El arranque del curso político ha destapado dos estrategias en Génova que se complementan con la exposición de Mariano Rajoy ante los medios de comunicación que ya hemos visto durante todo el verano y que continúa estos días: La intención de agotar la legislatura lo máximo posible y la utilización del proceso catalán como argumento de cara a las elecciones generales.

Elecciones generales en diciembre

Mariano Rajoy despejó parcialmente la incógnita y anunció que las elecciones generales serán en diciembre. El presidente del Gobierno estuvo en el programa que la estrenó recientemente Carlos Herrera en la COPE y, ante la pregunta de cuándo serán los comicios, respondió a su manera que en el entorno del 20 de diciembre:

«Saque usted ese titular, lo más probable es que el 20 de diciembre haya elecciones en España».

El argumento oficial para hacer que los españoles afronten la campaña de Navidad en plena campaña electoral es la necesidad de dejar aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2016, una decisión que el Ejecutivo adoptó antes del verano en previsión de que las urnas arrojen un Parlamento tan fragmentado como los que resultaron de los comicios del pasado 24 de mayo. Entre las razones oficiosas figuran los siguientes motivos:

• El Gobierno insiste en la recuperación económica, de manera que los españoles podrán afrontar las fiestas navideñas (y el gasto que conlleva) con una mayor alegría respecto a los años anteriores. Para entonces, se cree que las previsiones económicas habrán confirmado el crecimiento superior al 3%, con su efecto directo en el dato de paro, que volverá a reducirse debido a la campaña de Navidad.
• Para el 20 de diciembre -aunque hay quien maneja la fecha del domingo 13 como la más probable para convocar las elecciones-, los trabajadores asalariados ya habrán cobrado la paga extra de Navidad; en este punto, interesa especialmente un segmento concreto de la población: los funcionarios y empleados públicos, a lo que el Gobierno no lanza de mensajes y loas desde hace semanas ante la evidencia de un castigo hacia el PP entre sus filas.
• Los sondeos plantean  una recuperación de la expectativa del voto del PP (también del PSOE) según pasan las semanas. Entre los motivos, la puesta en marcha de las primeras medidas en los consistorios controlados por las plataformas ciudadanas y los gobiernos autonómicos de coalición. Indirectamente, también se pretende descontar el desgaste por la indefinición de formaciones como Podemos y C’s, a las que parece que les está pasando factura el retraso de la convocatoria electoral.
• El factor desmovilización: España es un país de tradiciones. Por ejemplo, la actividad política y social el país se paraliza en fechas clave como el viernes anterior a la Semana Santa, el 15 de julio (y más el 1 de agosto) por el periodo vacacional y el 15 de diciembre por las celebraciones navideñas. Convocar las elecciones el 20 de diciembre significa: Que la campaña electoral se encontrará con fechas clave como el puente de la Constitución y que los votantes acudirán a las urnas entre celebración y celebración de Navidad. Si, como parece, una alta movilización implicaría un peor resultado para el PP en las urnas, a Génova le interesa retrasar lo máximo posible la celebración de las elecciones con el fin, precisamente, de desmotivar a los electores que, a priori, parecen tener mayor incentivos para acudir a las urnas: los partidarios del cambio.
• Por los réditos que pueda sacar del conflicto con Cataluña, que el Gobierno habría decidido atacar aprovechando la campaña electoral y que las opciones del PP en esta CCAA son escasas (todos los sondeos le sitúan por debajo del 10% en intención de voto). De esta manera, no se da por perdida la batalla catalana y se utiliza como pegamento para movilizar a sus votantes, esos dos millones que, se estiman, se quedaron en casa en las anteriores municipales  y autonómicas y a los que se dirigen los mensajes de la cúpula ‘popular’ desde entonces.

Cataluña como argumento clave de movilización

El curso político arrancó el día 1 de septiembre con la proposición de ley presentado por el PP para reformar la Ley del Tribunal Constitucional para suspender o inhabilitar a los dirigentes que incumplan sus sentencias con un argumento: dotar al Alto tribunal de herramientas para hacer cumplir las sentencias que dicta. Y eso a pesar de que el TC asegura no tener constancia de que haya muchas sentencias incumplidas.

La iniciativa fue presentada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, que estuvo acompañado por el cabeza de lista del PP catalán, Xavier García-Albiol, que por casualidad nada casual se encontraba de paso por Madrid. García-Albiol, que incluso realizó declaraciones ante la prensa, dejó claro la intención de la propuesta que, según el Gobierno y el partido, buscaba el apoyo del PSOE y de Unió:

«Es un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España de que la broma se ha terminado».

Horas después, ante la constatación de la tendencia del PP a legislar para enfrentar casos particulares -en este caso, la intención del Parlament catalán de aprobar una declaración unilateral de independencia en función de los resultados de las elecciones del 27 de septiembre-, tanto el partido como el Gobierno tuvo que salir a matizar que se hablaba en términos generales y que se buscaba fortalecer el Estado de Derecho.

El daño estaba hecho. Con una simple comparcencia, se ponía en evidencia del penúltimo intento del Gobierno y del PP por aprobar una norma antes de que el nuevo Parlament pueda proseguir la hoja de ruta firmada por los partidos favorables a la independencia. De esta manera, se exhibía abiertamente el temor que hay en Génova, un sentimiento que se intenta contrarrestar con un ataque directo de consecuencias estudiadas:

• El PP tomaba la iniciativa a menos de un mes de las elecciones autonómicas del próximo 27 de septiembre. Ergo: el PP pasa a la acción adoptando la vía frentista ante los partidos soberanistas, acentuando la tendencia a aparentar que no existe un problema en Cataluña más allá de un problema jurídico (que no político). Ésa es la impresión que queda a pesar de los intentos de Génova por señalar que ésta era una propuesta prevista y que no tenía sentido posponerla por que Artur Mas hubiera adelantado las elecciones autonómicas un año.
• Se ponía en marcha un plan en el TC y se hacía precisamente después de repetir por activa y por pasiva que en ningún momento se había violado la ley y que la consulta del 9N no había sido legal. Con esta decisión, se alude indirectamente a dicha consulta, a la que se da estatus de ley (al plantear la violación de la sentencia del TC al respecto). Es decir, Génova y Moncloa retroceden en relación a su propia estrategia para enfrentar el problema.
• El PP buscaba el acuerdo del PSC y de Unió, un apoyo que le ha sido negado. El PSOE, incluso, inició contactos para conformar un bloque de oposición en el Congreso de los Diputados ante el giro ‘popular’, una iniciativa inútil si se tiene en cuenta la mayoría absoluta del PP. Cabe señalar que este movimiento se produjo cuando el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se encontraba en América Latina vendiendo una imagen de candidato presidenciable.

La posición del Gobierno y del PP con respecto a Cataluña se completa con la presencia masiva de Mariano Rajoy en esta CCAA durante todo el mes. El fin de semana clausuró la Escuela de verano del PP, que este año se celebró en Cataluña, y este martes visita la planta de Seat en Martorell. Está previsto que Rajoy protagonice cinco actos durante la campaña propiamente dicha, con apoyo expreso del PP europeo durante el cierre.