La Audiencia Nacional hizo pública este miércoles la sentencia por la que condena a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta a Cassandra Vera (@kira_95), una tuitera que escribió 13 comentarios de burla entre 2013 y 2016 sobre el asesinato a manos de ETA del almirante Luis Carrero Blanco en 1973. El delito cometido: Humillación a las víctimas del terrorismo. En la causa no se personó ninguna asociación y la familia de Carrero Blanco dejó claro que no se había sentido humillada por el comentario y que le parecía una barbaridad que una serie de chistes de mal gusto llevaran aparejada una condena penal.

La condena se engloba en los procesos seguidos por la AN, según el art. 578 del Código Penal, para juzgar a distintos usuarios por difundir chistesy comentarios de mal gusto, acusados de enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas y un glosario de acusaciones que llevaron a prisión preventiva a los tiririteros de Madrid o de las que Guillermo Zapata fue objetivo nada más tomar posesión del cargo como concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid.

La formulación más restrictiva del citado artículo comenzó a ponerse en marcha en cuanto se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana por las Cortes en diciembre de 2014, un texto denominado desde el primer momento como Ley mordaza por la serie de comportamientos que, a partir de entonces, serían perseguibles por Ley: Se tipificaban  repertorios de protesta de los movimientos sociales de nuevo cuño  como muy graves (sancionadas con multas de entre 30.001 y 600.000 euros), graves (1001 y 30.000 euros) o leves (con multas de entre 100 y 1000 euros).

Es posible que casi nadie se imaginara que la Ley Mordaza sería el inicio de la puesta en marcha de una doctrina que rezuma conservardurismo, y por la que se pasaría a considerar delitos como el de enaltecimiento del terrorismo peleas en bares a altas horas de la madrugada o el de humillación a las víctimas. En la práctica, hay veda abierta para la persecución de prácticas que, hasta ese momento, quedaban amparados bajo la libertad de expresión (art. 20 de la Constitución Española) y los abusos que dicha libertad generara. Hasta entonces, los tribunales del orden civil se encargaban de proteger el derecho al honor y a la propia imagen de cualquiera que se sintiera ofendido o insultado (sigue siendo así en la actualidad, art. 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que la Fiscalía entienda que exista un discurso del odio, por lo que pasa a configurarse como delito perseguible penalmente).

Hemos entrado, pues, en una zona de excepción dirigida, hasta el momento, a personas más o menos anónimas que, en general, presentan un sesgo ideológico de izquierdas. Hasta el momento, ha habido procesos por chistes sobre Irene Villa, sobre Carrero Blanco, por incitar a la sedición y, en general, bajo el paraguas de enaltecimiento del terrorismo, como le ocurrió al cantante de Def Con Dos.

España ha pasado a ser una zona de excepción como le ocurrió a Euskadi y Navarra durante décadas, con especial incidencia a partir de la segunda mitad de los años 90, con medidas como el cierre del diario Egunkaria, la aprobación de la Ley de partidos o las sucesivas Operaciones Araña por supuesta apología del terrorismo a través de las redes sociales.

Comportamientos repudiables que no son delito

Las redes sociales se han convertido en el canal habitual en el que se difunden informaciones, comentarios y análisis razonados y también chistes más o menos presentables sobre la actualidad. Un repaso por los muros de Facebook o el timeline de Twitter permite hacerse una idea de la salud mental de una parte importante de usuarios, que a menudo se tragan bulos infumables antes de difundirlos y que exhiben a diario un repertorio de un comportamiento social incívico que, en muchos casos, raya la sociopatía.

Cada vez que hay un crimen machista, muere un personaje relevante o, simplemente, ocurre algo que no concuerda con su propio diseño mental del mundo, es habitual ver cómo muchos usuarios se dejan llevar por las pasiones (bajas, en la mayoría de los casos) y proceden al insulto del personaje en cuestión (o de quien ose defenderlo), de un colectivo (feministas catalogadas como hembristas o feminazis por defender la igualdad o denunciar que 16 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por sus parejas o ex parejas) estableciendo, de paso, como verdad absoluta su propio marco ideológico.

Twitter parecía mejor blindado a este comportamiento, debido, sobre todo, al perfil del usuario medio (más interesado por la información), aunque es habitual la cascada de insultos y bromas más o menos presentables ante un personaje fallecido; Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Adolfo Suárez, Hugo Chávez o Fidel Castro, por poner sólo un ejemplo de hitos en los que Twitter apestó mala baba.

En este punto, conviene recordar que los chistes o comentarios hablan por sí solos de la persona que los escribe (al igual que su capacidad para debatir con educación o de la propia agresividad ante opiniones contrarias). Pero, sobre todo, conviene tener en cuenta que podemos estar ante chistes zafios, vulgares, desagradables o muy malos pero que, en ningún caso, constituyen per se un delito.

La condena de este miércoles supone un salto cualitativo hacia un estado de excepción de facto y hace muy mal el PSOE en manifestar su mero respeto a la sentencia, tal y como han manifestado fuentes parlamentarias al diario El País.

CODA. Ésta es la reacción del humorista Miguel Lago a la sentencia. Durante estas semanas, el monologuista ha hablado en sus espectáculos de la situación procesal de Cassandra Vera: