El reinicio del curso político, tras el parón de las vacaciones de Semana Santa, no ha podido comenzar de peor manera para el PP, que comienza a aprender una lección valiosa: El pasado siempre vuelve, sobre todo cuando los problemas no se solucionan en el momento en el que se presentan. En apenas dos días, las derivadas del caso Gürtel han impactado directamente contra el presidente del Gobierno, que será el primero en el cargo en tener que declarar como testigo en un proceso judicial; y la Guardia Civil detuvo al delfín de Esperanza en la Comunidad de Madrid por irregularidades en la gestión del Canal Isabel II.

El martes, los cimientos temblaron cuando, contra todo pronóstico, el tribunal que juzga el caso Gürtel en la Audiencia Nacional consideró necesario llamar a declarar como testigo a Mariano Rajoy en respuesta a la petición de la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que había pedido la solicitud debido a que Rajoy dirigió cinco campañas electorales que se habrían financiado con la contabilidad b del PP que se juzga en el caso Gürtel.

Éste fue el argumento que se usó desde el PP este martes para hacer frente a esta decisión histórica: Rajoy será el primer presidente del Gobierno en el ejercicio de su cargo que comparecerá (bien presencialmente, bien por escrito, de acuerdo a lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal) ante un tribunal. Antes lo hizo Felipe González en el marco del juicio contra los GAL, pero fue en 1998, cuando ya llevaba dos años fuera de La Moncloa.

Por este motivo, por la trascendencia de la decisión del tribunal, Génova primero defendió el respeto a las decisiones judiciales para hablar inmediatamente después de un «abuso de derecho» y de vinculaciones de ADADE con el PSOE (por lo que se sugiere que la asociación intenta hacer política con sus peticiones de declaraciones de testigos). La propia respuesta del PP deja claro el impacto de una decisión de este tipo, sobre todo si tenemos en cuenta la propia estructura de un partido que funciona con disciplina militar, en el que al jefe se le tiene un respeto reverencial (y que suscita pocas críticas en público). Algo así sugerían distintos cargos del PP en los corrillos con los periodistas que se montaron tras conocer la noticia.

Viñeta de Ricardo en el diario El Mundo

El segundo bombazo llegó el  miércoles, con una operación de la Unidad de Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por irregularidades en la gestión de las filiales de Canal de Isabel II durante los años en los que Ignacio González fue presidente regional. Poco después se supo de la detención del ex presidente de la CAM, con presencia física de cámaras de televisión que, evidentemente, habían recibido una filtración sobre lo que iba a ocurrir. Fue significativa la presencia de cámaras de La Sexta y el inicio de la tertulia de Al rojo vivo que siguió los acontecimientos casi en tiempo real, un hecho que destacados dirigentes del PP de Madrid resaltaron desde sus cuentas de Twitter y de lo que el entorno del propio González habría responsabilizado a Moncloa.

Desde el Gobierno de Madrid se puso el acento en que la operación se deriva de una denuncia propia por irregularidades contables contra el anterior equipo (información parcial, pues esa denuncia parte del trabajo de diferentes grupos de la oposición) y la propia Cristina Cifuentes, antes de declarar ante el juez que instruye la causa, señaló en rueda de prensa que su Ejecutivo se pone a disposición de la justicia para lo que ésta requiera en la lucha contra la corrupción. En el momento de elaboración de este post, el PP de Madrid suspendido cautelarmente a González como militante y Esperanza Aguirre no se había pronunciado sobre la caída en desgracia del hombre que eligió para sucederla, el último hombre del dream team con el que se perpetró el tamayazo tras las elecciones de 2003.

En la operación han resultado detenidas 12 personas más, entre ellas Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado «el hombre de Ignacio González en Latinoamérica» y actual consejero delegado de la empresa que edita el diario La Razón. Fue destituido como presidente de Inassa cuando su nombre apareció vinculado a los llamados Papeles de Panamá. Tras su salida de la institución, Cifuentes habría recibido presiones del presidente del diario, Mauricio Casals, y del periodista Francisco Marhuenda, que han resultado imputados por amenazar con una campaña de desprestigio contra ella por esa decisión. El señalamiento de Casals es mucho más importante de lo que le parece al gran público: Ha sido y es el hombre del PP en su relación con las televisiones, una de esas figuras que atesoran un enorme poder en las sombras del sistema.

La corrupción, un problema no resuelto

Hace años, definíamos lo que estaba ocurriendo como la la Tangentópolis del PP, en clara alusión a la voladura de los grandes partidos políticos italianos por la corrupción en los años ’90, un proceso que supuso el inicio de la carrera política de Silvio Berlusconi. Exagerado o no, a estas alturas del partido, existen pocas dudas de que el PP funcionó, durante muchos años, con falta de transparencia contable y financiera. En la práctica, y a falta de sentencia firme, quedan pocas dudas, cuanto menos, de irregularidades contables que apuntan a la existencia de una contabilidad b con la que se pagaron campañas electorales (en las que arrasaron, como ocurrió en Madrid) y sobresueldos de dirigentes, según se desprende del caso de los Papeles de Bárcenas.

Todos estos casos, que comenzaron como el caso Gürtel, se convirtieron en piezas separadas, y todos desprenden el mismo aroma: El PP habría sido receptor de mordidas con las que se habría sostenido económicamente a cambio de favores de todo tipo en forma, sobre todo, de contratos públicos, a empresas amigas. Hasta el momento, el coste político se ha traducido en una importante pérdida de votos, atribuible a la coincidencia de destapar estas prácticas con los recortes sociales durante el primer Gobierno de Rajoy.

