Nuevo terremoto político a raíz de la filtración de los #PanamaPapers. El primer ministro, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, presentó su dimisión tras la difusión de datos que apuntaban a que había creado, junto a su mujer, empresas offshore erradicadas en Panamá, país incluido el pasado verano en la lista de paraísos fiscales que elabora la Comisión Europea. Según las primeras indicaciones, estas empresas perseguían pagar menos impuestos y eso se produjo mientras el país atravesaba la quiebra total como país tras el desplome de su sistema bancario. El matrimonio ha negado esta circunstancia.

Gunnlaugsson había ganado fama por ser el primer político que aparece en las listas filtradas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que se sometió a una entrevista pública tras el escándalo. La reacción dejaba pocas dudas de la incomodidad del político ante la revelación informativa que se ha llevado por delante su carrera política.

El primer ministro islandés, en el poder tras las elecciones legislativas de mayo de 2013 que facilitó el Gobierno de centroderecha, negó inicialmente que estuviera dispuesto a presentar su dimisión y a convocar nuevas elecciones parlamentarias, decisión que fue modulando debido a dos circunstancias: La amenaza de una moción de censura por parte de la oposición; y la concentración pacífica de miles de personas en las puertas del Parlamento, este lunes, para exigir su renuncia.

Durante toda la tarde, se sucedieron varios movimientos que concluyeron con su dimisión:

• El primer ministro había solicitado al presidente del país, Olafur Ragnar Grimsson, la disolución del Parlamento tras no recibir un apoyo claro del Partido de la Independencia, su socio de coalición, que también tiene al ministro de Finanzas implicado en el escándalo. Esa decisión, que hubiera obligado a adelantar elecciones, le hubiera dejado al frente de un Ejecutivo en funciones y le habría servido para ganar tiempo.
• El presidente islandés se había negado, de primeras, a tomar esta decisión y había optado por reunirse con los líderes del resto de partidos y planeaba la posibilidad de que se pueda constituir un nuevo gobierno de centroderecha sin Gunnlaugsson al frente. La propuesta del titular de Agricultura como nuevo primer ministro apuntala esta salida política, que buscaría dos objetivos: 1) intentar frenar la caída en popularidad de los partidos en el Gobierno, de la que se podrían beneficiar a las demás formaciones en el caso de celebrarse elecciones anticipadas; 2) O ganar tiempo de cara a agotar la legislatura en primavera de 2017 (una suerte de control de daños). 
• La oposición, formada por socialdemócratas, Piratas, Izquierda-Verdes y Futuro Brillante, se había comprometido a hacer posible para favorecer el adelanto de las elecciones, previstas para la primavera de 2017, para lo que contaba con el apoyo de 30.000 firmas de ciudadanos que defienden ese escenario.

De una forma u otra, Islandia vuelve a recibir atención mediática debido a la reacción ciudadana ante la filtración de los documentos que afectan a su primer ministro pero también por los datos que recogieron, hace unos días, el último sondeo de Gallup para las elecciones legislativas. El Partido Pirata, una de las formaciones precursoras de lo que Podemos significó en España (o el M5S en Italia), sería el favorito para ganar los próximos comicios. De acuerdo a los datos, obtendría el 36.1% de los votos, +31 puntos respecto al resultado obtenido en las últimas elecciones, en las que consiguió tres asientos:

El movimiento político de este martes, más allá del romanticismo que suelen proyectar las revoluciones mediáticas, podría ir dirigido precisamente a evitar este triunfo, dado que es el único partido capaz de capitalizar el descontento ciudadano hacia unos partidos políticos que no han sabido proyectar ilusión y cambio real en el país.

Al menos así lo recoge el sondeo de Gallup. Los dos partidos que forman el Gobierno de coalición perderían apoyo en las urnas: por un lado, el Partido de la Independencia se quedaría en el 23.2% (desde el 26.7% obtenido hace tres años)y, por otro, el Partido Progresista, que lidera el primer ministro, se dejaría la mitad de su representación (del 24.4% al 12.1%). Los Verdes repetirían resultado y la Alianza Socialdemócrata pasaría del 9.5% a una estimación del 12.9%.

