Viñeta de Ferran publicada en republica.com

Primera sesión del juicio por el caso Noos. La abogada del Estado Dolores Ripoll ha defendido la aplicación de la llamada doctrina Botín al caso de la infanta Cristina. Frente a la acusación particular, representada por Manos Limpias, ha pronunciado la que puede ser una de las frases del juicio: El lema «Hacienda somos todos» no puede ser aplicado a la infanta. Según Ripoll, sólo se trata de un eslogan publicitario creado para meter miedo a los contribuyentes (se entiende que pertenecientes al pueblo llano), pero que carece de efecto jurídico alguno.

No sabemos si la declaración de Ripoll tenía como objetivo ignorar el principio de igualdad recogido en el artículo 1 de la CE: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». También en el artículo 14 de la CE: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»). Tampoco sabemos si, con su afirmación, pretendía exonerar a la infanta de obligación tributaria recogida en el art. 31.1. de la CE: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

Al negar la validez jurídica de la frase «Hacienda somos todos», la abogada del Estado asumía el precepto ampliamente extendido de que el entramado del ingresos de España se sostiene gracias a las aportaciones de las rentas del trabajo y de las pymes. Es decir, asumía la idea de que «Hacienda somos todos (menos unos pocos)».

La anécdota se convierte en categoría cuando recordamos la diferencia de nacimiento que rige en la condición de infanta de España. También si tenemos en cuenta la sobreprotección que, durante décadas, rigió en torno a la Familia Real y círculos concéntricos, también en relación a la fortuna de sus miembors. Hablamos de una práctica generalizada del sistema (y de los medios de comunicación) que sólo se corrigió parcialmente con la caída en desgracia del Rey Juan Carlos y con las dosis de transparencia publicitadas por el actual monarca.

La anécdota pasa a ser aún más categoría si pensamos en este largo proceso judicial y en los intentos de evitar, precisamente, lo que está ocurriendo estos días: Que la infanta se sentara en el banquillo de los acusados junto a cargos políticos de Baleares y Comunidad Valenciana que, presuntamente, regalaron dinero público sin control al duque consorte, esposo de la infanta Cristina, por informes copiados o, directamente, inexistentes por ser quien era.

Como escribía este lunes en diario El Mundo Agustín Pery, Iñaki Urdangarin se aprovechó del provincianismo que picó a buena parte de los representantes políticos en la época de las vacas gordas: «Enfrente tenía a una ralea de políticos provincianos, no por su origen sino por acción y convicción. Ellos, y mucho más él, querían ser molones, fardar de regios contactos, intimar con los royals, como si aquel elevado compadreo confiriera poderes sobrenaturales. Eso es lo que explotó sin ambages el marido de la Infanta».

La primera jornada del juicio por el caso Noos ha vuelto a confirmar que ese mal sigue estando presente en los estamentos del Estado, quién sabe si absolutamente escandalizados porque la hija del Rey emérito esté sentada en el banquillo de los acusados por un presunto delito de fraude fiscal.

Y todo llega cuando estamos a punto de realizar los pagos de IVA y de IRPF correspondientes al último trimestre de 2015 y a pocos meses de que arranque la campaña de la declaración de la Renta. Será magnífico ver la campaña de publicidad con la que Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda tratarán de minimizar el impacto negativo de unas declaraciones como las que defendió la abogada del Estado, que parecía actuar más como abogado defensor de la infanta que de representante legal de los intereses generales.

Cada día es más difícil tomarse este país en serio.