La publicación de los llamados Papeles de Bárcenas en la prensa a comienzos de 2013 puso en evidencia una fractura interna en el PP en un mal momento político. El ex tesorero Luis Bárcenas, protegido por el propio Mariano Rajoy y la cúpula del partido por su implicación en el llamado caso Gürtel, rompía la baraja y avisaba a los suyos de que tenía documentación que podría demostrar prácticas ilegales por parte del partido que sostenía parlamentariamente al Gobierno. Más madera para alimentar la hoguerra del descrédito de la formación en un momento de aplicación de medidas impopulares y la sospecha de que estábamos ante un caso de financiación ilegal.

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, no ahorró calificativos en torno a Bárcenas y a las responsabilidades que habían asumido sus antecesores en el cargo a la hora de tapar irregularidades que olían a un acuerdo para silenciar prácticas  habituales en torno a la financiación del PP desde los años de José María Aznar. Unas prácticas que hablaban de donaciones (o directamente, de mordidas) a cambio de obra pública y contratos dependientes de las instituciones controladas por el PP, particularmente en Madrid y la Comunidad Valenciana. Bárcenas señaló entonces a Cospedal como la responsable de su caída en desgracia y la secretaria general del PP respondió con demandas que, por el momento, le están dando la razón.

Aquellas comparecencias públicas de Cospedal explicando el inexplicable «despido en diferido» confirmaron la ruptura del nuevo PP con Bárcenas pero también con buena parte de la cúpula del partido del pasado, con especial mención a Javier Arenas, uno de los pocos supervivientes del aznarismo que todavía goza de poder en la etapa de Mariano Rajoy. Eran los tiempos de la denuncia en torno a la destrucción de ordenadores de la sede de Génova y de un tratamiento de Bárcenas como un apestado en el partido de acuerdo a las declaraciones de los nuevos pesos pesados populares.

Viñeta de Ricardo publicada en El Mundo

Luego llegó la entrada en prisión preventiva de Bárcenas y, mágicamente, la modulación del locuaz ex tesorero hacia la discreción, con un único mensaje tras su puesta en libertad a comienzos de 2015: «He sido fuerte. El PP no tiene nada que temer«. Una declaración que iba en consonancia con el SMS que Rajoy le envió cuando Bárcenas comenzó a estar en la diana de la instrucción del caso Gürtel y que se sumaría a encuentros de «carácter humano», según Arenas, con el ex tesorero. Tras esta declaración, cesaron las intervenciones de Bárcenas en los medios salvo para defender al presidente del Gobierno ante decisiones como la de ser llamado a declarar para responder de lo que sepa de la financiación del PP.

La plana mayor del PP exculpa a Bárcenas

La comparecencia de los testigos citados a declarar en el marco del caso Gürtel confirma estos días las sospechas a propósito de echar tierra sobre un caso que constituye la punta de lanza del funcionamiento habitual del PP con una caja b, destinada a pagar sobresueldos a los altos cargos del partido como complemento salarial y para financiar procesos electorales. Es decir, estamos ante un posible caso de financiación ilegal por parte del partido en el Gobierno desde hace dos décadas.

Esta semana hemos visto desfilar por la Audiencia Nacional a algunos de los pesos pesados del PP durante los años del aznarismo. Se ha podido ver a Francisco Álvarez Cascos, el pasado lunes, y a Javier Arenas, quien confirmó la reunión con Bárcenas por interés humano. El plato fuerte llegó con las comparecencias de Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, así como al ex secretario general del PP, Angel Acebes, cuya gestión está directamente señalada por la trama que se investiga en la pieza global del caso Gürtel. Casi todos, integrantes del dream team que logró unificar la derecha con Aznar, hoy forman parte de la lista de damnificados de Mariano Rajoy, más interesado que nunca en echar tierra a esa etapa.

A pesar de las diferencias y de los problemas que cada uno afronta (con especial mención a Rato), todos ellos mostraron fidelidad a las siglas y situaron a Luis Bárcenas en tareas administrativas y, en cualquier caso, lejos de papel de muñidor de favores políticos a empresarios donantes del PP. Todos ellos coindieron también en negar el cobro de sobresueldos que aparecen reflejados en los llamados Papeles de Bárcenas.

Las comparecencias de la plana mayor del PP de Aznar, que constituyen el primer plato ante la citación de Mariano Rajoy como testigo el próximo 26 de julio, arrojaron también datos que permiten vislumbrar una estrategia procesal clara. Todos respondieron a las preguntas del juez con sendos «no sé», «no me consta» y «no recuerdo» a las preguntas que apuntaban al pago de mordidas por parte de empresarios al partido a cambio de favores políticos, mordidas que, en general, sirvieron para engrasar la maquinaria electoral del PP durante años. Especialmente significativas fueron las declaraciones de Acebes y Arenas, puesto que ambos fueron en su momento secretarios generales del partido y, por lo tanto, responsables directos de la organización de las respectivas campañas electorales que están en el punto de mira judicial.

Por otro lado, la coincidencia en los argumentos, unido al cambio de actitud operado por el propio Bárcenas, aventura ya una suerte de pacto de caballeros para intentar echar tierra sobre un caso del que se responsabilizará, casi con total probabilidad, al ex tesorero Alvaro Lapuerta. Lapuerta, de 89 años, con «demencia sobrevenida», fue señalado como el responsable de la contabilidad del PP, por encima de Luis Bárcenas, y como responsable del control de los donativos y de las cuestiones económicas, incluido el gasto destinado a campañas electorales. Una responsabilidad que no incluía, según Arenas, capacidad para intervenir en las decisiones de las diferentes Administraciones para compensar a empresarios donantes del PP con obra pública: «Nadie tenía atribuciones ni capacidad» para exigir un trato de favor en las ajudicaciones públicas de los ministerios».

Lapuerta no comparecerá ante la Audiencia Nacional por su estado de salud y, por el momento, está por ver si se puede acreditar finalmente la existencia de una contabilidad b en el PP y el grado de responsabilidad penal que se le atribuye finalmente a Bárcenas en su papel de tesorero del partido. A pesar de todo, políticamente quedan pocas dudas de lo ocurrido con la tesorería del PP y de las maniobras para dilatar un proceso judicial que arrancó en mitad de denuncias de una conspiración orquestada por Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy supone la primera pieza de descrédito de un partido que habría actuado de una forma similar a CiU en los tiempos de Jordi Pujol y que sigue atesorando altos cargos y dirigentes de pata negra salpicados por prácticas corruptas aprovechándose de lo público.