La semana arranca con un éxito que comenzó siendo un fracaso. Hace unos días, escribimos a propósito de la inconveniencia de la campaña de Podemos para denunciar el nuevo argumento de moda, la trama o esa suerte de conspiración entre distintas personalidades del mundo de la política, la judicatura, la economía y los grupos mediáticos con el objetivo de protegerse y de ayudarse para sostener el control del país. Ese relato, que requiere una buena dosis de confianza en el que lo escucha, se quedó corto unos días después, con la decisión del tribunal que juzga el caso Gürtel de llamar a Mariano Rajoy como testigo y, sobre todo, tras la detención de Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, por irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II.

El viernes por la noche, el juez envió a prisión, sin fianza, a González, por desviar al PP de Madrid dinero procedente de la empresa pública en el año 2012, poco antes de tomar las riendas del Gobierno regional tras la retirada de Esperanza Aguirre. González, uno de los hombres que crecieron a la sombra de Aguirre tras el tamayazo, está acusado de presuntos delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, fraude, falsificación documental y organización criminal. Por ironías de la vida, no coincidirá en Soto del Real con Francisco Granados, su rival por el control del partido y el afecto de Esperanza Aguirre, quien comenzó su periodo de prisión preventiva en Soto del Real pero que fue trasladado a la cárcel de Estremera.

Además de enviar a prisión a González, el juez Velasco impuso prisión eludible con fianza de 4 millones de euros para ex directora financiera del Canal Isabel II  y para el hermano de González, directivo de Mercasa y uno de los investigados por su participación en una red de blanqueo de capitales en la que habrían participado distintos miembros de la familia del ex presidente de Madrid. También se impuso una fianza de 100.000 euros para Javier López Madrid, el compiyogui amigo de la reina Letizia, imputado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y detenido en  el marco de la Operación Lezo y le acusaba de haber pagado un millón de euros en comisiones a González.

Viñeta de Ricardo en El Mundo

En el momento de elaboración de este post, ni Génova ni el PP de Madrid había adoptado más decisión que la de la suspensión de militancia del todopoderoso Ignacio González. El jueves, Esperanza Aguirre rompió a llorar ante la prensa cuando fue preguntado por su delfín en la CAM tras declarar ante el juez de la Gürtel que no tenía conocimiento de lo que los implicados en la Gürtel hacían en la CCAA que ella misma presidía. Desde entonces, se cruzan informaciones sobre las consecuencias de un ajuste de cuentas que habría emprendido Cristina Cifuentes contra Aguirre (en la persona de González) y las consecuencias de una actuación que, durante unos días, nos volvió a teletransportar a la situación de cabreo generalizado en el país tras la publicación de los Papeles de Bárcenas.

La trama en estado puro

Como suele ocurrir, la caída en desgracia de González ha puesto en evidencia actuaciones que dan la razón a Podemos en la puesta en marcha del tramabús. Primero: El ex presidente de la CAM fue advertido por un miembro del Gobierno de que su teléfono estaba siendo intervenido por la Guardia Civil, a lo que él mismo hizo referencia en una conversación. Este sábado, se supo que el hermano de Ignacio González se había reunido con el número 2 del Ministerio del Interior, una reunión que, según el entorno de José Antonio Nieto fue «protocolaria» y no duró más de un cuarto de hora.

Segundo: La información llega después de que se filtrara el malestar de los fiscales de Anticorrupción con su fiscal jefe por el intento de éste de frenar registros de la operación que acabó con la detención de González. Tras constatarse este freno, los fiscales pidieron reunirse en Junta, activándose el art. 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal (invocado para denunciar una orden ilegal recibida por un superior jerárquico). Tras la reunión, el fiscal jefe de Anticorrupción cambió de criterio y se dio luz verde a la operación.

Se da la circunstancia de que el propio Ignacio González habló con Eduardo Zaplana del fiscal Manuel Moix antes de colocarle en ese cargo contra el criterio de la ex Fiscal General del Estado, Margarita Madrigal: «Te digo yo a ti, que yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué requisito. Él era el jefe fiscal de Madrid, que es un tío… bueno… se llama Moix, es un tío serio y bueno». Serio y bueno, suponemos, para sus intereses, que no tienen por qué ser los intereses públicos.

Tercero: Según Vanitatis, dos de las tres hijas del ex presidente regional habrían accedido a uno de los pisos de Protección Pública de Precio Básico (VPPB) de las promociones construidas en el PAU de Valdebebas, que comienza a despuntar como uno de los pelotazos urbanísticos del momento al emerger como zona de familias de jóvenes profesionales. Cada una compró un piso de 80.62 metros útiles a través de una hipoteca pendiente de 145.000 euros con el BBVA. Ninguna de ellas vive allí, primera señal de que podemos estar ante uno de esos negocios inmobiliarios a los que pueden acceder los cachorros de la casta por las buenas relaciones de sus familias a pesar de alegar que ninguna de ellas declaró ingresos familiares superiores a 5,5 veces el  Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es la condición para acceder a este tipo de viviendas.

Cuarto: Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, director y presidente de La Razón, declararon ante la AN imputados ambos por un delito de coacciones por presionar a Cifuentes para que no denunciara una serie de irregularidades que han dado lugar a la Operación Lezo. Marhuenda se ha vuelto a confirmar como una estrella mediática, con paseo por todos los medios de Atresmedia, tras dicha declaración, en la que aseguró que había habido coacciones. El director de La Razón sí confirmó conversaciones para defender a un amigo que estaba en una mala situación, en referencia a Edmundo Rodríguez Sobrino, y pidió disculpas por llamar «zorra» y «puta» a la presidenta regional y a su jefa de Gabinete en una conversación que, dijo, se ha malinterpretado.

