El Partido Socialista Francés parece dispuesto a inmolarse a un año de las elecciones presidenciales y parlamentarias. El primer ministro, Manuel Valls, aseguró este fin de semana que no piensa retirar la reforma laboral que ha puesto en pie de guerra a capas importantes de la población: Estudiantes y sindicatos llevan movilizándose desde el mes de marzo contra un proyecto que el Gobierno socialista consiguió aprobar por decreto el 10 de mayo ante la falta de apoyos parlamentarios por el voto negativo de 24 diputado socialistas. En un país con un 10.5% de tasa de desempleo.
Según Valls, la reforma laboral, la más contestada de esta legislatura, es fundamental para dinamizar el empleo y relanzar la economía del país: «Los franceses vivimos una especie de depresión nacional o, más bien, de falta de confianza en nosotros mismos, lo que acentúa los temores. A veces hay demasiado pesimismo en nuestra sociedad, un sentimiento de declive, de una Francia que pierde su lugar en el mundo». De lo que ya no cabe duda es que se ha convertido en un problema más para el PSF en un momento en el que sus posibilidades electorales siguen bajando.
El texto aprobado incluye cambios en la legislación laboral: Se abre la puerta a despidos por motivos económicos si las empresas encadena cuatro trimestres consecutivos de caída de beneficios o dos trimestes consecutivos de pérdidas; se reduce de 27 a 15 meses de salario las indemnizaciones por despido; se incluye un techo de indemnizaciones para los despidos abusivos (con inclusión de un baremo que sirva de referencia para la Justicia); se mantiene la semana laboral de 35 años pero se modifica la remuneración de las horas extra (del 25% en las primeras 8 horas suplementarias y del 50% en las siguientes a un 10%).
Hoy arranca otra semana de movilizaciones, convocada por siete sindicatos que pivotan sobre el protagonismo de la CGT, que ha logrado paralizar, literalmente, sectores estratégicos del país: la semana acabó con choques entre la policía y manifestantes tras las manifestaciones celebradas el jueves y que reunieron a 300.000 personas, según la policía, en todo el país. Y con la convocatoria de una gran manifestación el 14 de junio para volver a mostrar el pulso sindical y ciudadano frente al Gobierno. Esta movilización tendrá lugar poco antes del inicio de la Eurocopa de fútbol, que esta vez se celebra en Francia, y con el país en alerta ante la posibilidad de atentados terroristas de corte yihadista.
Protesta tradicional frente a las nuevas formas de movilización
El conflicto social que ha provocado la reforma laboral de Valls ha permitido visualizar la evolución de la propia protesta: La primera gran manifestación, la del 9 de marzo, fue convocada por las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, aunque, como es habitual, en los grandes medios españoles se desdibujó la autoría sindical. La cristalización del llamado 15-M francés insistió en la idea de que el país vecino se sumaba a la ola de nuevas formas de protestas, más interesadas en el poder blando que en el duro.
Fotografía de AFP
Hasta que el 18 de mayo comenzó la convocatoria de huelgas generales en servicios ferroviarios y portuarios, a los que se han ido sumando distintos sectores como el de los controladores aéreos o del de las centrales nucleares. A partir de este instante comenzaron los choques entre manifestantes y policía, con imágenes de los excesos cometidos que enmarcan perfectamente la situación de escasez en el suministro de gasolina en al menos 4000 estaciones de servicio y con la amenaza de apagones después de que los trabajadores de 19 centrales nucleares decidieran sumarse a la huelga, en la que ya participan trabajadores de la industria petrolera, ferrocarriles, aeropuertos y puertos.
Todo parece indicar, según el calendario de protestas hasta el 14 de junio, que la protesta ha tomado la vía tradicional, a la que han ido sumándose el resto de sectores movilizados contra la reforma de Valls, que por ahora mantiene el pulso.
Estamos, pues, ante la que puede ser la última exhibición de fuerza de los sindicatos en un país europeo y la distancia entre la movilización del sector público y el privado (que apenas participa en las protestas) explica por qué los medios de comunicación españoles, tan interesados por los detalles que ocurren en Venezuela, apenas están prestando atención a una noticia que, por cercanía, debería interesarnos más. Para enmarcar la crónica que este domingo publicó el diario El País:
La mayor movilización social en 20 años
Según las encuestas, el el 70% de la población rechaza el plan estrella que el PSF ha decidido liderar cuando afronta el último año de mandato, un porcentaje que se complementa con la baja valoración del presidente de la República (16% a comienzos del mes) y de su primer ministro, en un contexto en el que las opciones electorales del Frente Nacional no deja de crecer el intención de voto.
El FN, junto a los Verdes y el Front de gauche de Jean-Luc Melénchon, podrían ser los grandes beneficiarios de esta movilización, que hunde a los socialistas respecto a su electorado (un partido socialdemócrata adoptando la misma decisión que en España puso en marcha el PP) y también respecto a los indecisos (cansados de la situación de parálisis que vive el país desde hace meses).
El presidente francés ha cometido un error de principiante saltándose la premisa fundamental de la acción política: Las medidas más duras deben aplicarse durante el primer año de mandato para tener margen para recuperar la confianza de un electorado que, normalmente, suele tener mala memoria.
En este momento, François Hollande tiene poco margen de maniobra. Afronta las protestas sociales más importantes desde las que en diciembre 1995 paralizaron en país como respuesta a la reforma de Seguridad Social, que acabaron con la cabeza de Alain Juppé, el entonces primer ministro del Gobierno de la UMP, uno de los candidatos que, ironías de la vida, tiene más opciones de liderar Les Republicains.
Hollande podría barajar la salida de Valls del Gobierno, una vez que se ha constatado que la reforma laboral, retocada respecto a la inicial tras las primeras protestas y la cristalización de La Nuit Debout, provoca el mismo rechazo entre la ciudadanía. El problema es que sería el segundo primer ministro que abandona el cargo durante el mandato presidencial, en el que pasó de ser la esperanza blanca de la socialdemocracia europea a virar hacia la derecha bajo la premisa de que no había alternativa a las recetas neoliberales que llegaban desde Bruselas. Y que esa salida se produciría a un año de las elecciones, por lo que podría terminar de dinamitar internamente a un partido que comienza a dar señales de crisis interna.