este punto no se diferencia entre drogas duras y blandas. En esta línea, también se considerará una infracción grave el botellón, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y no esté autorizado, es decir, el 99% de los comportamientos vinculados a esta práctica.
  • Las “cundas” o taxis de la droga
  • El cultivo de drogas.
  • La tolerancia del consumo ilegal y el tráfico de drogas en establecimientos públicos.

Infracciones leves

Se trata de 17 tipos de comportamientos sancionables con multas de entre 100 y 1000 euros. Incluye:

  • Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión (es decir, la mayor parte de las convocatorias no comunicadas a la autoridad competente).
  • Escalar a edificios o monumentos [inicialmente se contemplaba considerar estas actuaciones como infracciones graves. Se pensó contra algunas de las formas de protesta de grupos ecologistas, como Greenpeace, que rechazó la reforma de la Ley de Costas escalando el techo del Congreso de los Diputados)
  • Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación.
  • Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.
  • Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual. Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad.
  • La ocupación de cualquier espacio común, público o privado (desde la Acampada de Sol a la de Sintel o protestas similares)
  • Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 3 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada.
  • Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti.
  • Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas.
  • Entorpecer la circulación peatonal
  • Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio.
  • Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.
  • Dejar sueltos o en condiciones de causar daños a animales feroces o dañinos.

Nada más conocerse el texto, colectivos vinculados al 15M llamaron a concentrarse contra la que ya ha sido bautizada como “ley mordaza”, una norma que, pese al preámbulo del texto, parece hecha a medida para que comporten multas económicas sobre comportamientos que los tribunales han dictado como no constitutivos de delito. Ocurrió en viernes, en la Plaza de Colón, donde unos centenares de activistas protestaron  contra la deriva el Gobierno

No son los únicos. Asociaciones de jueces (de corte progresista) y abogados alertan sobre el efecto en las libertades de la aprobación de la LSC y de la reforma del Código Penal. Así, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, dijo que el proyecto proyecto de ley tiene aspectos “inconstitucionales” mientras que el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, tachó de “innecesario” un proyecto que,  a su juciio, no sólo conlleva “ninguna protección de la seguridad ciudadana, sino que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales” “especialmente incómodas” para el poder político.

CODA. Uno de los debates que mayor eco mediático está suscitando es el de, lógicamente, la posición en la que se deja a los periodistas que cubran y graben manifestaciones de corte político y social. Durante la semana pasada, Interior mantuvo reuniones con las asociaciones de la prensa, las mismas que llevan calladas años a pesar de que el sector es, junto con la construcción, el más damnificado por la crisis en términos de despidos y precariedad laboral. El objetivo, proteger al periodista en el desarrollo de su trabajo para que no le puedan ser aplicadas las multas de hasta 30.000 euros por la grabación de agentes de policía durante actuaciones (por ejemplo, cargas policiales).

Las noticias que se están filtrando no son halagüeñas. La APM y la FAPE habrían acordado con Interior que los periodistas vayan identificados a las manifestaciones y concentraciones con un chaleco (de uso voluntario) y una placa identificativa, con validez hasta 2017 y que se recibirá si uno está al corriente del pago de las cuotas correspondientes.

Las asociaciones de periodistas, que hace años renunciaron a presionar para la elaboración del Estatuto del periodista o la formación de un colegio profesional que marque las directrices deontológicas en una profesión cada vez más sometida al control política y económico, deciden así defender a los periodistas profesionalizados, a los que considera merecedor de ser protegido como grupo al margen de la sociedad. Estas mismas asociaciones luego se sorprenderán por el alejamiento de la ciudadanía respecto a los medios tradicionales, que son los que aportan a las asociaciones de periodistas profesionales que no manifiestan precisamente un afán por defender el papel del periodismo como una actividad independiente del poder político y lo más neutral posible.

Mención aparte merece, por cierto, la consideración que esta decisión hace recaer sobre el llamado periodismo ciudadano, esa actividad de la que los medios de comunicación se beneficiaron en plena reducción de costes y que cada vez más constituye el grueso de la información que difunden. Al parecer, esa actividad está permitida siempre que el ciudadano no decida grabar un hecho de contenido político, social o relativo a la seguridad esferas esas que merecen una superprotección adicional.

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en activo
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2 respuestas a Una ‘Ley Mordaza’ suavizada pero restrictiva con las libertades

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