Viñeta de Ferran en republica.com
El ruido mediático, que por ahora sigue centrado en el PSOE y en la forteleza de Pedro Sánchez y su equipo para aguantar la presión de lo que ya podemos denominar sector crítico del partid, está consiguiendo silenciar que, desde que comenzamos el año, el PP vuelve a estar inmerso en casos de corrupción que puede dificultar su política de pactos con C’s. Y eso a pesar de que Albert Rivera aseguró que no se puede arrinconcar al PP a pesar de que estallen estos casos en estos momentos.
El PP valenciano, otra vez en el punto de mira
Es evidente que Génova tiene un problema con su partido en la Comunidad Valenciana y que, hasta este viernes, cuando decidió nombrar una gestora que refunde el partido allí, se ha mostrado incapaz de afrontar con decisión una estrategia para devolver un mínimo de decencia a la organización en esta CCAA. Palabras como las de Rajoy, señalando que «quizá» el partido no fue todo lo diligente que hubiera tenido que ser no ayudan precisamente a limpiar la imagen de quien aspira a volver a ser presidente del Gobierno. Es imposible que Génova pueda contrarrestar medianamente el efecto que causa portadas como la de El Mundo del pasado miércoles:
Esta semana, ha caído el hombre fuerte del partido en Valencia y buena parte de los que acompañaron a Francisco Camps durante los tiempos de vino y rosa del partido en esta CCAA. Alfonso Rus fue detenido junto a 23 personas más, entre ellos Emilio Llopis, ex jefe de gabinete y mano derecha de Rus en la corporación valenciana, y los ex vicepresidentes Juan José Medina y Máximo Caturla (que todavía actuaban como asesores del partido en la la Diputación), por supuestos delitos de blanqueo y corrupción local y regional.
Se investiga una presunta red internacional de pago de comisiones, organizada y jerarquizada, que mordía de contratos públicos revistiendo de legalidad numerosas adjudicaciones millonarias, y el Ayuntamiento de Valencia, durante los mandatos de Rita Barberá, se encuentran en el punto de mira.
También han sido imputados (investigados, según la terminología aprobada en la reforma del Código Penal) 29 personas más en una trama que habría estado cobrando comisiones del 3% por las adjudicaciones que concedían las empresas públicas que tenía bajo su control [volvemos a ver, por cierto, que el 3% era la cifra mágica con la que los partidos habrían estado asegurándose una suerte de financiación ilegal durante los tiempos del boom inmobiliario]. Entre los imputados figuran personas llamadas a ser la renovación del PP en esta provincia, como Alfonso Novo, o Luis Salom, asesor del PP municipal más conocido por sus polémicas en Twitter.
La respuesta de Génova no se hizo esperar esta vez: En cuestión de horas, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP acordó la suspensión de militancia de las personas detenidas en el curso de esta operación policial
El caso Acuamed salpica a Arias Cañete
La investigación del llamado caso Acuamed se podría haber llevado las aspiraciones de Soraya Sáenz de Santamaría de convertirse en el relevo a Mariano Rajoy si las negociaciones parlamentarias finalmente avanzaran en esa dirección. La dimisión del subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, número tres de la vicepresidenta, pretendía apagar ese fuego que también salpicaría a la directora general del agua, Liana Sandra Ardiles, y al ex ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete (actualmente comisario).
El caso Acuamed estalló tras las primeras detenciones efectuadas en la operación que investiga la AN para determinar posibles delitos, entre ellos el de fraude, en contratos públicos inflados en el presupuesto y adjudicados para desarrollo de obras públicas relacionadas con el suministro de agua en la cuenca del Mediterráneo.
Hablamos de una empresa pública creada en la primera Legislatura de Zapatero para gestionar el abastecimiento de agua en el Mediterráneo tras descartar el Plan Hidrológico Nacional (con el polémico trasvase del Ebro que tanto quebraderos de cabeza dio al PP entre 2000-2004). Esta empresa se creó para gestionar fundamentalmente la construcción y puesta en marcha de las desaladoras de Alicante, Murcia y Almería, obra por la que España recibió subvenciones de la UE que podríamos tener que devolver.
Desde el punto de vista judicial, un testigo ha señalado a Miguel Arias Cañete como responsable de las adjudicaciones ilegales. Ante nuestro desconocimiento de la materia, copiamos la información que se publicó en La Vanguardia al respecto:
«El testigo ha asegurado que el 24 de marzo de 2014 el máximo responsable de la compañía, Arcadio Mateo, intentaba obligar a que se adjudicase irregularmente a FCC la infraestructura de la desaladora de Bajo Almanzora. Mateo explicó a sus subordinados que no podían negarse, ya que estas no eran órdenes suyas, sino del propio ministro de Agricultura.
La instrucción del caso recoge que las adjudicaciones irregulares estaban “pactadas desde muy alto nivel desde el Ministerio”, aunque no especifica ningún nombre. Así, la adjudicación se hizo finalmente a FCC por 8 millones de euros más de lo que costaba inicialmente la infraestructura y además se pagó con dinero público el 40% de los desperfectos realizados por FCC durante la obra».
Bárcenas: La pesadilla que no termina para el PP
El PP deberá comparecer ante la juez número 32 de Madrid por borrar los discos duros de los ordenadores del ex tesorero del partido. Esta declaración tendrá lugar la próxima semana y se busca averigurar lo que ocurrió. Por eso se ha citado para que declaren como testigos a Luis Bárcenas, a su secretaria Estrella Domínguez, al jefe de Seguridad de la sede nacional del PP en el momento de los hechos y el abogado del partido. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la causa porque no se investigó quién ordenó destruir los equipos informáticos del ex tesorero, investigado por su implicación en el caso Gürtel y en la posible trama de financiación ilegal del partido durante décadas.
CODA. Éste es el partido con el que históricos del PSOE, como Felipe González, y ex ministros socialistas, amén de algunos de los barones territoriales, buscan formalizar una suerte de gran coalición a la alemana o bien un Gobierno del PP facilitado por la abstención socialista en la investidura.
Estos días, hemos visto cómo líderes del partido en los años ’80 se han posicionado claramente contra la intención de pactar un gobierno de izquierdas con Podemos. Ahí tenemos la posición de Felipe González, con la opinión de que Podemos es una especie de «leninismo 3.0«, o los exabruptos de José Luis Corcuera contra periodistas que, a su juicio, están demasiado cerca de la formación morada.
Felipe González: «El comportamiento arrogante de los líderes de Podemos, con humillaciones que ponen al descubierto cuáles son sus verdaderas intenciones, no se debe aceptar. Esos dirigentes, con el debido respeto que merecen sus votantes y los grupos que se han sumado a las distintas plataformas, quieren liquidar, no reformar, el marco democrático de convivencia, y de paso a los socialistas, desde posiciones parecidas a las que han practicado en Venezuela sus aliados. Pero lo ocultan de manera oportunista. Del mismo modo, dejaron de hablar de Grecia cuando más lo necesitaron sus amigos. Son puro leninismo 3.0. Para colmo, plantean también con disimulo la autodeterminación, algo que contradice un proyecto para España como espacio público que comparten 46 millones de ciudadanos que quieren ser tratados como tales, también para decidir en igualdad de derechos y obligaciones su destino común».
Ninguno de estos dirigentes, que decidieron romper su silencio pocas horas antes del Comité Federal que se celebra este doingo, se han referido en ningún momento a la corrupción que salpica al PP y que, en un país normal, provocaría que estuviera inhabilitado para ejercer cualquier liderazgo que revalide su presencia en el Palacio de la Moncloa.
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