Una de las consecuencias de la gestión política y económica del Gobierno central en esta legislatura ha sido el cambio en la percepción de la construcción del modelo de Estado. Desde la multitudinaria celebración de la Diada de 2012, hemos visto la tensión creciente entre el centro y la periferia del sistema, un problema secular que, por ejemplo, estuvo detrás del alzamiento militar de 1936.

Podemos hablar de los déficits en la construcción del Estado-nación español que se intentó suplir durante la Transición política o de un problema que se resolvió en falso con la construcción improvisada del Estado autonómico. De lo que no queda ninguna duda es de que todo ese entramado se ha puesto en cuestión durante esta legislatura que acaba por varios factores:

• La crisis ha puesto en evidencia los problemas de la construcción del Estado. Las CCAA han pasado a ser, desde los años 90, las entidades administrativas que se encargan de dispensar dos de los servicios sociales propios del Estado de bienestar español (sanidad y educación) y eso a pesar de carecer de una financiación acorde. Este problema se ocultó, durante dos décadas, con impuestos  derivados de la burbuja inmobiliaria y de las ayudas procedentes de la UE. Cuando fallaron esas dos fuentes de ingresos, el emperador quedó desnudo.
• Las tentaciones de recentralización de un Gobierno central más preocupado en responder a las demandas de los acreedores extranjeros y que construyó un discurso en torno al derroche de los gobiernos autonómicos, un derroche que, en la gran mayoría de los casos, era irreal. En su haber, las medidas aprobadas en sanidad y educación, algunas tan polémicas como la LOMCE o la prohibición de atención a los inmigrantes en situación irregular.
• Un modelo de financiación autonómica percibido por injusto por casi todos los actores, bien por exceso o bien por defecto.
• El fracaso de un modelo de país sacralizado durante la Transición y cuyas costuras han saltado por los aires durante esta legislatura. A los problemas de representación manifestados por capas amplias de la población se unieron los casos de corrupción que han salpicado a todas las instituciones del Estado (Monarquía, Poder Judicial, parlamentos regionales) y a malas prácticas puestas en evidencia en todos los niveles administrativos. Si tenemos en cuenta que este ventilador se ha puesto en funcionamiento en mitad de recortes sociales y de un adelgazamiento de nuestro raquítico Estado de bienestar, el cóctel no ha podido ser más explosivo. No ayuda la tentación del establishment por evitar que se mueva una coma para dar solución a algunos de los problemas que se han puesto de manifiesto durante los ùltimos cuatro años.
• La escasa cintura política de las fuerzas políticas para anticiparse a los problemas. En 2012, una parte importantísima de la sociedad catalana mostró su malestar ante el statu quo actual, algo que se venía gestando durante años. En el recuerdo, la campaña del PP contra el Estatut aprobado en referéndum, sus recursos ante el TC y la anulación de artículos que, precisamente, daban cobertura identitaria. Las consecuencias las estamos viendo desde entonces: el 80% de los catalanes apuesta por celebrar un referéndum que decida sobre el encaje de Cataluña en el resto del país y el porcentaje de independentistas ha pasado de un 20-25% estimado hace una década a porcentajes que se acercan al 50%. Y todo ello mientras se suceden los pasos acordados por las fuerzas independentistas para desconectar Cataluña, a los que el Gobierno central ha respondido combinando el silencio con las amenazas pero, en ningún caso, con una propuesta política. El apoyo del PSOE a aplicar la mano dura no ayuda en exceso a rebajar la tensión, sobre todo en un ciclo electoral tan largo como el que concluirá el próximo 20 de diciembre.

La combinación de estos factores ha tenido un efecto directo en la concepción del modelo de país, con caídas espectaculares del apoyo al Estado autonómico mientras aumentaban los partidarios de optar por la recentralización política o por la mayor descentralización posible. Así, el barómetro correspondiente al mes de septiembre de 2012 situaba el apoyo al Estado autonómico actual en el 29.4% (frente al 39% que reclamaba recentralizar y el 18% que reclamaba descentralizar). Este porcentaje tan bajo volvió a repetirse en el barómetro correspondiente al mes de noviembre, cuando el apoyo al modelo actual cayó al 29.9% (con un 29.9% que apostaba por recentralizar y un 25.8% que reclamaba una mayor descentralización).

