El Gobierno asume el coste político de la Ley Mordaza

Nos fuimos de vacaciones de Semana Santa con la noticia de que el Congreso había dato el visto bueno a una serie de medidas, entre las que destacó el pacto contra el terrorismo yihadista, firmado por PP y PSOE; la reforma del Código Penal, con la inclusión de la prisión permanente revisable; y la aprobación definitiva de la Ley de Seguridad ciudadana, la respuesta del Gobierno a buena parte del repertorio de movilizaciones ciudadanas contra las medidas impulsadas por parte del Gobierno del PP desde que tomó posesión en diciembre de 2011.

El PP votó en solitario la aprobación de la conocida como la Ley Mordaza, una norma que entrará en vigor el 1 de julio de 2015. Si tenemos en cuenta que la legislatura acabará en noviembre -con posibilidad de prolongar los tiempos hasta enero del próximo año, fecha última en la que se puede posponer la celebración de las elecciones generales- y que todos los grupos parlamentarios se han comprometido a derogar la norma en cuanto cambie el sistema de mayorías, queda la duda de la rentabilidad política y electoral de llevar a cabo una ley que sitúa al PP muy lejos del centro político al que dice aspirar.

El texto aprobado definitivamente por el Cámara Baja, con penas suavizadas respecto al texto inicial y se divide las infracciones en tres tipos: Faltas muy graves, faltas graves y faltas leves. Cada una lleva aparejada una multa que, en el caso más grave, puede llegar a los 600.000 euros de sanción. Éstas son las faltas y cuantías finales:

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Finalmente quedan tipificadas como faltas graves [sancionadas con multas de hasta 30.000 euros]:

  • Convocatorias como las de rodear el Congreso y el Senado
  • Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales (un apartado que parece hecho expresamente para frenar las concentraciones para parar desahucios)
  • La desobediencia o la resistencia a la autoridad
  • El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes [lo que repercute a su vez en el art. 20 de la CE en torno a la libertad de expresión y el trabajo de informar]; etc.

Mordaza

El PSOE ya anunció que recurrirá la LSC ante el Tribunal Constitucional ante los indicios de que podría vulnerar el ejercicio de derechos civiles (particularmente, la libertad de reunión y de expresión)  y tanto su grupo en el Congreso como el resto del arco parlamentario se han pronunciado a favor de derogar el texto en cuanto el sistema de mayorías lo permita.

Por este motivo, se nos plantean dudas razonables ante la intencionalidad del PP de asumir el coste político y social de llevar adelante un texto de este tipo, en solitario, con dos evidencias:

  • La baja conflictividad social tras el punto de inflexión que se dio en 2013, con una rebaja constante de las manifestaciones ciudadanas [con notables excepciones como las Marchas de la dignidad de 2014, marchas que este año pincharon en relación a su capacidad de convocatoria]. Es evidente que, desde entonces, ha habido una desactivación de la calle, seguramente porque muchos ciudadanos perciben que sus reivindicaciones pueden ser reconducidas institucionalmente por formaciones políticas de nuevo cuño. Por este motivo, ¿por qué el Gobierno insiste en aprobar una ley que le enmarca en el grupo de Gobiernos con tics autoritarios, más que partidarios de provocar que las mayorías silenciosas sean cada vez mayores?
  • Estamos ante una ley muerta al poco de nacer, de manera que el Gobierno y el partido que la sustenta asume el coste político de una norma que se antoja inútil en sus grandes líneas.
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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en activo
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