El “caso de los ERE” y los síntomas de histeria social

El martes, en la tertulia nocturna de la Cadena SER, Daniel Innerarity, que siempre suele decir cosas interesantes en torno a la calidad de la res publica, puso el foco en uno de los problemas que vivimos en la actualidad: la histeria política. Es la mejor descripción para definir cómo la ciudadanía se relaciona con un ciclo de noticias que, en el mejor de los casos, muere con el cambio del día, aunque durante unas horas parezca que el fin del mundo se encuentra cerca.

Este martes, el Tribunal Supremo comunicó la imputación de los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de tres ex consejeros de sus gobiernos (José Antonio Viera, Mar Moreno y Gaspar Zarrías, los dos últimos consejeros de Presidencia), y los citó para que comparezcan ante el Alto tribunal entre los días 9 y 21 de abril.

El motivo: tomarles declaración para dilucidar su responsabilidad en la concesión de 855 millones de euros en ayudas sociolaborales a empresas y particulares, dinero que, según las pesquisas de la jueza de la Audiencia provincial de Sevilla, Mercedes Alaya, habría ido a alimentar las redes clientelares del PSOE andaluz. En el aire planea la posibilidad de que la Junta hubiera promovido una relajación de los controles para permitir estas prácticas y se trata de averiguar si hubo una orden política de los presidentes andaluces o de sus consejeros para favorecer ese sistema que se investiga en la pieza global que se conoce como el caso de los ERE.

Nada más conocerse la comunicación del TS, a poco más de un mes de las elecciones autonómicas andaluzas, comenzaron a llover las peticiones de dimisión de Chaves, Griñán y el resto de aforados, que son diputados y senadores (motivo por el cual la causa llega al TS). Esas mismas voces se dirigieron rápidamente al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz , que hace unos meses aseguraron que no habría imputados del PSOE sentados en los Parlamentos.

El impacto de la ola provocada la destitución de Tomás Gómez, que se explicó inicialmente por su presunta implicación en el sobrecoste de la construcción del tranvía de Parla y luego en los malos resultados que auguran los sondeos sobre intención de voto, volvió a activar la impresión de crisis interna que a diario salpica a la marca PSOE.

Nada más conocer la noticia, que ocupó la lista de tendencias en Twitter durante casi todo el día, le tocó salvar la cara a Antonio Hernando, portavoz parlamentario del PSOE, que apeló al código ético del PSOE: Se pedirá la dimisión de un cargo público socialista cuando se abra juicio oral, es decir, cuando haya una imputación de un delito, algo que no se da aún en la providencia del TS, que se limita a llamar a declarar a los cinco ex altos de la Junta para, a continuación, si procede, imputarles los delitos que correspondan (y que, según la línea de investigación de la juez Alaya, serían de malversación de caudales públicos y prevaricación). El miércoles, el presidente del TS, Carlos Lesmes, insistió en la idea de que estamos ante un trámite, aunque predique en el desierto: La imputación no implica acusación formal per se y condena, por mucho que esa figura jurídica se use en la arena política como artefacto con el que atacar al rival.

La puntualización que el propio Hernando tuvo que salir a remarcar fue el mensaje al que se acogieron los protagonistas señalados, que han comprobado cómo el bumerán de la transparencia extrema, que se asumió como una seña de identidad del nuevo PSOE, se les ha vuelto en contra y que el nivel de exigencia es tal que se vincula la petición de dimisión de cargos políticos por el simple hecho de ser llamados a declarar en casos de corrupción. Ironías de la vida, hasta el PP se permitió dar lecciones en este sentido y desde sus filas se animó a Sánchez a limpiar el PSOE andaluz, que parte como favorito para ganar las elecciones andaluzas.

Uno de los éxitos de Podemos ha sido situar como marco la idea de “casta” entendiéndose como el trabajo de unas elites que gobiernan para mantener sus privilegios y favorecer sus negocios -sobre todo en la esfera pública- en perjuicio del bien común. Este marco se ha visto alimentado por una ristra de casos de corrupción o de prácticas poco ejemplares que han salpicado a todos los partidos políticos (con la excepción, por el momento, de UPyD) y a todas las instituciones del Estado.

La evidencia, favorecida por el acrónimo PPSOE,  se encuentra detrás de una estrategia que busca proyectar la idea de limpieza de quienes se dedican profesionalmente a la política, sobre todo partiendo de dos ideas:

  • La corrupción y el fraude ocupan el segundo lugar en la lista de preocupaciones de los ciudadanos (63.8% según el barómetro del CIS del mes de noviembre, 8 puntos más que el porcentaje registrado en el último barómetro publicado)
  • Los medios de comunicación -y su extensión en las redes sociales- manifiestan un seguimiento exhaustivo de los casos de corrupción que salpican a los partidos políticos (disminuyendo su cobertura cuando la corrupción salpica a empresas, por ejemplo). Este seguimiento suele ser puntual y suele morir el mismo día en el que se produce el hecho noticioso, que se aborda como un espectáculo deportivo aplicando la brocha gorda y que favorece, por ejemplo, el batiburrillo de opiniones, a menudo indocumentadas, sobre casi todos los asuntos de actualidad, aunque esas carencias son aun más evidentes cuando se abordan temas que requieren de cierta especialización.

¿Cuál es la consecuencia? Una ciudadanía que se siente muy informada pero que, en la práctica, ha estado expuesta a mensajes insertos en esa histeria mediática de la que hablaba Innerarity. Así, se retroalimenta la idea de una corrupción política generalizada cuando, en realidad, deberíamos hablar de casos concretos que afectan a personas (y en algunos casos, a las organizaciones políticas a las que pertenecen, como la presunta financiación ilegal del PP o de CDC, con el caso Pujol como paraguas) y se remarcan como prácticas extrañas al común de los mortales.

En realidad, hablamo de prácticas quizás poco ejemplares pero que, en su mayoría, son legales; es el caso de Juan Carlos Monedero a raíz de sus ingresos procedentes de sus trabajos con gobiernos latinoamericanos y, con total probabilidad, en la mayoría de los casos de ciudadanos anónimos o conocidos (sean políticos o no) cuyas finanzas sean expuestas públicamente en un momento concreto de la agenda mediática.

Por supuesto, en este contexto de ruido mediático, es extremadamente difícil apelar a la cordura o demandar rigor a informadores y medios que parecen haberse abonado a la tesis de que la realidad no estropee unos cuantos miles de clics, aunque éstos se basen en inexactitudes o, a menudo, falsedades. Sabemos que predicamos en el desierto.

Anuncios

Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en activo
Esta entrada fue publicada en Periodismo, PSOE, Twitter. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s