Ferguson y la militarización de la seguridad civil

EFE

Fotografía de EFE

Desde el 9 de agosto, Ferguson, en Missouri, es conocida como la última de las ciudades de EEUU donde se han registrado disturbios raciales. Ese día, un agente de policía blanco disparó contra Michael Brown, un chico afroamericano de 19 años, provocándole la muerte en el acto. El agente de policía alegó desde el comienzo autodefensa, versión puesta en duda por la familia del chico y los vecinos de la zona, que esa misma noche convocaron concentraciones de repulsa por la actuación policial en la que se escuchó: “Sin justicia no habrá paz” y “Fin de los policías asesinos”.

Ante el aumento de la tensión, el Gobierno federal decidió intervenir. El FBI abrió una investigación de los hechos y el fiscal general, Eric Holder, manifestó que el tiroteo “(merecía) una completa revisión”: “Perseguir agresivamente investigaciones como esta es fundamental para preservar la confianza entre los agentes del orden y las comunidades a las que sirven”, dijo. La filtración de la autopsia que pidió la familia de Brown confirmó el lunes que el chico fue disparado cuando trataba de rendirse.

La mecha estaba prendida, a pesar de los llamamientos del presidente de EEUU, Barak Obama, a la tranquilidad, varios días después del tiroteo. El 10 de agosto, las concentraciones pacíficas de protesta derivaron en saqueos y enfrentamientos con la policía, que usó material antidisturbios contra los manifestantes según avanzó la semana, que respondió con el lanzamiento de cócteles molotov y el uso de armas de fuego contra los agentes.

El 16 de agosto, el gobernador impuso el toque de queda, limitación que se amplía al constatarse que grupos de manifestantes no lo respetan. Esos días se ven imágenes de las calles de Ferguson patrulladas por vehículos pesados de combate y agentes con toda la parafernalia militar que hacía pensar en que “la guerra contra el terror” ahora se combate en las propias calles de EEUU:

El lunes, el gobernador de Misuri, Jay Nixon, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Ferguson apelando al “creciente número de individuos que han cometido actos de violencia criminal, organizados, muchos de los cuales no son parte de la comunidad [de Ferguson] ni del Estado, y cuyas acciones están poniendo a los residentes y comercios del pueblo en riesgo”. El recurso a la Guardia Nacional no era nuevo: Ya ocurrió en 1992, para poner fin a los disturbios raciales en Los Angeles, y en 2005, tras el paso del huracán Katrina por Nueva Orleans.

¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? La generalización de un recurso que puso en la calles Ronald Reagan, en su combate contra las drogas en las calle, en los años 80, gracias al marco legal creado a partir de los atentados del 11S pero que bebe sus raíces en la paramilitarización de las calles, sobre todo para frenar disturbios raciales, desde la década de 1960, tal y como recoge un informe del CATO Institute, uno de los think tanks de los neocons y que en 2006 denunciaba el creciente uso de la fuerza militar en zonas urbanas en el país.  

En la práctica, se da carta de naturaleza a la militarización de la policía, que ya había recibido muchas críticas por su gestión de la crisis y, sobre todo, por su manera de responder al trabajo de los medios de comunicación que cubrían la noticia, con amenazas y detención de periodistas incluidos.  Y todo ello se produce a través de la transferencia de fondos federales a través del programa 1033 del Departamento de Defensa, algo que los representantes de EEUU parecen no estar dispuestos a cambiar: el pasado mes de junio, se votó el Proyecto de ley de Grayson, que lleva el nombre del diputado Alan Grayson, que pretendía eliminar algunas transferencias. El proyecto fue rechazado por 355 votos, casualmente por parte de representantes que recibieron un 73% más de donaciones de la industria de defensa entre 2011 y 2013.

Hace unos meses Matt Apuzzo, en The New York Times, escribió a propósito de la recepción, por parte de los departamentos de policía locales, de material bélico(ametralladoras, proveedores de munición, equipos de camuflaje y visión nocturna, etc.), un nicho de mercado que moverá este año 19.2 mil millones de dólares (cinco mil millones más que en 2009): El resultado es que las agencias de policía de todo el país cuentan con equipos de nivel militar que convierten a oficiales que deberían combatir el crimen y proteger a las comunidades en una suerte de ejército invasor.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles, este cambio de filosofía se traduce en la transformación de barrios con problemas en zonas de guerra, con un incremento de redadas policiales, sobre todo sobre la población afroamericana. El título de su informe, War comes home, resume perfectamente la denuncia, que incide en que este cambio mina el respeto a las libertades individuales y colectivas mediante el uso desproporcionado de la violencia por parte de la autoridad incluso en la fase de vigilancia.

De fondo, nos encontramos con el mismo problema que ya hemos visto en otras entradas a propósito de la filosofía que sustenta el conservadurismo que preside la vida social y política de EEUU pero también de todos los países occidentales: la persecución de delitos protagonizado por los más débiles del escalón social (como el tráfico de drogas o la desobediencia a la autoridad) mientras se deja manga ancha a los delincuentes de cuello blanco.

Estamos, pues, ante el habitual cóctel de elementos que explican la cristalización de disturbios raciales en época estival en EEUU, con la repetición del mismo marco que, en cambio, aporta una novedad a tener en cuenta de cara a futuras crisis en torno a la gestión de la seguridad en los países desarrollados, un proceso en el que España no es ajeno [recordemos el contenido de la Ley de Seguridad Ciudadana o las implicaciones de la Ley de Seguridad Privada en torno al papel de los vigilantes privados como agentes de autoridad].

Hablamos de una ciudad, Ferguson, muy poco poblada. Según el último censo, tiene 21.000 habitantes. Está situada a 15 kilómetros al norte del centro de San Luis, en Misuri, la cuarta ciudad más poblada de EEUU en 1900. Desde 1960, la ciudad ha perdido el 62% de su población, en buena medida debido al éxodo de población blanca hacia la periferia, un proceso urbanístico que ya hemos tratado en este blog a propósito de la quiebra de Detroit.

Las implicaciones de este cambio demográfico tampoco resultan nuevas: Casi el 70% de la población de Ferguson actualmente está compuesta por afroamericanos. A pesar de estos datos, sólo uno de los seis integrantes del Ayuntamiento es negro y, entre la policía, la tasa de policías afroamericanos no llega al 6%. Como es habitual también, 1/4 parte de los residentes de Ferguson vive por debajo del umbral de la pobreza.

En este contexto se produce la militarización de la policía, es decir, la transformación de la seguridad ciudadana (civil) en el coto para que entren una suerte de fuerzas paramilitares como las que han presidido buena parte de las misiones militares de EEUU en países como Afganistán o Irak. Muchos de estos mercenarios, ahora sin trabajo, han encontrado un nicho de mercado que ha llevado a que el senador de Kentucky Rand Paul asegure: “Las imágenes y escenas que se ven en Ferguson se parecen a la guerra más que a la acción de la policía tradicional”.

CODA. Hace unos días, John Oliver dedicó su monólogo en Last Week Tonight a lo ocurrido en Ferguson [cortesía de Violeta Martín]. Sin desperdicio:

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en activo
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