En los últimos días, hemos conocido distintos sondeos sobre intención de voto que coinciden en la misma tendencia: El PP se beneficia de forma directa de la crisis interna del PSOE, que sería tercera fuerza parlamentaria en el caso de celebrarse elecciones. Todos los estudios demoscópicos, con datos posteriores a la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general, apuntan a que los ‘populares’ crecerán en intención de voto, con horquillas que le sitúan entre el 33% que obtuvo en las elecciones del 26J al 37.8% que le otorga Metroscopia.

Ironías de la vida, este aumento del apoyo estimado al PP se produce mientras se juzga en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, el primero de los grandes casos de corrupción política que afectan al núcleo duro de la dirección popular desde los años 90. Aunque muchos de esos delitos hayan prescrito, desde hace años el gran público conoce de las prácticas habituales que explicarían una operación de financiación ilegal del partido en Génova 13 y en destacadas direcciones regionales (como la Comunidad Valenciana o Madrid), así como el enriquecimiento personal de las distintas cúpulas del partido hasta antesdeayer. Por si quedara alguna duda, el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, ha facilitado cifras y ha descrito prácticas habituales.

Se podría estar cumpliendo, pues, uno de los argumentos que defendieron con más ruido los simpatizantes de Podemos tras las elecciones generales de junio y tras el éxito del PP gallego en las autonómicas de hace un mes: La corrupción ya habría pasado la factura correspondiente a las perspectivas electorales del PP, que estaría avanzando en los sondeos como la primera opción en las preferencias de los españoles.

Ocho años después de que se comenzara a investigar el caso Gürtel y tres desde que Luis Bárcenas decidió tirar de la manta, Génova estaría recogiendo los frutos de una estrategia diseñada por el entorno de Mariano Rajoy para hacer frente al goteo de casos de corrupción que se han llevado por delante a buena parte de los políticos que cimentaron el aznarismo y que, de una manera u otra, han estado vinculados al partido hasta hace poco.

Así, tras la debacle del PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2015, que Pedro Arriola y compañía leyeron como la ocasión en la que el electorado ajustó cuentas con el PP, parece que una parte importante de sus votantes han decidido minimizar el castigo en las urnas por los casos de corrupción y la gestión de los mismos que realizaron los populares. Y eso a pesar de que la corrupción y el fraude siguen siendo el segundo problema que perciben los españoles, según el último barómetro del CIS, con un 36.6% de los votos

El 36.6% de los votos se sitúa muy lejos del máximo registrado en diciembre de 2014 (63.8%, al calor de la detención de Rodrigo Rato) y más cerca de los niveles que este problema alcanzó entre la ciudadanía a partir del febrero de 2013, es decir, cuando se comenzaron a publicar los llamados Papeles de Bárcenas en la prensa.

Fue entonces, a comienzos de 2013, cuando la corrupción y el fraude se convirtieron en el segundo problema nacional en los sucesivos barómetros del CIS publicados con porcentajes del 40%. Desde entonces, el registro más bajo lo encontramos en mayo de 2013 (30.7%); octubre y noviembre de 2013 (31.3 y 31.8% respectivamente); abril y mayo de 2014 (36.3% y 35.7% respectivamente) y septiembre de 2016 (36.6%). En muchas ocasiones, estos descensos tuvieron que ver con la desaparición de la corrupción de las escaletas de los informativos de televisión y de los programas de contenido informativo.

Excepto en el último barómetro, la preocupación por este asunto no ha bajado del 38%, con una media del 46.5% a partir de los datos recopilados desde noviembre de 2014 hasta septiembre de este año. Sobra decir que este asunto solía aparecer en la lista de problemas nacionales en cuarta o quinta posición, con porcentajes que iban del 9.5% (noviembre de 2012) al 17.7% (enero de 2013), muy por detrás de la preocupación por el paro, los problemas de índole económica y los políticos y los partidos políticos, que a partir de este momento también se convirtieron en problemas de especial atención.

¿Los ciudadanos ya no penalizan la corrupción?

