Existen dudas razonables de que la corrupción política no sea uno de los temas principales que pueden mover el sentido del voto en el caso de celebrarse nuevas elecciones generales. Para que no se nos olvide en qué país vivimos, cerramos una semana gloriosa en relación a irregularidades fiscales, asuntos feos que salpican a políticos en activo y referentes de los partidos que han estado en el poder desde la Transición política y de viejos casos de corrupción que han vuelto a ponerse de actualidad.
Tenemos conocimiento de estos casos durante los primeros días de la campaña de la renta que volverá a confirmar, de nuevo, la enorme disparidad entre los que tributan por las rentas del trabajo y los que tienen posibilidades de beneficiarse de entramados que permiten eludir o aflojar la presión del Fisco.
En mitad de esta maraña, llama la atención, de nuevo, cómo estos casos salpican a patriotas de pro (muchos de ellos con vocación a señalar a los que, a su juicio, son malos españoles por no militar en su idea de país) y a representantes políticos que quizás debieran explicar, aunque participen de prácticas legales, con qué legitimidad pueden erigirse como representantes políticos en un país en el que, simplemente, no confían para mantener sus ahorros (bien por inseguridad, bien por extraer una mayor rentabilidad).
Para terminar la semana, Manos Limpias quedaba en el punto de mira y, con ello, las probabilidades de que la infanta Cristina sea juzgada por su participación en el caso Noos. El pseudosindicato es la única acusación particular contra ella tras la decisión de la Fiscalía en inhibirse.
Lunes: La Guardia Civil detiene a Mario Conde por repatriar a España, desde Suiza, 14 millones de euros procedentes del agujero que dejó en Banesto tras su paso por la entidad. Junto al banquero, que últimamente se exponía en los medios de comunicación a hablar de ética (motivo por el cual apareció en varias ocasiones al lado de distintos dirigentes de C’s) fueron detenidos 11 personas, entre ellas sus hijos y su yerno. El juez de la AN Santiago Pedraz ordenó el ingreso en prisión de todos ellos, sin posibilidad del pago de fianza, ante el riesgo de fuga.
Para añadir aun más surrealismo a la situación, desde el lunes El Gato al agua, el programa donde colaboraba, se presenta ante los espectadores con una silla vacía en solidaridad con Conde.
Lunes, más tarde, y martes: Los medios que capitanean la filtración de documentos de los llamados Papeles de Panamá soltaron una nueva bomba. El ministro de Industria, José Manuel Soria, y su hermano aparecían como administradores de una empresa offshore radicada en Panamá en los años 90. El nombre de Soria aparece en el nombre de una empresa en Las Bahamas y en el registro mercantil de Reino Unido como secretario de esa misma empresa.
El ministro de Industria negó primero la veracidad de las informaciones, luego aseguró que ni él ni su familia tuvieron nada que ver con la empresa referida y finalmente admitió que su padre, ya fallecido, fundó y fue copropietario de la empresa UK Lines Limited. Sin embargo, insistió en que su nombre aparece por error en esos documentos.
Tras sucesivas ruedas de prensa y entrevistas en los principales programas de los principales medios de comunicación, en los que dijo que se sometería a la práctica del Gobierno en relación a la ausencia de comparecencias parlamentarias, el ministro solicitó su comparecencia en el Congreso para explicar estas informaciones que, según los periodistas que cubren la información parlamentaria, causó una fuerte discusión entre el aludido, María Dolores de Cospedal y Jorge Moragas, jefe de Gabinete de Mariano Rajoy.
Miércoles: José María Aznar, presidente de honor del PP, fue multado por Hacienda con 70.000 euros y tuvo que hacer una declaración complementaria por casi 200.000 euros por irregularidades en la declaración de sus ingresos desde el año 2009. El ex presidente del Gobierno trató de tributar su trabajo a través de la sociedad que tiene creada con su esposa, Ana Botella, con el fin de pagar menos al Fisco (25% como tipo máximo -ahora reducido al 20%- en lugar del tramo de renta correspondiente, que sin duda será bastante mayor).
El PP, que salió en tromba en su momento contra Juan Carlos Monedero y Podemos por un caso similar, guardó un clamoroso silencio en este caso que, todavía, resulta más indignante al conocerse que Cristóbal Montoro, que debe buena parte de su carrera política a Aznar, mantuvo un encuentro con él. Según el ministro, hablaron de política. Toda la oposición ha reclamado explicaciones ante el hecho de que el titular de Hacienda mantenga contactos discretos con presuntos defraudadores fiscales.
