A vueltas con la reforma de la Ley electoral municipal

Génova ha filtrado a la prensa que está dispuesto a llevar adelante en solitario su propuesta de efectuar cambios en la ley electoral para que sea elegido alcalde el cabeza de lista del partido más votado en los comicios municipales, planteamiento que analizamos hace unas semanas en este mismo blog.

Como ya avanzamos, en la práctica estamos ante un cambio de la filosofía del sistema de reparto proporcional a uno mayoritario, con la sobrerrepresentación de la lista más votada (efecto que la LOREG ya produce en las elecciones al Congreso y al Senado, sobre todo por la elección de la provincia como circunscripción).

A falta de conocer más detalles, el PP ha hecho saber que sus planes recogen que sea automáticamente elegido el alcalde que obtenga el 40% de los votos y que saque 5 puntos a la segunda lista más votada. La consecuencia directa es el cambio legal para dificultar los gobiernos de coalición (a pesar de que ésa sea la intención de los votos de los ciudadanos de los municipios) y la disminución drástica de los gobiernos en minoría, lo que a su vez imposibilita la presentación de mociones de censura y, en general, de la rendición de cuentas durante los mandatos.

Los distintos dirigentes del PP que han salido a la palestra estos días han defendido la idoneidad de la reforma porque, según ellos, se trata de una ley pensada para el ciudadano y no para los partidos políticos. En una hilarante declaración, desde el PP vasco incluso se ha insistido en que están dispuestos a sacrificarse y adoptar esta reforma aunque saben que podría beneficiar a EH-Bildu.

Ninguno de estos dirigentes han mencionado siquiera que no se modifica el sistema de elección [el alcalde no será elegido por el voto directo de los ciudadanos sino por un pleno municipal que recoge la representación en función de los votos depositados en las urnas] sino la filosofía del mismo ante un previsible escenario de fragmentación municipal, a la espera de las candidaturas unitarias por parte de plataformas cívicas y formaciones de izquierdas, aún por cristalizar.

La prisa del PP por apuntalar la reforma, asumiendo incluso el coste de promoverla en solitario, se explica desde un único punto de vista: Génova ha comenzado a echar cuentas y es posible que el escenario que apuntan sus encuestas internas sea catastrófico de cara a los próximos comicios municipales, por no hablar de la dificultad extrema de conformar acuerdos de gobierno tras una legislatura en la que el PP ha aplicado el rodillo parlamentario en las Cortes (rodillo que también ha impuesto a sus gobiernos autonómicos).

Sirva como ejemplo los porcentajes de voto que recibieron los ‘populares’ en las elecciones de 2011 en las capitales de provincia y el resultado que obtuvieron en las mismas en las pasadas elecciones europeas para entender claramente por qué está dispuesto a asumir el coste de una reforma que ha sido rechazada de forma unánime por todos los partidos de la oposición, que la tachan de “antidemocrática” y de “cacicada“:

Leyelectoral

El pasado 25 de mayo, el PP sólo obtuvo más del 40% del voto en las ciudades autónomas, quedándose cerca de ese porcentaje en Cáceres, Badajoz, Murcia, Cuenca, Ciudad Real, Ávila y Salamanca. A pesar de que el ciudadano vota de forma distinta en los comicios municipales y en las europeas, los porcentajes nos sirven para detectar el nivel de desgaste que sufren los ‘populares’ tras tres años de Gobierno (con recortes masivos, devaluación interna, corrupción mal resuelta en algunos de sus feudos, precariedad laboral y recortes de derechos en torno a líneas rojas como la sanidad y la educación pública o los derechos de la mujer).

Si tenemos en cuenta el resultado en grandes capitales como Madrid y Valencia y lo comparamos con los porcentajes de voto que recibieron las segundas formaciones (tanto el PSM como el PSPV), parece claro que la reforma busca apuntalar el poder municipal en plazas simbólicas como éstas pero no sólo: En Madrid el PP se dejó el pasado 25M 17.2 puntos; en Valencia, 24.2; en Sevilla, 21.5; y en Málaga 31.4. Pero no sólo debería preocupar los resultados en los ayuntamientos más poblados. Los ‘populares’ se dejaron más de 20 puntos en Santander; 25.4 en Almería; 14.4 en Logroño; 18.2 en Valladolid y casi 24 puntos en Murcia.

En total, hablamos de una caída de 14 puntos de media en términos de poder municipal, situación que, por primera vez en nuestra historia democrática, no se traduce en el ascenso del partido que ha definido el bipartidismo imperfecto español, sino que se traduce en una dispersión del voto y en una fragmentación del poder en términos locales.

Lo que parece claro es que, ante este escenario, el PP ha decidido ignorar las reclamaciones ciudadanas en torno a un mayor reparto del poder  y a la necesidad de apuntalar pactos (que es lo que se traduciría del sentido de su voto en estos términos) optando por encastillarse para conservar el poder a través de maniobras legales aprobadas en solitario. En cualquier caso, el PP asume que la democracia y acudir a las urnas puede comenzar a ser un problema.

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en activo
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2 respuestas a A vueltas con la reforma de la Ley electoral municipal

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