Sobre mociones de censura y estrategia parlamentaria

El jueves, Unidos Podemos se descolgó con el anuncio de la presentación de una moción de censura al Gobierno que, en principio, no saldrá adelante por la negativa del resto de grupos a apoyar la iniciativa. Los portavoces de todos los grupos señalaron que habían sido avisados con muy poca antelación de las intenciones de Unidos Podemos, al igual que la mayoría de los diputados que componen el grupo. Publicamos entonces que todo parecía fruto de la improvisación y parece que los hechos nos dan la razón.

Durante estos días se ha percibido cierto intento por trasladar la situación política actual con la de los años ’80, con un interés nada disimulado de establecer una línea de continuación entre las victorias de Felipe Gonzalez y Podemos como un partido rupturista (con muchos matices) que podría continuar el trabajo de modernización del país que comenzó en 1982 el PSOE. De ahí que convenga tener en cuenta algunos puntos:

  • La Constitución Española de 1978 introdujo en su artículo 113 la posibilidad de que el Congreso pudiera presentar una moción de censura a Gobierno. Esta iniciativa, importada de la Ley Fundamental de Bonn, obliga a que la moción de censura sea constructiva, es decir, que se presente un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno con un programa.
  • El art. 113 de la Constitución establece que una décima parte de los diputados puede presentar la propuesta, lo que, hasta ahora, ha tenido una consecuencia clara: Hasta 2015, no hubo nunca una tercera fuerza que tuviera los 35 diputados suficientes para activar el procedimiento, por lo que la moción de censura ha sido un argumento habitual en la vida parlamentaria española que, en realidad, sólo se ha presentado en dos ocasiones.
  • A falta de que Unidos Podemos registre la propuesta, sólo ha habido dos intentos anteriores: La moción de censura que presentó el PSOE contra Adolfo Suárez en 1980 y la que Antonio Hernández Mancha (Alianza Popular) presentó contra González en el año 1987. Ambas acabaron rechazándose, aunque sus consecuencias fueron distintas para el devenir de los distintos candidatos.
  • Las elecciones de 1979, el PSOE obtuvo 5.4 millones de votos sobre un censo de 26.8 millones de votantes. En 1982, prácticamente duplicó su resultado hasta los 10.1 millones de electores. En 2016, Unidos Podemos obtuvo 5 millones de votos con un matiz importante: El censo fue sobre 36.5 millones de electores, un dato que han pasado por encima analistas como Iván Redondo, empeñado en establecer la equivalencia entre Unidos Podemos hoy y el PSOE de Felipe González de los años 80.
  • Más diferencias: La primera moción de censura se celebró con un PSOE en claro ascenso electoral. En el caso de Felipe González, el debate consiguió demostrar que la UCD estaba en un proceso de descomposición y que Adolfo Suárez comenzaba a perder la confianza de los suyos. El debate le permitió auparse como candidato a presidente, ganar lo que se conoce como “voz presidencial”, algo que lograría en octubre de 1982 con mayoría absoluta.
  • Hernández Mancha, por su parte, llegó al Congreso sustituyendo a Manuel Fraga y con un objetivo: Darse a conocer ante la ciudadanía como el nuevo referente de la derecha española, dado que ni siquiera era diputado. El resultado del debate fue un desastre, tal y como cuenta Jorge Verstrynge, entonces secretario general del AP. Hernández Mancha se vio sobrepasado y fue incapaz de articular una alternativa creíble mientras buscaba folios en el atril.
  • La moción de censura anunciada por Iglesias, por lo tanto, no se parece a ninguna de las dos anteriores: Los sondeos sobre intención de voto recogen que Unidos Podemos no sólo no está en progresión ascendente, sino que cae respecto al PSOE, e Iglesias ya es un líder bien conocido por el elector medio. La novedad sería que la formación presentara a otro candidato, algo que, por el momento, dejamos en la nevera.
  • El art. 177 del Congreso de los Diputados establece que la propuesta de moción de censura, tras debatirse, debe contar con la mayoría absoluta de los diputados de la Cámara. Si sale adelante, se activaría el procedimiento que recoge el art. 99 de la CE a propósito de la elección del presidente del Gobierno (propuesta de candidato, votación por mayoría absoluta, si no lo consigue votación a las 48 horas y si no logra una mayoría simple, apertura de un periodo de dos meses para presentar un candidato alternativo).

