El ‘caso Gürtel’ amenaza el año electoral del PP

Uno de los problemas que el PP afronta en este arranque del ciclo electoral que concluirá en las elecciones generales de otoño es cómo revertir la imagen de partido que ha transigido, cuando no participado activamente, en prácticas de corrupción política al calor de la burbuja urbanística que supuso la cara más visible del proceso de privatizaciones que aceleró el primer gobierno de José María Aznar (1996-2000).

El drama que afronta el PP es que, aún sin condena en firme, la mayoría de la población ve muy factible que el PP ha sido uno de los beneficiados de un entramado de reparto de contratos públicos en empresas que, a su vez, realizaron donaciones al partido. Puesto que resulta poco creíble pensar que una empresa privada dé voluntariamente dinero a una formación política a cambio de nada, lo normal es pensar que esas donaciones se hicieron a cambio servicios en plena desmantelamiento del raquítico Estado de bienestar español.

Si añadimos, además, la existencia de una contabilidad b -apuntada por Luis Bárcenas, el tercer ex tesorero del PP imputado por este motivo, o por el pago de las obras de la sede nacional el PP en la calle Génova con dinero b-, cobra cuerpo la posibilidad de que el partido que sustenta al Gobierno está inmerso en un caso de financiación ilegal, que salpica directamente al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pieza fundamental de los equipos del PP desde 1996. Este lunes, justo después de las elecciones andaluzas, el juez Ruz cerró la causa de los Papeles de Bárcenas y apuntó a la existencia de una contabilidad b en el PP que, entre otras cosas, habría servido para financiar las obras de la sede nacional en la calle Génova.

Ante las evidencias, que registra episodios tan memorables como la negativa de la Agencia Tributaria -cuyo director es nombrado por el Gobierno y que, en este caso, además, se trata del hermano de un asesor de Cristóbal Montoro- a entregar un informe solicitado por el juez de la AN que investiga el caso Gürtel, Pablo Ruz, la posición del PP es la misma: Proclamar su disposición a colaborar con la justicia mientras, en la práctica, se pone todas las trabas posibles para facilitar la documentación requerida por la justicia hasta el último momento.

Así, tras semanas de estrategias dilatorias, la Agencia Tributaria entregó el informe solicitado en el que se recoge que, según los criterios manejados por el juez Ruz, el PP habría dejado sin pagar 220.167 euros en 2008 correspondiente Impuesto de Sociedades de las donaciones ilegales de ese año (1.055.000 euros según los Papeles de Bárcenas). Puesto que el límite para cometer delito fiscal está en los 120.000 euros anuales, el PP habría sobrepasado con creces esa cantidad sólo en 2008, único año en el que aún no habrían prescrito el delito.

Sin embargo, aún faltaba un despropósito más: El asesor de Montoro y hermano del director de la Agencia Tributaria habría firmado un documento que guarda muchas similitudes con el informe entregado por el organismo en el que compara las donaciones recibidas por el PP, en el punto de mira de la justicia, con las cantidades de dinero recibidas por ONG como Cáritas o Cruz Roja. Defiende así que estas cantidades de dinero están exentas de tributación al haber quedado “acreditado” que destinó los fondos obtenidos al objeto principal del partido y, por tanto, no aprecia delito fiscal.

En su primera comparecencia pública, Montoro insistió en que el PP y Cáritas gozan de la misma equiparación en términos de donaciones públicas por un motivo: “Son fines sociales todos, unos a unos y otros a otros, porque son los que dan sentido a nuestro Estado de Derecho y sistema de libertades”.

El titular de Hacienda defendió que ambas instituciones son fundamentales en democracia, aseguró que por ello ambas tienen un tratamiento fiscal similar y eludió valorar cómo se pueden comparar ambas instituciones si en un caso, en el PP, hablamos de donaciones de dinero ilegal dirigido a alimentar la maquinaria del partido (en el mejor de los casos) o a enriquecer a sus sucesivas cúpulas. Por cierto que Montoro negó haber dado ninguna instrucción política a la Agencia Tributaria [a pesar de que el informe que remitió a Ruz llegó a la sede del Ministerio dos horas antes].

Antes  de su comparecencia pública, la posición de los escasos miembros del PP que fueron preguntados por este extremo es el juez les ha dado la razón en que ya es momento de pasar página y lanzar pelillos a la mar, mientras se escucha un grito unánime en torno al uso partidista de una institución como la Agencia Tributaria, cuya actuación es material sensible si tenemos en cuenta que estamos a las puertas de la campaña de recaudación de la renta.

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en activo
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