Desde entonces, hemos visto cómo se ha ido recuperando poco a poco el apoyo al modelo autonómico, hasta el apoyo del 38.3% registrado en el último estudio del CIS. De acuerdo a los datos recogidos durante el mes de octubre, las opciones de recentralización sumaban el 28.4% de los apoyos mientras que un 16.4% reclamaba una mayor descentralización y un 8.8% pedía que las CCAA pudieran declararse Estados independientes, un porcentaje que alcanzó su máximo, el 12.4%, en noviembre de 2014 (11.5% en el mes de octubre y 11.1% en septiembre).

En este post iremos un paso más allá y analizaremos los datos en relación al modelo de Estado atendiendo a la división autónomica. Para ello, usaremos como base el estudio preelectoral del CIS elaborado en Cataluña ante el 27-S, los barómetros preelectorales del CIS publicados con motivo de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, el barómetro preelectoral del CIS de Andalucía de marzo de este año y los barómetros preelectorales del CIS con motivo de las últimas elecciones autonómicas celebradas en Euskadi y Galicia, en octubre de 2012.

Con el fin de aclarar las posiciones, estableceremos tres grupos: Las CCAA con porcentajes de apoyo al Estado autonómico superiores a la media del último barómetro del CIS; las CCAA que registran apoyos superiores al 10% en relación a la posibilidad de CCAA que se puedan convertir en Estados autonómicos; y CCAA con porcentajes superiores a la media del país en relación al Estado autonómico.

CCAA cómodas con el modelo autonómico

En este grupo encontramos una CCAA histórica (Galicia), otra con fuerte sentimiento nacional (Canarias), dos CCAA con fuerte pasado socialista (Andalucía y Extremadura) y dos mediterráneas (Murcia y Comunidad Valenciana).

En Galicia, el apoyo al Estado autonómico llegaba en 2012 al 47% (+8.7 puntos respecto a la media nacional), con un 31.4% (-3 puntos respecto a la media nacional) que apostaba por recentralizar (20.9% a favor del Estado unitario y 10.5% a favor de que el Estado recupere transferencias cedidas) y un 12.4% que apostaba por descentralizar aún más el Estado (sólo el 3.3% se inclinaba por las opciones independentistas).

En Canarias, el Estado autonómico es apoyado por el 39% de sus votantes, apenas 0.7 puntos respecto a la media nacional. Sí hay diferencias, en cambio, en relación a la recentralización del paí, con un 14.4% que apoya el Estado unitario o reducir el nivel competencial. A la inversa, el 30.7% apuesta por federalizar más el Estado, con un 2.6% que reclama la posibilidad de independencia.

Andalucía y Extremadura han sido, junto a CLM, feudos del PSOE, algo que, con matices, se volvió a repetir tras las elecciones del pasado mes de mayo. También son las CCAA en las que hay un mayor sentimiento de cercanía hacia el Estado autonómico. Así, en Andalucía lo apoya el 54.7%, +16.4 puntos respecto a la media nacional, un récord en relación al resto de CCAA. Las opciones de recentralización convence al 20.9% de los votantes (13% a favor del Estado único, -5.5 puntos respecto a la media nacional) mientras que las posibilidades de descentralización llegan al 15.9% de los votantes (14.2% a favor de federalizar más el Estado).

En Extremadura, el 52.2% apuesta por mantener el statu quo actual (+13.9 puntos por encima de la media), con un 29% que reclama una mayor recentralización del Estado (21.3% apuesta por el Estado unitario, un porcentaje por encima de la media recogida en el último barómetro del CIS). El 10.4%, por su parte, opta por descentralizar más el Estado o por la opción de independencia (sólo 1%).

Murcia y la Comunidad Valenciana comparten ubicación geográfica (ambas son CCAA costeras y mediterráneas) y casi 20 años de gobiernos del PP (Murcia sigue gobernado por un popular tras el apoyo de C’s). Esta evidencia matiza las acusaciones que suelen realizarse en torno a la uniformidad de los dirigentes, militantes y simpatizantes del PP, muchos más diversos de lo que a priori pueda revelar su disciplina interna.

Eso explica, por ejemplo, que dos CCAA gobernadas durante años por este partido no tengan demasiados problemas para hablar del Estado autonómico o incluso para descentralizarlo aún más [en este punto conviene recordar la llamada ‘cláusula Camps’ que se incluye en el reformado Estatuto de autonomía valenciano].