El anuncio de Unidos Podemos ha vuelto a provocar las reacciones acostumbradas: Es un ejemplo de espectáculo más de la formación, que no respeta las reglas del juego y que pretende romper la propia convivencia parlamentaria dando oxígeno al Gobierno de Rajoy, que ha tenido margen para incluso bromear sobre una iniciativa legítima que aparece en nuestro ordenamiento como un instrumento más de control del Congreso al Gobierno.

Más allá de la puntualización, resulta evidente que hay malestar en la parte más activa de la sociedad ante los escándalos de corrupción y de conexión de una parte de la judicatura con el Gobierno del PP, como lo que es que este asunto ha vuelto a ser un argumento para abrir una sima mayor entre los partidarios de las distintas formaciones políticas, que se dividen en dos grupos: Los que consideran que la moción de censura es un deber ético ante lo que está ocurriendo, de manera que una negativa a apoyar la iniciativa o al menos a sentarse a negociar supone apuntalar a un Gobierno corrupto; y los que rechazan la medida por ser improvisada y porque persigue presionar de tal manera al resto de formaciones para que, por miedo a sus propios electorados, terminen apoyando la estrategia de Unidos Podemos.

Esta presión está dirigida, particularmente, a C’s y al PSOE por ser los dos partidos que apoyaron de una forma u otra la investidura de Rajoy. En el caso de C’s, se recuerdan sus mensajes en pro de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción mientras sostiene gobiernos del PP en Madrid o en Murcia salpicados por estos problemas. No es casualidad que los líderes de la formación permanezcan en un perfil bajo, a la espera de que Rajoy vuelva de su viaje internacional y/o de que se ponga fin al caudal de informaciones que confirman cómo se ha funcionado en España durante décadas y a propósito de las connivencias del poder político con lo que podemos denominar poderes fácticos.

En el caso del PSOE, el anuncio de la moción de censura, que ahora la dirección de Unidos Podemos trasladará a las bases para que decidan si es conveniente o no, sirve para volver a profundizar sus propias contradicciones, puestas sobre el foco público en el proceso de primarias que se decidirá el próximo 21 de mayo. Por una parte, Patxi López y Susana Díaz ya han manifestado su rechazo a sentarse siquiera a negociar la moción. Por su parte, Pedro Sánchez se muestra cauto, consciente de que este movimiento de Unidos Podemos puede ser un arma de doble filo.

Es posible que los sanchistas vean la iniciativa con buenos ojos, pues permite profundizar el marco de que llevaba razón cuando se opuso a la investidura de Rajoy. También podrían aceptar la posibilidad de que fuera el candidato propuesto en el caso de ganar las primarias. Sin embargo, existe cierto riesgo a quedar atrapado en los discursos y formas de la formación que lidera Pablo Iglesias, algo que sufrió en carnes propias hace un año, cuando el país fue de nuevo convocado a las urnas por la imposibilidad de llegar a un acuerdo a tres entre Unidos Podemos, PSOE y C’s. De ahí la reacción de las últimas horas, recordando precisamente el no de la formación morada a su investidura.

Más allá del deber ético contra el Gobierno del PP, es muy posible que Unidos Podemos haya ejecutado un paso más improvisado de lo que parecía en un primer momento movido por intereses puramente estratégicos: Como apuntábamos hace unos días, sólo tiene 71 diputados, lo que le obliga a negociar y tender puentes con el resto de formaciones políticas para conseguir los 176 votos necesarios para sacar adelante la moción de censura. En su lugar, ha optado por el enfrentamiento directo con los llamados a ser sus aliados ofreciendo, a posteriori, negociar programa y/o candidato, a lo que la mayoría de grupos con representación parlamentaria se ha negado.

Unidos Podemos está contactando con grupos de interés sociales para conseguir su apoyo, algo de lo que ya se ha desmarcado Jueces para la Democracia. Es la primera prueba de un movimiento que tal vez no se haya medido bien, aunque a corto plazo el efecto del discurso pueda tener un efecto demoledor para el PSOE en los términos habituales: Es una formación que es parte de un sistema corrupto y basado en el clientelismo y su negativa a cualquier opción que suponga amenazar el statu quo es la confirmación de que el PSOE es parte del pasado y un factor a eliminar.

El único consuelo para los intereses de Ferraz es que los sondeos sobre intención de voto recogen que no hay grandes trasvases de votos de sus siglas a las de Unidos Podemos aunque sí puede incentivar un aumento de la abstención, precisamente entre el electorado más crítico socialista.

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en activo
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