Desde la investidura fallida de Mariano Rajoy, el PP no levanta cabeza. Y eso a pesar de dos factores: Por un lado, los buenos resultados que, según las encuestas, se producirán en las elecciones gallegas contribuyen a apagar el ruido. Por otro, que tenía todo a su favor para construir un argumentario que cargara las tintas contra el PSOE, por seguir bloqueando la situación política a pesar de tener enfrente a un partido que obtuvo 137 diputados el pasado més de junio, 52 más que su inmediato competidor.

Todo comenzó con la designación del ex ministro José Manuel Soria como el candidato de España al Banco Mundial, decisión que tuvo que ser rectificada a los pocos días al saberse que el concurso público abierto para todo el que cumpliera con determinados requisitos se había transformado, en realidad, en una elección a dedo. No ayudó el comunicado del ministro, señalando que se retiraba del puesto por petición del partido, ni la guerra abierta en el Gobierno para cargar sobre Luis de Guindos toda la responsabilidad del nombramiento. Pocos y mal avenidos, con el país paralizado institucionalmente.

El sainete Soria fue sólo el pistoletazo de salida a una sucesión de errores que vienen explicados por la manera en la que la dirección ‘popular’ decidió actuar frente a la corrupción en el partido y la recompensa a los altos cargos desplazados por ese motivo. En el caso de Soria fue su implicación en los Papeles de Panamá. En otros, ha sido la designación en cargos públicos cómodos y sin demasiada proyección pública. Como el que se decidió para Rita Barberá, ex alcaldesa de Valencia y señalada en las múltiples causas abiertas en contra el PP de la Comunidad Valenciana, senadora autonómica desde mayo de 2015.

Hace apenas unos días se sabía que el PP la había propuesto como presidenta en dos comisiones del Senado (por lo que cobraría bastante más que su sueldo de senadora rasa). Un día después, el TS abrió la puerta a encausarla por blanqueo de capitales  iniciando un capítulo más de cómo Génova maneja estos asuntos. Distintos cargos y barones del partido instaron a Barberá a que presentara su dimisión, algunos tan significativos como Javier Maroto o Alfonso Alonso, que se pronunció sobre este asunto en plena campaña electoral.

Este miércoles, llegaba la confirmación de que Barberá se va, pero un poco: Deja sus cargos en el partido pero sigue como senadora, en el grupo de los no adscritos. El comunicado, con el membrete del partido, no tiene desperdicio, sobre todo en relación a los mensajes dirigidos a Alonso y a la forma en la que Barberá se negaba a abandonar su acta de senadora:

Expreso mi voluntad de NO DIMITIR del Senado y de permanecer en él, tal como me ampara la Ley porque de lo contrario podría entenderse como una asunción de culpabilidad.

He solicitado mi baja del Partido Popular porque así me lo ha pedido el Partido y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales.

Hasta el momento, algunos de los que decían en público que querían ser como Rita Barberá, como la vicepresidenta del Gobierno, o el que agradecía públicamente su servicio, guardan silencio y dejan que sea Rafael Hernando el que señale que Barberá ya no es problema para el partido porque ya no milita en el PP, una idea en la que incidió el propio Mariano Rajoy, confirmando que éste será el argumentario en los próximos días. Una verdadera declaración de intenciones frente a quienes exhiben pata negra (Barberá se afilió a Alianza Popular en 1976) frente a los recién llegados.

Por si fuera poco, hace unos días se supo que Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP, retiró la acusación contra el PP por el borrado de los ordenadores en los que Bárcenas habría consignado la supuesta contabilidad b del partido. Según el entorno del ex tesorero, esta decisión tiene que ver con que «no tiene recursos económicos para seguir pagando a sus abogados» y porque «no quiere seguir acumulando deudas» con otro procedimiento abierto. Según otras fuentes, esta decisión forma parte de una negociación que Bárcenas mantiene desde hace un año con el PP y que se explica en el silencio que desde hace meses guarda respecto a las prácticas de su anterior partido.

Estamos, parece claro, ante una manera de gestionar problemas de corrupción y/o de escasa ejemplaridad pública que se puso en marcha a partir de la instrucción del caso Gürtel, en 2007, y que constituye una huida hacia delante desde entonces por algo evidente: El partido no puede reconocer la existencia de una contabililidad b, del cobro de comisiones ilegales y de financiación ilegal hasta que no haya sentencia firme. Y eso a pesar de los múltiples indicios que durante estos años se han visto, a menudo en torno a personalidades intocables en el partido hasta hace muy poco tiempo.

Es cierto que el PP resiste mejor que otros partidos la factura de la corrupción. Sin embargo, éste es un asunto que lastra las posibilidades de que finalmente pueda imponer a su candidato, Mariano Rajoy, sobre todo si no hay terceras elecciones y se convence a un tercer partido (sea el PNV, sea el PSOE) de que facilite del desbloqueo institucional.