La crisis interna en el PSOE está muy lejos de ser historia. La gestora socialista ejecutó hace unos días las medidas disciplinarias contra los diputados que rompieron la disciplina de voto que acordó el Grupo Parlamentario ante la investidura de Mariano Rajoy: Dejó al PSC fuera de la dirección del Grupo en el Congreso y relevó de sus responsabilidades a Susana Sumelzo, Zaida Cantera, Sofía Hernanz, Rocío de Frutos y Adriana Lastra, todas ellas reconocidas sanchistas. Ellas denunciaron que se habían enterado de las medidas disciplinarias a través de la prensa.
A pesar de la calma aparente que rige en Ferraz, el partido es una bomba de relojería. Este fin de semana, se supo del principio de acuerdo entre el PSE y el PNV para que Iñigo Urkullu vuelva a ser investido lehendakari. Tras filtrarse la información, la gestora apuntó que no conocía el contenido del acuerdo y, según TVE, invitaba a Idoia Mendía, secretaria general del PSE, a que consultara con la militancia esa decisión antes de proceder a su votación. Exactamente la misma posición que Mendía defendió ante el Comité Federal que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez y el que sirvió para votar la resolución que amparaba la abstención a Rajoy.
Hace unos días, PSOE y PSC se daban dos meses de plazo para acordar su nueva relación que sustituirá el protocolo firmado entre ambos en 1978. El PSOE habría antepuesto lealtad absoluta como requisito para que el PSC siga formando parte de los órganos de dirección del PSOE, algo a lo que hizo mención Miquel Iceta tras reunirse en Madrid con el presidente de la gestora, Javier Fernández: «La relación entre el PSOE y el PSC es la que es y es así desde 1978. Es una relación en la que se establece la presencia del PSC en los órganos del PSOE y no al revés. Esa es la relación y ha funcionado razonablemente bien». Sea como fuere, tras años de amagar con la ruptura organizativa, hoy ya no se descarta esta posibilidad, sobre todo si se tiene en cuenta la idea de modelo de país que aprobó el PSC en su último congreso.
Por otra parte, Canarias se suma a Galicia como federación controlada por una gestora tras la dimisión de José Miguel Pérez, secretario general del partido desde 2010 por motivos personales y ganas de volver a su vida profesional como catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se plantea la vuelta de Juan Fernando López Aguilar a las islas, una nueva confirmación de cómo se vuelven a recolocar aquellos dirigentes que, como Elena Valenciano, José Blanco o Ramón Jáuregui, controlaron el partido durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero y, sobre todo, de Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los principales enemigos de Pedro Sánchez y el sanchismo, que sigue esperando su oportunidad en los cuarteles de invierno.
El domingo, el diario El Mundo publicó que Sánchez y siete barones del PSOE preparan la vuelta del ex secretario general frente a Susana Díaz, quien estaría moviéndose para ser elegida líder del partido sin oposición interna. Exactamente igual que ocurrió en Andalucía cuando se convocaron las primarias para relevar a José Antonio Griñán como secretario general del partido.
Exhibición externa por la atención del electorado
El PSOE no sólo mantiene abierta la guerra interna por el control del partido. También hacia fuera, estos días se han puesto en evidencia las dificultades del PSOE para construir una identidad reconocible y distinta de los partidos políticos que muerden a su electorado por la derecha y por la izquierda. No hace falta volver a resaltar el miedo que existe en el PSOE a que Podemos finalmente logre el objetivo de emerger como la alternativa de izquierdas, un escenario que se plantean en los sondeos sobre intención de voto y que preside los primeros compases de la legislatura, con el Congreso convertido en un plató de televisión en el que, aventuramos, habrá espectáculo constante.
El primer asalto tuvo que ver con las presidencias de las comisiones parlamentarias y con un nombre, el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, reprobado por todo el arco parlamentario tras hacerse públicas grabaciones de sus conversaciones con el ex jefe de la oficina antifraude catalana. Como escribía Lucía Méndez en El Mundo, hasta el momento, las presidencias (remuneradas) se consensuaban entre los partidos como si fueran un pacto de caballeros, una regla no escrita que saltó por los aires por la elección, por parte del PP, de Fernández Díaz. Unidos Podemos se negó a votar a favor, C’s y otros partidos se sumaron después a esta negativa y, finalmente, el PSOE, a remolque, también se sumó al no tras incidir en que, como mucho, podía abstenerse.
Se puso de manifiesto que Ferraz es consciente del pecado original que ha supuesto apoyar la investidura de Mariano Rajoy con la abstención y también que determinadas prácticas, asentadas en la costumbre, contribuyen a activar la idea de que PP y PSOE son lo mismo, casta pura. La consecuencia evidente de que triunfe ese marco es que Unidos Podemos se quedaría con todo el espacio de la oposición a nivel nacional, a la espera de que caigan en sus propias contradicciones organizativas y en la elección de sus líderes para un ciclo sin convocatorias electorales a la vista.
Finalmente, Fernández Díaz presidirá la comisión de Peticiones, para la que no hace falta votación que evidencie la soledad del PP. Y más allá de la anécdota y del personaje, pudimos ver la primera muestra de cómo funcionará la vida parlamentaria en esta legislatura. Fue la señal más firme de que el PSOE deberá estar en alerta si pretende romper con la equiparación constante de que comparte destino con los ‘populares’ como parte del establishment.
Y todo ello a pesar de que es muy posible que Unidos Podemos haya tocado techo electoral y que, a partir de ahora, se agudice el rechazo hacia sus planteamientos, tal y como recogen los sondeos, sobre todo si su líder, Pablo Iglesias, insiste en luchar batallas perdidas como la que emprendió el fin de semana contra Juan Luis Cebrián, comparando su vida personal con la de un cargo público como Ramón Espinar:
El segundo asalto llegó el jueves, día en el que arrancó oficialmente la legislatura con el acto solemne presidido por el Rey Felipe VI, que estuvo acompañado por la reina consorte y las dos infantas. El acto, habitual en el arranque de todas las legislaturas, fue ampliamente contestado por los diputados de Unidos Podemos: Carolina Bescansa comparó las críticas que recibió ella cuando llevó a su hijo al hemiciclo con el silencio ante la presencia de las hijas del Rey (una de ellas heredera al trono) en el Congreso de los Diputados.
Por supuesto, tampoco faltaron señorías que exhibieron camisetas y banderas con los colores de la Segunda República. Un hecho todavía más curioso si tenemos en cuenta que en los encuentros anteriores, Pablo Iglesias se había mostrado muy cordial con el Rey, al que había agasajado con regalos como la serie Juego de tronos.
Tras la experiencia por la transversalidad para sobrepasar al PSOE en apoyo que Unidos Podemos puso en marcha en las anteriores elecciones generales, parece que la formación morada se ha decidido por enarbolar el mensaje de la radicalidad, aunque eso implique un planteamiento de exhibición constante: «(Iglesias) tiene una visión instrumental del poder legislativo. Se viene arriba no porque el Congreso le parezca útil para mejorar la vida de la gente, sino porque le sirve a él como plató de televisión».
La mala noticia para el resto de formaciones es que Iglesias ha crecido como líder usando estos mecanismos, por lo que tiene experiencia más que suficiente para llevarse la atención de los medios. Está claro que, por el momento, se está cumpliendo ese guión y que seguirá así hasta que sature la paciencia de los espectadores y potenciales votantes, sobre todo si no hay traslación de sus gestos en la vida parlamentaria que es la que contribuye a cambiar la vida de las personas.