Nadie se había atrevido a ir tan lejos. Theresa May, responsable del Ministerio del Interior con David Cameron hasta que fue nombrada primera ministra tras la dimisión del líder torie tras el referéndum del Brexit, lo dejó claro en un acto de campaña este martes por la noche: Los derechos humanos comienzan a ser un problema para combatir el terrorismo yihadista y serán modificados si es necesario.

En la campaña electoral de Reino Unido ya no se habla del Brexit ni de las propuestas de los partidos políticos para los próximos años. Como anticipamos hace apenas unos días, el terrorismo se ha convertido en el centro del debate de la campaña de las elecciones generales, sobre todo a raíz del intento nada disimulado de la candidata tory, Theresa May, de usar los atentados como el pegamento de su más que cuestionable campaña electoral.

May, responsable de la lucha antiterrorista desde 2010, un periodo que se ha saldado con un recorte de 20.000 agentes en la calle, confirmó que se cambiarán las leyes relativas a los derechos humanos para controlar mejor a los sospechosos de terrorismo:

«Me refiero a penas de prisión más largas para los condenados por delitos terroristas. Me refiero a facilitar que las autoridades puedan deportar a extranjeros sospechosos de terrorismo a sus países. Y me refiero a hacer más cosas para restringir la libertad de movimientos de sospechosos de terrorismo cuando tenemos pruebas de que son una amenaza, pero no pruebas suficientes para procesarlos en los tribunales. Y si nuestras leyes de derechos humanos se interponen en la forma de hacer esto, cambiaremos la ley para que se pueda hacer. Si soy elegida primera ministra el jueves, ese trabajo comenzará el viernes».

No es nueva la estrategia pero sí el contenido del mensaje, que vuelve a obviar la base del problema. En su mayoría, los autores de los últimos atentados de corte yihadista en suelo europeo son personas nacidos en el país y que se radicalizaron en algún momento de sus vidas por variados motivos. Sin embargo, se obvia este asunto y se utiliza una táctica parecida a la que el PP puso en marcha tras los atentados del 11 de marzo de 2004, con consecuencias nefastas para sus intereses electorales: Aprovechar el momento de desconcierto y de dolor de la sociedad para atraer un voto que se solicita en base a informaciones incompletas o, directamente, manipuladas.

Así, con el shock de los últimos atentados en Reino Unido, en especial el atentado de Londres del pasado sábado, May se sube a la ola que reclama que se haga todo lo necesario para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos frente a atentados protagonizados por lobos solitarios que se inmolan en conciertos de pop, como ocurrió en Manchester, o que toman una zona de ocio atacando a cualquiera que se cruzara por su camino. Y lo hace para que no se hable de los recortes en seguridad, de que uno de los terroristas de Londres había sido interceptado en Italia en 2016 (y se había informado de ellos a los servicios policiales británicos) o de los otros dos terroristas habían sido denunciados por su radicalismo, denuncia que la policía no había valorado como relevante.

May opta por hacer electoralismo y se sube a la ola que abrazan medios de comunicación amarillistas, que este miércoles salieron a la calle pidiendo el voto directamente para May frente al caos que supondría, en su opinión, la victoria de Corbyn. Renuncia, así, a la responsabilidad que va inherente a su cargo y regala la primera victoria simbólica del terrorismo frente a los Estados que se rigen por el estado de derecho de corte liberal que constituyen la base del Derecho Internacional desde la Segunda Guerra Mundial.

Si gana May y lleva a cabo lo prometido, bastará la sospecha para actuar restringiendo pilares como el de la no discriminación por razón de raza o religión, el derecho a un juicio justo, a la libertad de movimientos, a la libertad de expresión. Es decir, estaremos dispuestos a renunciar a principios básicos por un bien superior, la seguridad, de manera que ya nos podemos trasladar directamente a la época de Thomas Hobbes situándonos al mismo nivel que el enemigo que se supone combatimos en nuestras propias sociedades. Y, además, con estrategias que se confirman ineficaces contra la amenaza tal y como se plantea en estos momentos.

La volatilidad de la situación, sumado al shock de los atentados y de la respuesta política posterior, hace imposible realizar un pronóstico electoral medianamente fiable de lo que puede ocurrir este jueves. Los últimos sondeos apuntan a una victoria clara de los conservadores, un dato que no invalida el recorte de la distancia de más de 20 puntos de las dos principales fuerzas desde el arranque de la campaña hasta este jueves:

CODA. En el momento de elaboración de este post, aún no se habían identificado a todas las víctimas del atentado de Londres (ocho fallecidos), entre las que hay un ciudadano español, de 39 años. Aunque las autoridades británicas habían solicitado entre 24 y 48 horas para confirmar la información,  varios medios británicos publicaron que Ignacio Echeverría era uno de los fallecidos del atentado. A primera hora de la tarde, la familia certificó la noticia.

Londres había pedido tiempo hasta que se celebraran las elecciones, lo que incita a elaborar teorías a propósito de una tardanza inusual en la identificación de cadáveres que, en principio, sólo tendrían marcas de arma blanca. La falta de respuestas oficiales, a las que se ha sumado también el Ministerio de Asuntos Exteriores español, así como el hecho de que hasta el viernes la familia no podrá acceder al cadáver de Echevarría, incita a plantear hipótesis sobre la posibilidad de que no muriera a manos de los terroristas sino por disparos de la policía británica.

Esta circunstancia abriría otras preguntas a propósito del intento del Gobierno británico de amarrar la información por interés electoralista, como ocurrió en España tras el 11M, y sobre la propia posición del Ejecutivo español, participando indirectamente en la operación.