La Historia tiende a repetirse

Islandia fue el primer país que dejó quebrar todo su sistema financiero en 2008, durante el otoño que siguió a la caída de Lehman Brothers. Elegido el mejor país del mundo para vivir en 2007, asumía así las consecuencias de un modelo de crecimiento económico basado en el boom, a partir de 2001, del sector de la pesca (cuyos recursos fueron privatizados en los años 80), de la energía (en trámites de privatización cuando estalla la crisis financiera), del alumnio y de la banca y los servicios financieros (privatizados en la década de 1990). Islandia equivalía a «milagro económico», gracias a un sistema bancario, que suponía 10 veces del PIB del país y que tenía en su haber la triple A de las principales agencias de calificación hasta el mismo momento de su quiebra.

La concentración de este lunes, con la asistencia de 10.000 personas ante las puertas del Parlamento, y la recogida de firmas para la moción de censura volvieron a recuperar el mito de la revolución ciudadana que en otoño de 2008 e invierno de 2009 puso a Islandia en el mapa. Las manifestaciones y caceroladas acabaron con la dimisión del primer ministro (luego juzgado por su responsabilidad en la quiebra del país) y con la convocatoria de elecciones legislativa, que se celebraron en abril de 2009 y que permitió la entrada en el Parlamento del Movimiento de los Ciudadanos, formado por ciudadanos anónimos, sin experiencia política.

Hace tres años, en la serie sobre la movilización social y política en Islandia, escribimos lo siguiente:

«En el caso islandés, por el impacto de la movilización (25% de la población participó en algún momento) y por la estructura del país (poco habitado), se abre la puerta a considerar la la crisis como una oportunidad para construir un orden nuevo, basado en la equidad y la justicia, con un fuerte componente asambleario, en buena medida porque fue en los encuentros de ciudadanos en los que se ponen las bases para reclamar una sociedad  “justa y decente».

A pesar del empuje inicial, el cambio político y económico quedó muy limitado al mundo de lo simbólico: Se intentó llevar ante la justicia a los considerados responsables de la quiebra del país (aunque en la práctica, sólo dos personas respondieron por esos hechos) aunque sí se consiguió llevar al ex primer ministro Geir Haarde ante los tribunales (fue condenado por negligencia y mala gestión gubernamental, aunque no se le impuso ninguna pena).

En noviembre de 2011 se anunciaron elecciones para elegir una Asamblea constituyente que abordara la reforma del texto, que se redactó por un grupo de 25 ciudadanos de diferentes edades, profesiones y educación. El texto se presentó en  julio de 2011 al Parlamento y, seis meses después, se aprobó la propuesta de organizar un referéndum consultivo sobre el proyecto, que se aprobó con un apoyo del 66% pero con una participación inferior al 50%.

En abril de 2013 se constató la vuelta a la situación política anterior a la quiebra financiera del país, con la victoria de los dos partidos que habían sido objeto de escarnio público por la gestión de la crisis. Sin embargo, lo ocurrido estos días  en Islandia pone en evidencia lo que a veces hemos comentado en este blog: la existencia de una suerte de huella de activismo que se reactiva cuando se reciben ciertos estímulos.

En este caso, ha sido suficiente la implicación de Gunnlaugsson en los #PanamaPapers para que una parte de la ciudadanía haya considerado necesario echarse a la calle para mostrarle al primer ministro la puerta de salida. Su suerte estaba echada. También el aprendizaje de un sistema político que aprendió la lección de lo ocurrido en 2008, por lo que ha preferido sacrificar un peón para intentar ganar la próxima partida. 

CODA. Algunos datos sobre Islandia tiene 330.000 habitantes. Su PIB cerró 2015 con una subida del 4% (en 2010 cayó un 8.6%); y su PIB per cápita es de 45.500 euros (tiene el puesto décimo en la lista de los países mejor situados de acuerdo a este indicador). Su tasa de paro el pasado mes de febrero alcanzó el 3.1% de la población activa (8.6% en 2011) y la deuda pública, al cierre de 2014, era del 82.5% del PIB. No está en los niveles anteriores de la crisis (28% del PIB) pero queda también lejos del 130% alcanzado en el año 2011.