El Gobierno de los más capaces… y de los mejor relacionados

Mariano Rajoy nombró a su equipo de Gobierno en diciembre de 2011 como las personas más capaces para hacer frente a la situación económica, política y social del país. Durante estos tres años, hemos asistido a un trabajo más propio de un grupo de tecnócratas que de políticos, un perfil que parece haberse retomado con la entrada en el Ejecutivo de Alfonso Alonso o con la transmutación de Soraya Sáenz de Santamaría en impostada mitinera.

Durante estos tres años de legislatura, hemos visto una ausencia total de relato que acompañara la acción de Gobierno, una carencia normal si se tiene en cuenta la puesta en marcha de un programa de recorte del gasto público cuyas consecuencias de comienzan a notar en forma de saturación de las urgencias de los hospitales públicos o del constante desvío de recursos desde la educación y la sanidad pública a la educación concertada y las mutuas privadas de salud.

Al mismo tiempo, hemos asistido a meteduras de pata clamorosas y a la confusión constante entre la defensa del interés general y el interés de partido. Uno de los especialistas en los últimos tiempos es Rafael Catalá, ministro de Justicia y defensor de oficio del PP en todas las ruedas de prensa que protagoniza. A esta patrimonialización de las instituciones públicas en beneficio privado (del PP y/o de sus miembros) hay que sumar los enfrentamientos más o menos públicos entre departamentos como Industria, Economía y Hacienda; las enmiendas a la totalidad a determinadas políticas, con marchas de ministros incluidas, como la de Alberto Ruiz-Gallardón, o Ana Mato; o ineptitudes como la que este miércoles protagonizó el titular de AAEE, José Manuel García-Margallo.

Horas después de cometerse el atentado de Túnez (que provocó 23 muertos, entre ellos 17 turistas extranjeros, entre los que figuraban dos españoles), el responsable de la diplomacia española tuvo a bien acudir a los toros en Valencia. Su respuesta, ante las críticas, es que aún no se conocía que había ciudadanos españoles entre las víctimas, un argumento absurdo si se tiene en cuenta que, desde el primer momento, se supo que había españoles en el grupo de turistas atacados en el Museo de Bardo de Túnez y que ya circulaban informaciones que apuntaban a que podía haber nacionales entre las víctimas mortales. Por si acaso, el Ministerio descartó que el ministro se enterara con retraso de lo ocurrido, por lo que indirectamente se asume el error político. Hablamos de la misma persona que no dudó en manifestar su malestar en público ante los viajes del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero a Cuba y el Sáhara Occidental.

Otro de los ministros que afrontan su peor semana en meses es Cristóbal Montoro, el locuaz titular de Hacienda que durante la legislatura no dudó en lanzar avisos desde el Congreso de los Diputados a actores críticos con la decisión de subir el IVA cultural; a responsables de medios de comunicación críticos con su gestión al frente de Hacienda; y contra diputados de los grupos de la oposición que osaron levantar la voz contra el uso partidista, de nuevo, de los datos privados de los ciudadanos que recopila la Agencia tributaria.

Estos días, sin embargo, Montoro estuvo completamente desaparecido hasta la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El motivo, la investigación de Anticorrupción del despacho que el ministro fundó cuando salió del Gobierno de José María Aznar junto a otros destacados miembros del equipo de Hacienda de aquel gobierno en lo que apunta a una actividad de lobbista. Trabajó para ese despacho hasta diciembre de 2008, cuando se firmó un informe de asesoría a una de las empresas de la trama Gürtel con un objetivo: Eludir el pago de impuestos.

Además, el despacho firmó dos contratos de asesoría por valor de dos millones de euros en 2008 con la empresa pública Madrid Network, presidida entonces por Antonio Beteta, actual secretario de Administraciones Públicas y dependiente, por lo tanto, de Cristóbal Montoro.

Más allá de la peste que rezuma este caso, estamos ante un supuesto de puerta giratoria  de libro protagonizado por una empresa que, entre 2008 y 2014, multiplicó su facturación en un 127%. A falta de confirmarse, podríamos estar ante un caso de tráfico de influencias evidente -muchos de sus contratos son con Administraciones públicas- protagonizado por el titular de Hacienda cuyo concepto de la ejemplaridad pública parece chocar con sus propios intereses privados.

Por supuesto, ni el protagonista de la noticia ni su jefe, Mariano Rajoy, ni su lugarteniente, Soraya Sáenz de Santamaría, tuvieron a bien salir a dar una explicación coherente que evite la sensación de cortijo que el PP parece tener de todo lo público a lo que puede sacar beneficio.

En otro post hablaremos de la tendencia creciente de las instituciones públicas a encargar informes a empresas privadas, en muchos casos fundadas por antiguos miembros de los distintos Gobiernos y de los niveles superiores de la Administración por designación, para elaborar informes a cambio de sustanciosas cantidades de dinero.

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en activo
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