La imputación de Mauricio Casals, de la que se apenas se habla, sí ha servido para que algunos medios pongan el foco en su persona y en sus magníficas relaciones con Presidencia del Gobierno en los tiempos de María Teresa Fernández de la Vega y de Soraya Sáenz de Santamaría. Ha sido este último vínculo el que ha vuelto a señalar la posibilidad de que estemos ante un bonito ajuste de cuentas con la ex vicepresidenta a través de uno de sus mejores flancos: Su capacidad de influencia mediática.

Ni Rajoy ni el PP pueden pasar página sin más

La gravedad de los hechos que se han puesto de manifiesto estos días obligan a tomar decisiones de calado, que no se agotan con la marcha de Esperanza Aguirre de la política. Es posible que tanto el Gobierno como el PP tengan la tentación de rebajar el tono a la espera de que escampe la tormenta y tanto medios como el ciudadano medio vuelvan a relajarse, como hizo tras comenzar a instruirse el caso Gürtel y tras la emergencia de su ex tesorero, y cometería un error. Para empezar, el PP hoy no puede usar el rodillo parlamentario para frenar o silenciar petición de comparecencias, una situación todavía más preocupante en mitad de la negociación de unos Presupuestos Generales de los que depende que vayamos a elecciones en unos meses.

Sin embargo, Génova puede creer que tiene argumentos para optar por la estrategia de dejar pudrir los temas, una táctica en la que Rajoy es un maestro, como ha confirmado al deshacerse de todos sus rivales y enemigos internos gracias a no hacer ni decir nada. En los últimos meses, el CIS ha venido confirmando en sus barómetros que la preocupación por la corrupción y el fraude habían descendido, algo que seguramente variará en las próximas semanas con la reaparición de asuntos que se creían desechados en el lugar más remoto de la galaxia política española.

Existe un factor de peso para actuar ya y hacerlo de forma expeditiva: Ignacio González no es un cualquiera y, con todos los respetos, Madrid no es Murcia, donde Pedro Antonio Sánchez ha conservado su acta de diputado a pesar de dimitir para esquivar una moción de censura de la oposición. Madrid ni siquiera es asimilable a lo ocurrido en la Comunidad Valenciana durante los últimos años, en buena medida porque éste es un espejo diario de cómo funciona el país y de lo que la ciudadanía puede esperar de los poderes establecidos. En sentido positivo y, sobre todo, negativo.

No es casualidad que la última operación de la Guardia Civil haya tocado a políticos (se rumorea que habrá más detenciones y ya se ha filtrado que se investigan las operaciones del Canal de Isabel II en la época de Alberto Ruiz-Gallardón), a grandes empresas (sospechosas de financiar ilegalmente al PP, veremos si en forma de sobornos), a la prensa y, de paso, haya puesto en el foco la actuación de la Fiscalía. No es casualidad que lo que no causó revuelo cuando ocurrió en Murcia hoy sea un escándalo nacional por acontecer precisamente en Madrid, que se confirma como un pozo de podredumbre que ha desbancado a la Comunidad Valenciana en el ideario ciudadano.

El PP puede tener la tentación de dilatar los tiempos sin actuar sobre comportamientos que explican, mejor que cualquier tratado, qué tipo de cultura política ha regido en el país en los años de bonanza económica, una serie de comportamientos que, como ha puesto de manifiesto Marhuenda, no han variado a pesar de lo ocurrido durante la  eterna crisis económica que impactó en España en 2008. Y esto es lo más grave y decepcionante de lo ocurrido durante la última semana: No hemos aprendido nada.

CODA. Durante estos días, el PSOE ha adoptado un perfil más bien bajo en todas las informaciones aparecidas, más allá de pedir en el Congreso explicaciones al Gobierno por la actuación de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía Anticorrupción, personarse como acusación particular en la Operación Lezo o solicitar un monográfico en la Asambela sobre el funcionamiento del Canal de Isabel II.

La gestora es muy consciente del malestar de una parte de la ciudadanía con su decisión de abstenerse en la investidura de Rajoy, un hecho que es recordado cada vez que el PP es pillado en un renuncio relacionado con la corrupción. Tras la decisión de mantener un perfil discreto se encuentra el temor a que el recuerdo de estos casos termine beneficiando el argumentario que ha montado el equipo de Pedro Sánchez y su marco del «no es no» por, entre otras cosas, la incapacidad de Génova de hacer frente a la corrupción.

CODA 2. Recomendamos siempre leer los análisis de Enric Juliana en La Vanguardia. Hoy también nos sumamos a la petición, y no sólo porque compartamos argumentos:

El trágico final de sus adversarios en Madrid podría ser una buena noticia para Rajoy. Podría ser un eficaz argumento afirmar que el PP está empezando a limpiar lo que el PP ha ensuciado. Sin embargo, hay caras largas en Moncloa. El relato no funciona. El Gobierno no logra salir del marco de la corrupción (…)

El relato gubernamental en estos momentos está roto. Toda noticia positiva para la economía queda taponada por los escándalos que no cesan. Una capa de óxido vuelve a recubrir a Rajoy, pese a sus puntos fuertes en Europa y las posibilidades ciertas de aprobar los presupuestos del 2017. Las fugaces expectativas de remontada electoral del PP se alejan, para mayor alivio de Ciudadanos. El autobús de Podemos se convierte en la única oposición y crecen las posibilidades de Pedro Sánchez. El vapor acumulado va a salir por alguna parte y la única rendija abierta son las primarias del PSOE, el 21 de mayo. El repunte de la indignación repercute en Catalunya.