Éstas fueron las portadas con las que abrieron los periódicos de información general editados en Madrid y Barcelona:
Evidencia número 1: El PP tiene un problema con la corrupción política y con la imagen que proyecta. Desde que estalló el caso Gürtel que, recordemos, Génova atribuía a un complot judicial auspiciado por el ministro de Interior de aquel momento, Alfredo Pérez Rubalcaba, el PP se ha mostrado incapaz de abordar de manera seria un problema que tiene bastante más peso en sus resultados electorales de lo que parece. Lo ocurrido en relación a los llamados Papeles de Bárcenas o en la Operación Púnica acaba con la idea de que en una organización tan grande como el PP es posible que haya personas individuales corruptas pero que eso no supone que toda la organización lo sea. En todos los casos hablamos de altos cargos del partido cometiendo ilegalidades mientras la ciudadanía se sometía a brutales ajustes y recortes del gasto público aprobadas por las Administraciones que presidían.
Evidencia número 2: Primero fue el caso Gürtel el que puso la base de un presunto delito de enriquecimiento personal de la cúpula del partido y de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid sobre todo. No deja de tener su gracia que ambas CCAA eran puestas como el ejemplo del avance del poder del partido durante los años del dominio de José María Aznar. Ambos territorios simbolizaban el granero de votos del poderío del PP desde mediados de los años 90 y se ha mantenido hasta que las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2015 actuaron de catalizador del malestar ciudadano.
Evidencia número 3: En mayo de 2011 se dijo abiertamente, en las plazas de España, que el emperador estaba desnudo. Desde entonces, los partidos políticos más señalados por la sociedad han intentado responder con más o menos acierto a las demandas de castigos hacia los presuntos corruptos que se encontraban en sus filas. En el caso del PP, parece claro que ese castigo ha sido insuficiente, como muestra la última fase de la Operación Púnica, que este jueves propició el registro de la planta en la que se encuentran las oficinas del PP de Madrid en la sede de Génova 13:
De nuevo, la documentación de Francisco Granados, ex hombre fuerte del PP de Madrid y mano derecha de una amnésica Esperanza Aguirre, vuelve a apuntalar la sospecha de financiación ilegal en el partido durante los años de mayorías absolutísimas en la CAM.
Evidencia número 4: La dirección nacional del partido debe fiarse muy poco de lo que ha ocurrido durante los últimos años en los feudos del poder territorial del PP. Ahí está la decisión de montar una gestora que refunde el partido en la Comunidad Valenciana o las declaraciones de María Dolores de Cospedal, antes muy vinculada a Esperanza Aguirre, señalando que fue ella la que insistió en buscar acomodo a Beltrán Gutiérrez, salpicado en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y cuya vivienda fue sometida a registro el pasado jueves en el marco de la Operación Púnica.
Evidencia número 5: A menudo se señala que en España no se castiga la corrupción de los partidos políticos y que, si hoy hubiera elecciones, el PP volvería a ser el partido con más apoyo, según indican todos los sondeos sobre intención de voto. Esta afirmación tiene muchos matices: Si bien la corrupción no suele ser la razón fundamental por la que la ciudadanía deja de votar a un partido concreto, sí suele servir de refuerzo para retirar el apoyo electoral a una formación política, especialmente en momentos de crisis económica. Así, por nuestra experiencia, si bien no se puede decir que corrupción sea igual a menos votos, sí podemos decir que crisis económica + corrupción suele avanzar un fuerte castigo en las urnas.
Sobre este asunto pueden dar muchas lecciones el PP (3.6 millones de votos menos en las últimas elecciones generales respecto a las de 2011), el PSOE-A (700.000 votos menos en las elecciones autonómicas de 2015 respecto a las de 2008 y 100.000 menos que las de 2012) o CiU (aunque en este caso también se sumó la penalización de la desunión ante el proceso independentista).
En este apartado también podemos hablar de comportamientos poco éticos, como el uso de las tarjetas black de Caja Madrid, o las famosas puertas giratorias, en una semana en la que esta semana hemos tenido tres ejemplos: Trinidad Jiménez (a punto de fichar por Telefónica), Elena Salgado (la ex ministra de Economía, que fichó por Endesa-Chile para saltarse la Ley de incompatibilidades en España y que ahora formará parte de Nueva Pescanova) y de Andrea Fabra (la niña bonita del PP de Castellón que ha pedido volver a su puesto en Telefónica que abandonó en 2007 para saltar a la política de la mano de su famoso padre y de su esposo).
Evidencia número 6: Las nuevas investigaciones sobre los casos de corrupción del PP llegan en plenas negociaciones sobre la formación del próximo Gobierno. Hace unos días, hablábamos de la debilidad de Mariano Rajoy, que ha pasado de llevar la iniciativa (aunque sin los votos) a quedarse en un segundo plano, a la espera de lo que pueda conseguir Pedro Sánchez. No en vano, este jueves, antes de conocerse la última operación policial respecto a la Púnica, Rajoy apuntaba que no creía que el último caso destapado en el Ayuntamiento de Valencia y que rodea a la ex alcaldesa Rita Barberá pueda mermar sus posibilidades de llegar a un acuerdo para la investidura. Una nueva muestra de que no hay más ciego que el que no quiere ver y de que Rajoy está desahuciado en este nuevo tiempo político, aunque sólo sea por estética.
Evidencia número 7: La corrupción tiene noqueado al PP. Resulta evidente que una organización tan grande, con hasta 800.000 militantes, está compuesta, en su mayoría, por gente honrada que, probablemente, asiste estupefacta a las informaciones que salpican de esta manera a referentes históricos del partido. Junto al asombro constante, sería de recibo que también hubiera un sentimiento de enfado ante la inacción de una cúpula que ha sido incapaz de atajar este problema por miedo, precisamente, a las consecuencias que podría tener para sus intereses atacar a referentes del partido, se llamen Carlos Fabra, Rita Barberá, Esperanza Aguirre o Ignacio González (desaparecido en combate pese a que sigue siendo secretario general del PP de Madrid).
Hipótesis: ¿Podría el PP ganar todo el prestigio perdido durante estos años si fuera capaz de una renovación que comenzara en su base? En este proceso, quedarían relegados casi todos los dirigentes que lo fueron todo durante los años de Aznar y que todavía siguen teniendo importantes cuotas de poder en el partido hoy.
No hablamos sólo de una posible retirada de Mariano Rajoy, algo que está en la agenda por la propia evolución de las conversaciones sobre la investidura, sino de dirigentes regionales que dieron su salto a Madrid tras el desplome de las elecciones municipales y autonómicas. Y de su sustitución por líderes que, aunque ya están ahí, no se encuentran salpicados, por el momento, por estos escándalos. Hablamos de Soraya Sáenz de Santamaría, de Alberto Núñez Feijoó, de Cristina Cifuentes (a la que habrá que seguir con atención en las próximas semanas), de Pablo Casado, Javier Maroto o Alfonso Alonso.
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