Por qué impedir el bloqueo en la elección del presidente no beneficia al PP

Titular del diario El País el pasado jueves: “El PSOE propondrá impedir el bloqueo en la elección de presidente del Gobierno”

capturaelpais

La propuesta figura en la ponencia-marco que coordina Eduardo Madina y, si es aprobada por el Comité Federal del partido, se debatirá en las agrupaciones socialistas y se debatirá en el Congreso federal que celebrará el partido, previsiblemente, el próximo mes de junio.

No estamos ante una iniciativa novedosa, que supondría reformar el art. 99 de la Constittución española, ya que Euskadi y el Principado de Asturias cuentan en su propia normativa autonómica con requisitos de este tipo que buscan, sobre todo, priorizar la gobernabilidad. No en vano, en ambas CCAA la fragmentación política es un hecho desde hace años.

Según se traslada, el PSOE estaría interesado en el modelo asturiano: Mayoría absoluta en la primera votación de la investidura como presidente del Principado, mayoría simple en segunda votación (celebrada 48 horas después) y una tercera votación a las 48 horas en las que se votará, de forma pública o llamamiento, sí o no en el caso de que haya un solo candidato.

Este planteamiento impediría, de facto, una situación como la derivada tras la investidura fallida de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y se parecería, de forma legal, a la que finalmente asumió el PSOE en la investidura de Mariano Rajoy.

¿A quién beneficia la reforma?

Este post surge a partir de una conversación mantenida en Twitter con  y nuestro planteamiento de origen es que la medida, en un parlamento tan contrario al PP de origen, no le favorece especialmente:

Los argumentos de Maeso, que se pueden seguir durante todo el hilo, se centran en lo que ha ocurrido tras las elecciones de diciembre de 2015 y en que una reforma de este tipo terminaría beneficiando al partido con más escaños, reforzando así una mayoría irreal. El nuestro plantea dudas razonables, sobre todo en un momento de fragmentación parlamentaria como el actual, con un sentimiento anti-PP arraigado, y consideramos que habría sido una oportunidad para trasladar al Parlamento el sistema de reparto de mayorías que arrojaron las urnas el 20D y el 26 de junio de 2016: El PP sólo tiene en la actualidad 137 de los 350 escaños del Congreso de los diputados, por lo que, si la propuesta del PSOE fuera un hecho, sobre el papel, hubiera resultado fácil establecer una mayoría alternativa cómoda.

Recordemos que nos pasamos buena parte de la anterior legislatura sumando escaños: 90 del PSOE, 69 de Podemos, 40 de C’s y 2 de Unidad Popular, a los que habría que añadir los diputados de los partidos periféricos (ERC, 9; la antigua Convergéncia 8; PNV 6; EH-Bildu 2 y CC 1). En la primera votación, Sánchez obtuvo 130 síes que se transformaron en 131 en la segunda votación (tras el voto afirmativo del diputado de CC); el resto del arco parlamentario votó en contra (219 en contra).

Tras las elecciones de junio de 2016, constatamos un avance de los datos del PP en detrimento del resto de fuerzas parlamentarias: Los populares de hicieron con 137 diputados frente a los 85 del PSOE, los 71 de Unidos Podemos y los 32 de C’s. Es decir, los tres partidos de implantación estatal alternativos al PP sumaron 188 diputados, a los que habría que sumar los escaños de los partidos periféricos (con especial mención al PNV, que vuelve a ocupar la Lehendakaritza con el apoyo del PSE).

Con la medida que propone el PSOE, todos los partidos estarían obligados a hacer política (más allá del famoso “no es no” que en la práctica asumieron todos excepto C’s y CC en el arranque de la legislatura), porque todos quedarían retratados prácticamente desde el comienzo de las negociaciones. Sin posibilidad de voto en contra en último extremo, todas las partes estarían obligadas a negociar el sí (dado que la abstención se daría por supuesta) o a aparecer desde el comienzo como formaciones políticas sin interés por la negociación parlamentaria y, por lo tanto, en la gobernabilidad del país.

Ante un escenario como el nuestro en la actualidad, todos tendrían que proyectar la idea de que buscan influencia y gobernabilidad frente a la pureza ideológica, sobre todo cuando los números no dan más de sí. Como se ha repetido desde el 21 de diciembre de 2015, los resultados en las urnas fueron claros: No se quería un Parlamento con una mayoría sólida (el PP entonces sólo tenía 123 diputados) y los partidos políticos estaban obligados a entenderse para construir esa mayoría absoluta (en primera votación) o simple (en segunda). El mensaje que trasladaron los distintos partidos políticos es que estaban dispuestos a bloquear institucionalmente el país de acuerdo a bloques ideológicos más o menos irreconciables.

Con el supuesto que plantea el PSOE, habríamos pasado a entender la abstención como la manera en la que se certificaría la imposibilidad de presentar una mayoría alternativa a la del partido más votado [esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la investidura de Iñigo Urkullu como lehendakari el pasado otoño] sin que eso suponga paralizar el país.

Volviendo al caso práctico que nos ocupa, si tenemos en cuenta los resultados de 2016, podríamos haber tenido dos líneas: Por un lado, el PP hubiera estado obligado a pactar con más firmeza con C’s y con otro partido la investidura de Rajoy si quería salir en primera o segunda votación; y al mismo tiempo el PSOE (o Unidos Podemos) habría podido presentar un candidato que, con el acuerdo con otras fuerzas, podría haber obtenido más apoyo que Rajoy.

Si se constata la tendencia de cambio de sistema político abierto en las elecciones de diciembre de 2015 y certificamos el abrazo a un sistema de fragmentación, sería razonable explorar esta posibilidad que, además, obligaría al PP a mantener una actitud parlamentaria mucho más constructiva para evitar, precisamente, la confluencia de mayorías alternativas por sistema.

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en activo
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