Sorprendentemente, la prensa editada en Madrid encontró que no había motivo para incluir mención alguna de los problemas de Aznar con Hacienda, una actitud que contrasta con la que tuvieron con Monedero hace un año ante un caso similar. Sólo la prensa editada en Cataluña tuvo a bien abrir con los titulares de la información que afecta al ex presidente del Gobierno:
Miércoles, segunda parte: El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y su concejal de Urbanismo fueron detenidos y puestos en libertad con cargos por su implicación en el ‘caso Serrallo’. Según un informe de la UDEF, el alcalde, un histórico del PP, habría participado, junto a 15 personas más, en una trama de corrupción relacionada con una recalificación urbanística que permitió a una empresa privada levantar una discoteca en terrenos públicos. El PP le suspendió de militancia y C’s, que facilitó que Torres Hurtado volviera a ocupar la Alcaldía tras las elecciones municipales, anunció la ruptura del acuerdo de investidura.
Sólo El País llevó en lugar destacado la operación policial que, suponemos, vuelve a ser un caso aislado en un partido que a diario tiene cargos detenidos e imputados por asuntos relacionados con la corrupción política.
Jueves: Nuevas informaciones apuntan a que el titular de Industria fue administrador de una sociedad registrada en la isla de Jersey, que sí figura en la lista de paraísos fiscales, hasta el año 2002. Mechanical Trading Limited era la accionista mayoritaria de Oceanic Lines, una empresa en la que Soria tuvo el cargo de presidente. Los nuevos datos, difundidos por El Mundo y otros periódicos, dejó en evidencia las explicaciones del ministro y de los miembros del Gobierno y del PP que durante la semana salieron a los medios a defender su honestidad.
Tras las informaciones del jueves, se constató un silencio absoluto tanto en Moncloa como en Génova, mientras por la tarde ya se filtraba que la posición de Soria era insostenible y que se esperaban movimientos en unas horas. La falta de apoyo de Rajoy, en esta ocasión, habría precipitado una decisión que vino acompañada por las portadas de los diarios más conservadores, que firmaban la carta de defunción política de Soria.
Tras su ausencia en la reunión del Consejo de Ministros, el viernes presentó su renuncia a sus responsabilidades como ministro (única fórmula legal posible con un Gobierno en funciones), a su acta de diputado y a la política, que abandona. En el comunicado de renuncia apuntó: «La política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar también en la pedagogía y en las explicaciones, Cuando así no ocurre, deben asumirse las responsabilidades correspondientes». En el aire flota la idea de que Soria se ha visto obligado a dimitir por sus errores al dar explicaciones y no por el hecho de tener empresas en paraísos fiscales o países con dudosa fiscalidad.
A este respecto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, utilizó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para valorar la renuncia de Soria y ajustar cuentas con él: «Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno». Montoro, preguntado por su reunión con Aznar, optó por apelar a la discrecionalidad que le exige el cargo, un comportamiento que no adoptó cuando arremetió contra políticos, actores y medios de comunicación como aviso a sus críticas ante las medidas fiscales de su ministerio.
Viernes: El secretario general de Manos Limpias, el pseudosindicato que ha cobrado cierto protagonismo por presentar querellas ante cualquier decisión conflictiva de la vida política, fue detenido por un presunto delito de extorsión, organización criminal, fraude contra la hacienda pública, falsedad documental y fraude en subvenciones. Miguel Bernard fue detenido junto a Luis Pineda, presidente de Ausbanc, por prácticas de extorsión al presentar querellas contra personas, empresas e instituciones y luego cobrar por retirar las acciones jurídicas emprendidas.
Se da la circunstancia de que Manos Limpias es la acusación particular contra la infanta Cristina en el caso Noos, que se juzga en estos momentos en Baleares y que Bernard habría solicitado tres millones a dos entidades bancarias para retirar la acusación contra la infanta.
Tras conocerse la detención de Bernard, la abogada Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular en representación de Manos Limpias, aseguró que el sindicato mantendrá hasta el final la acusación contra la infanta: «Mi obligación es terminar este procedimiento, no me mueven las negociaciones ni las extorsiones (…) Nunca en mi carrera profesional he pedido dinero ni en este ni en ningún otro caso. Tengo la conciencia tranquila y las manos muy limpias», dijo.
Como apuntamos hace ya muchos meses, España vive inmersa en su Tangentópolis particular y de ese proceso no se libra nadie que haya estado cerca del poder.
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