No exactamente. Sería muy sencillo por nuestra parte jugar a establecer líneas de correlación entre opinión pública, opinión públicada y comportamiento electoral, sin tener en cuenta que el electorado a menudo se mueve por intereses más o menos reconocidos o públicos y que los medios de comunicación se basan en lógicas que pueden o no coincidir con el interés público.

Pongamos un ejemplo: En 2002, las movilizaciones contra la guerra de Irak o por la gestión del accidente del Prestige hacían presagiar una debacle electoral del PP en las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, un hecho que no se produjo finalmente: Obtuvo 7.8 millones de votos, 100.000 menos de los que recibió el PSOE, pero ganó medio millón de votos respecto a las elecciones municipales de 1999, las que servirían de antesala para la victoria del PP de José María Aznar por mayoría absoluta.

En las municipales de 2007, tras una legislatura con una fuerte movilización de los sectores conservadores contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el PP obtuvo 7.9 millones de votos, 200.000 más que el PSOE, pero en las generales de marzo de 2008, la lista que encabezaba Mariano Rajoy obtuvo 10.2 millones de votos, uno menos de los 11.2 que consiguió el PSOE, que logró concentrar buena parte del voto de la izquierda.

Estamos, pues, ante la impresión de que una fuerte movilización en la calle o una crítica permanente en los medios no implica necesariamente un castigo en las urnas al partido que es objeto de esa movilización en contra. Seguramente porque, a la hora de votar, existe una lista de incentivos electorales que no suelen aparecer en la lista de los principales problemas percibidos (como la gestión de la inmigración, la unidad de España y, en los útlimos tiempos, la crisis de refugiados).

En las elecciones generales de noviembre de 2011, el PP alcanzó la mayoría absoluta parlamentaria con 10.8 millones de votos. Cuatro años después, la lista del PP fue la más votada aunque se había dejado por el camino 3.6 millones de votos: En diciembre de 2015, la candidatura de Mariano Rajoy aglutinó a 7.2 millones de votantes que se convirtieron en 7.9 millones en los comicios del 26 de junio de este año.

Como apuntábamos, el primer aviso de lo que estaba pasando llegó en las elecciones municipales: En comparación con los resultados de mayo de 2011, el PP se dejó 2.5 millones de votos (de 8.5 millones a poco más de 6 millones en 2015), con la consiguiente pérdida del poder en feudos como Valencia, Cádiz o Madrid.

En la pérdida de votos registrado en las municipales y, posteriormente, en las elecciones generales de 2015 es posible que pesara para una parte importante del electorado los casos de corrupción que se han llevado por delante todo el trabajo que en su momento hizo del PP un partido transparente frente al PSOE de los últimos años del felipismo. Así, podemos entencer que la corrupción ha sido la gota que ha colmado el vaso en un contexto de quiebra institucional y del sistema de partidos y con un Gobierno, el del PP, que durante años se centró en evitar el rescate total del país con medidas defendidas por tecnócratas que renunciaron a explicar ni siquiera el programa que se puso en marcha.

Es decir, los casos de corrupción se incrementaron al mismo tiempo que el Gobierno y el Parlamento aprobaran recortes del gasto público en mitad de un cuestionamiento del llamado establishment y, sobre todo, de las elites políticas. Es en ese contexto en el que hay que medir, precisamente, la incidencia de la corrupción como un asunto que ha abierto los informativos de forma permanente durante meses, a menudo tratado con sensacionalismo y amarillismo creciente por parte de unos medios de comunicación que han buscado audiencia como sea para paliar la crisis publicitaria y de ingresos.

Queda pendiente, en esta ecuación, la capacidad del PSOE para poder defender la necesidad de abstenerse ante la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno tras días en los que Correa y otros acusados han evidenciado la conexión directa entre sus negocios y el funcionamiento diario del PP. Este domingo, se reúne el Comité Federal del que habrá de salir una posición común al respecto y, según informaciones de los últimos días, todo parece indicar que Javier Fernández y la gestora habrían conseguido torcer el brazo a los defensores del «no es no» en todos los casos.