Sin embargo, el PP sirve conservando el poder y lanzando la pelota hacia delante, a la espera de que la estrategia diseñada en su momento dé sus frutos. A su favor juega la situación de los partidos de la oposición, con un PSOE que se juega su futuro en las primaris del 21 de mayo, con un C’s que parece no saber qué decisión tomar ante el goteo de informaciones y con un Podemos que trata de sacar ganancias de lo que está ocurriendo aunque sea a través de un error como el diseñado con la campaña del tramabús. Las escaletas de los informativos, desde un punto de vista general, llenan de contenido denuncias como la de «la trama».

Lo cierto es que, durante estos días, hemos vuelto a respirar el mismo ambiente que hace cuatro años, cuando estalló el llamado caso Bárcenas. Desde la detención del ex tesorero del PP, Génova decidió emprender una carrera hacia adelante, en un intento de alejarse lo más rápidamente posible de la gestión de los últimos años del aznarismo y de los primeros de Rajoy al frente del partido, que son los que se enjuician en buena parte de estas causas. El PP optó por intentar echar tierra sobre un proceso que era (y es) una bomba de relojería, al tiempo que se buscaban afinidades de líderes como el propio González, al que se intentó proteger tras su reconvención al marianismo a pesar de que buena parte de su actuación política apesta desde hace años.

Esta estrategia se completó con una campaña para reseñar que estas prácticas eran cosa del pasado y que el PP hoy no funciona así. Sin embargo, quedan flecos como la propia presidencia del partido por parte de Rajoy (el hombre que engarza con el aznarismo) y la existencia de nombres que fueron importantes en las distintas regiones, como González (o Rita Barberá, Francisco Camps, Granados y otros tantos otros que han caído en desgracia a lo largo de estos años). Esas caras coinciden en el tiempo con dirigentes más jóvenes que, en principio, no parecen salpicados por estas prácticas.

Así, en este punto, sería interesante saber si Génova y Moncloa conocían la dimensión de los problemas judiciales que se le venían encima y si han actuado en consecuencia. Por el momento, la decisión de llamar a Rajoy como testigo ha quedado sepultada por la detención en directo de Ignacio González y, sobre todo, por la imputación de Marhuenda y Casals, dos detalles que los informativos de televisión del grupo (Antena 3 y La Sexta) obviaron mencionar este miércoles, al igual que La Razón, que a última hora de la noche abría con la manifestación de la oposición a Nicolás Maduro en Venezuela.

Un mal año judicial para los intereses del PP

El goteo de actuaciones judiciales llega cuando los datos macroeconómicos avalan la gestión del Gobierno y coincide con los primeros contactos para que el Gobierno saque adelante en el Congreso su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Resulta evidente que lo que ha ocurrido esta semana no ayuda precisamente al entendimiento, sobre todo si tenemos en cuenta el ruido mediático que provocan, con o sin tramabús en funcionamiento, y de que una parte del discurso de Pedro Sánchez, precandidato en las primarias socialistas, tiene que ver precisamente con el oxígeno que la gestora dio al PP a pesar de sus problemas con la corrupción.

Desde hace tiempo, se tenía constancia de que el primer semestre del año sería un suplicio para el PP, a la espera de conocer las primeras sentencias sobre las larguísimas causas sobre presunta corrupción instruidas. Quizás pocos imaginaban que la resolución de estas causas acabaran con un presidente de una de las CCAA modélicas del PP detenidos o con el presidente del Gobierno testificando por la manera en la que se financiaron las campañas que él dirigió desde el PP.

A falta de resoluciones judiciales firmes, no parece haber duda de que ha habido una gestion irregular de fondos públicos en Administraciones emblemáticas para Génova, con especial mención a la Comunidad Valenciana o Madrid, donde cargos del PP consideraron las empresas públicas como un cortijo personal. Queda por dictaminar si esas gestiones derivaron en enriquecimiento personal o no de personas vinculadas al anterior Gobierno madrileño y de si  una parte del fraude se habría dirigido a financiar al PP de Madrid, donde todavía quedan cuentas por ajustar. Cifuentes se juega en ello su futuro político y su posible proyección nacional.

CODA. La Guardia Civil registra esta mañana las oficinas de la constructora OHL en el marco de las investigaciones sobre financiación del PP, una operación derivada de la intervención de la agenda de Francisco Granados en la que habrían aparecido referencias de pagos de empresas al PP de Madrid.

Enric Juliana escribía en La Vanguardia: «En otro momento, la detención del siniestro González habría significado un alivio para el presidente del Gobierno. Ahora, le complica la vida. El resistente Rajoy ha mejorado su posición en la Unión Europea, tiene el pleno apoyo de alemanes y franceses, la economía crece en las estadísticas, la aprobación del presupuesto del 2017 parece posible, el PSOE sigue noqueado y el soberanismo catalán podría llegar a perderse en el interior de su propio laberinto. El lunes de Pascua, cuando Madrid volvió a ponerse en marcha, la única oposición era el autobús de Podemos. En tres días la dirección del viento ha cambiado».

Una particular semana negra para el PP que recuerda su factura pendiente con la corrupción y de la que es incapaz de desprenderse.