En Murcia, el Estado autonómico convence al 40.6% de sus ciudadanos, +2.3 puntos por encima de la media, con un 34.9% que apuesta por la recentralización (21.7% a favor del Estado unitario) y el 16.1% apostaría por descentralizarlo aún más, casi 10 puntos por debajo de la media nacional.

En la Comunidad Valenciana, el modelo actual suscita el apoyo del 38.8% de los votantes (medio punto por encima de la media del país), con un 33.6% que estaría de acuerdo en recentralizar (2 de cada 10 apostaría por el Estado unitario) y un 18.1% que vería con buenos ojos descentralizar más el Estado (13.6% estaría a favor de aumentar el nivel competencial de las CCAA):

CCAA que tienden a la recentralización

En este grupo figuran las CCAA históricas de la Meseta (Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha), además de La Rioja, Asturias, Aragón y Cantabria. Hay que sumar también a las Islas Baleares.

La Comunidad de Madrid tiene el privilegio de ser la CCAA en la que menor apoyo registra el modelo autonómico actual: El 26.6% está cómodo  frente al 46.9% que apuesta por la recentralización del país (+18.5 puntos respecto a la media del país). En este grupo, el 24.7% pide recentralizar el Estado y un 22.2% reclama que el Estado recupere competencias. Por el contrario, el 16.2% estaría cómodo descentralizando (11.8%) o recogiendo opciones independentistas (4.4%). Una explicación a estos datos tienen que ver con la categoría de Madrid como capital de España, lo que le convierte en centro del poder político, social, empresarial e incluso cultural. No necesita pensar en grados competenciales: Por su propio estatus, ya los tiene todos presentes:

Si Madrid tenía el privilegio de cosechar el menor porcentaje de apoyo al Estado autonómico, Castilla y León tiene el honor de tener el mayor porcentaje de ciudadanos a favor del Estado unitario: 32.9% frentea al 18.5% de la media nacional. El apoyo al Estado autonómico es del 34.1%, casi similar a los que apuestan por un cambio total de modelo. El 13.7% reclama recentralizar competencias. Sólo el 9.8% apuesta por aumentar la descentralización (7.4%) o la posibilidad de independencia (2.4%).

En Castilla-La Mancha, otra de las CCAA con gobiernos históricos del PSOE, el apoyo al Estado autonómico es del 37.7% (-0.6 puntos respecto a la media nacional). Las pulsiones de recentralización llegan al 41% (25.3% a favor del Estado único, +6.8 puntos respecto a la media del país) mientras que las opciones federalizantes o independentistas se quedan en el 8.7%.

En La Rioja, el apoyo al Estado autonómico cae al 35.4% (-2.9 puntos respecto a la media del país), con un 41.4% que apuesta por el Estado único (20.2%, casi 4 puntos por encima de la media) o recentralizar (21.2%). Las opciones de descentralización convencen al 12.8% (sólo el 2.2% contempla la posibilidad de independencia):

En Aragón, el statu quo convence al 33.2% de sus ciudadanos. El 44% apuesta por el Estado unitario (22.8%) o por recentralizar competencias (21.2%), +15.6 puntos respecto a la media nacional. Por su parte, el 13.4% se sentiría cómodo si aumentara el nivel competencial de las CCAA (11.4%) o con la posibilidad de que las CCAA sean independientes (2%).

El Principado de Asturias también ha tenido gobiernos socialistas durante buena parte de su historia como CCAA; sin embargo, el apoyo al modelo autonómico es uno de los más bajos de las CCAA tradicionalmente escoradas a la izquierda. Así, el Estado actual convence al 32.4% de los votantes (casi 6 puntos menos de la media nacional), con un 14.4% que apostaría por descentralizar (12.1%) o por la posibilidad de independencia (2.3%). El 43%, en cambio, apostaría por la fórmulas de recentralización: El 24.2% querría un Estado único (sólo superado por CLM en relación a las CCAA gobernadas tradicionalmente por el PSOE) y un 18.8% apostaría por recuperar grado competencial.

En Cantabria, el 32.4% apostaría por el Estado actual (casi 6 puntos por debajo de la media del país); el 36.4% se sentiría cómodo en la recentralización (14.2% apostaría por un Estado único y un 22.2% por rebajar el nivel competencial de las CCAA); y el 13.1% apostaría por descentralizar más el Estado (11.2%) o por la posibilidad independentista (1.9%).

