Las elecciones generales celebradas en octubre de 2015 arrojaron una conclusión clara: Los partidos situados en el arco de la izquierda habían ganado las elecciones al concentrar el 50.7% de la representación parlamentaria, algo que quedó matizado por la victoria conservadora aglutinada en la coalición Portugal à Frente (PaF). Los sondeos sobre intención de voto publicados a lo largo del mes de julio amplían el apoyo hacia la izquierda, un apoyo del que se beneficia el Partido Socialista (en el Gobierno), con el apoyo parlamentario del Bloque de Esquerdas y de la Coalición Democrática Unitaria, donde se integra el Partido Comunista Portugués.

Con un 37% de media, casi 5 puntos más que en el pasado mes de octubre, los socialistas serían la fuerza más votada si el Partido Socialista Democrático del ex primer ministro Pedro Passos Coelho y el Centro Democrático Social decidieran concurrir por separado a los comicios. En ese caso, el PSD se haría con el 31.5% del electorado de media mientras que el CDS obtendría el 4.9% de los votos (con horquillas que le llevan al 6.8% de intención de voto).

Es decir, en ese caso, la derecha quedaría levemente por encima de los socialistas al obtener el 37.35% de los apoyos de media, un escenario que volvería a dejar todo el protagonismo al sistema de alianzas parlamentarias, como ocurrió el pasado mes de noviembre.

El BE, el partido a menudo se hermana con Podemos, habría perdido medio punto al moverse ahora en el 9.75% de intención de voto mientras que los comunistas se dejan casi un punto al obtener el 7.4% d emedia (con sondeos, como el de Aximage, que le lleva al 6.8% de representación).

Sea como fuere, parece que el Gobierno de Antonio Costa está se encamina hacia el primer aniversario de su constitución firme y la izquierda aglutinaría el 54.15% de la representación de la cámara lusa, casi 17 puntos más que la representación obtenida por el centro derecha.

Portugal se libra de la multa de la CE

Tras las amenazas y filtraciones, la CE decidió cancelar la multa a España y Portugal por no tomar medidas para reducir el déficit durante 2015. En el caso de Portugal, esa multa ascendía a 358 millones de euros. Entre los argumentos esgrimidos se citan «los esfuerzos sustanciales» realizados por ambos países, las «reformas estructurales ambiciosas» puestas en marcha y los «desafíos sociales profundos» a los que se enfrentan, como el elevado paro juvenil y el desigual acceso a la recuperación.

La CE prorrogó un año más el plazo para que Lisboa rebaje su déficit al 2.5% a cambio de un ajuste estructural de un 0,25% de su PIB, 448 millones de euros. Tanto España como Portugal deben demostrar hasta el 15 de octubre que toman medidas eficaces para encarrilar sus finanzas, en paralelo a la presentación de sus proyectos presupuestarios para 2017. Entonces también se sabrá después del verano si ambos países dejan de recibir la cuantía que les corresponde de fondos estructurales y de inversión europeos como correctivo.

Lisboa se benefició del pánico que Bruselas parece tener en estos momentos a un estallido social de corte populista en los países de la periferia que habría activado el Brexit. No en vano, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovini, lo dejó claro: Una «sanción simbólica no nos hubiera permitido corregir lo ocurrido y habría sido difícil de entender por sociedades que han asumido importantes esfuerzos en los últimos años». Opinión, por cierto, que no comparte una de las agencias de calificación que conforman la triada sobre la que pivota la buena salud financiera de los países. Según Fitch, la decisión de la CE muestra la «limitada credibilidad» del marco fiscal de la zona euro y  confirma que «el ritmo de consolidación fiscal en Europa se ha relajado a medida que se desvanecía la crisis».

Mientras, el Parlamento estudia la recapitalizar la Caixa Geral de Depósitos (CGD), el mayor banco luso, de titularidad pública, que necesitaría 5.000  millones de euros. El banco representa la cuarta parte del mercado financiero del país, que no fue sometido la prueba de resistencia de la autoridad bancaria europea (EBA, por sus siglas en inglés), los famosos estrés test, que se hicieron públicos hace un mes.