Por último, tenemos el caso de Baleares, donde el modelo actual convence al 35.6% del electorado  (-2.7 puntos respecto a la media nacional). El 18.9% apuesta por recentralizar, con un 10.7% que reclama un Estado unitario. Sin embargo, el 31.4% reclama un mayor grado de descentralización, con un 24.7% que reclama que el Estado central transfiera más competencias a las CCAA,un porcentaje sólo superado por Canarias y Cataluña. Una explicación de esta opinión puede estar en su insularidad y en el hecho de ser una CCAA mediterránea:

CCAA con fuerte apoyo independentista

En este grupo aparecen tres CCAA: Cataluña, que es la que protagoniza una mayor tensión del independentismo respecto al Estado central; Euskadi; y Navarra. Cada una a su manera ha liderado, y lidera, la crítica a la construcción del modelo actual. Así, tenemos dos CCAA que tienen un sistema de financiación propio (el cupo y el concierto), que no genera una fuerte polémica en relación a las elites del país, y dos de las nacionalidades históricas, protagonistas de las tensiones entre el eje centro/periferia y que motivó el llamado ‘café para todos’ en el que sustenta nuestro régimen.

Cataluña, desde 2012, muestra una desafección creciente ante su pertenencia al Estado español, un proceso en el que se ha combinado lejanía emocional respecto al proyecto nacional español, fuerte anticatalanismo por parte del partido que sustenta el Gobierno central y todo ello remozado con aspiraciones económicas. La ruptura con el proyecto autonómico es importante, algo que se refleja claramente en el barómetro del CIS preelectoral que utilizamos como base de nuestro análisis.

Cataluña es la CCAA donde el porcentaje de independentistas es mayor. El 46.1% estaría de acuerdo con que las CCAA pudieran convertirse en Estados, +37.3 puntos por encima de la media nacional. También es una de las CCAA que mayor porcentaje de ciudadanos apoyan una construcción más federal del Estado: 27.8%, +11.4 puntos por encima de la media. Entre ambos grupos suman el 73.9% de su electorado, algo que ya indica por sí solo la dimensión del problema en una de las CCAA que más aportan al PIB nacional.

El apoyo al modelo autonómico es de sólo el 9.7% (-28.3 puntos respecto a la media del país), con un 13.2% que reclama recentralizar el país: el 8.3% apuesta por el Estado único, con un 4.9% que pide rebajar el nivel competencial de las CCAA.

Euskadi es la segunda CCAA en la que  existe mayor número de independentistas: el 28% estaría a favor de esa opción, casi 19 puntos más que la media del país. El 24.6% de sus votantes apostaría por aumentar el nivel competencial de esta CCAA (+8.2 puntos respecto a la media), con un 30.4% que dice sentirse cómodo en el modelo actual (casi 8 puntos por debajo del 38.3% registrado en el último barómetro del CIS). El 7.7% apostaría por recentralizar el Estado, con un 3.7% que apostarí a por el Estado único (un porcentaje muy bajo en comparación, por ejemplo, de Cataluña):

En Navarra ocurre algo parecido aunque el apoyo al modelo autonómico es superior al de Euskadi: el 39.4% se siente cómodo en esta opción, un porcentaje superior al de la media del país. El 41% apostaría por fórmulas de descentralización, con un 16.6% que se declara independentista (casi el doble que la media nacional) y un 24.4% que se inclina por opciones de federalización. La recentralización sólo convence al 10.1% de los votantes

A partir de este punto, podemos seguir jugando a que España es una masa uniforme de ciudadanos que opina de forma muy parecida respecto a uno de los temas esenciales de la construcción estatal. Si se aborda el problema de frente, habrá que convenir que existen distintas aspiraciones, legítimas en todos los casos, en función de los territorios que conforman el Estado autonómico español y actuar en consecuencia. Una de las propuestas que a veces se ponen en circulación pasa por el fin del ‘café para todos’ y por la recuperación de competencias de CCAA que nunca quisieron esas transferencias. Puede no ser un mal comienzo y CCAA como Murcia o Madrid se han pronunciado en varias ocasiones en torno a esta posibilidad.