Tras meses de aparente parálisis del proceso independentista catalán, alimentada por las fisuras en los socios del Govern y en la CUP y una relación más cordial entre Madrid y Barcelona, con anuncios de inversiones millonarias en Cataluña incluidos, la cuestión catalana ha vuelto a la actualidad de las portadas de los medios de comunicación, sobre todo en los editados en Madrid. La principal razón tiene que ver con los preparativos para la celebración de un referéndum el próximo día 1 de octubre para que los catalanes decidan su encaje en el Estado español contestando a la pregunta «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?».

La semana pasada, el presidente de la Generalitat, presentó el proyecto de ley del referéndum, es decir, la norma que servirá para iniciar la desconexión de Cataluña con el resto de España en 48 horas si una mayoría de catalanes respalda la pregunta que se trasladará a las urnas. El proyecto, que se aprobará seguramente en agosto para dificultar las opciones de que el TC la declare inconstitucional y la suspenda, sigue la estela de la normativa electoral española y no plantea un porcentaje mínimo de participación , de manera que bastará con que el sí logre un voto más que el no para activar el proceso de separación.

El texto fue presentado en un acto en el Parlament y otro en el Teatro Nacional, dirigido a un público más amplio. En ambos, se contó con la presencia de ERC, de la CUP y del PdeCat, a pesar del malestar en sus filas por la destitución fulminante de Jordi Baiget, conseller de Empresa y Conocimiento, que en una entrevista puso en duda la posibilidad de que finalmente pueda celebrarse el referéndum. Su destitución, criticada en público por Francesc Homs, llevó a que Puigdemont agradeciera también en público a Baiget su dedicación y lealtad.

Baiget expresó sus dudas ante las dificultades de celebrar el referéndum vistas las dificultades que está poniendo todo el aparato del Estado (con la declaración de ilegalidad de las partidas dedicadas al proceso electoral por parte del TC) o a declaraciones como las de los ex presidentes del Gobierno de España, reunidos en un foro organizado por Vocento, que llegaron a plantear como última solución la activación del art. 155 de la CE que podría implicar la suspensión de la autonomía.

Viñeta de Ferrán Martin

Una postura que Mariano Rajoy no habría tomado todavía, a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos en lo que parece ser el penúltimo movimiento en relación a un proceso que cristalizó como respuesta a la merma del Estatut por parte del TC en 2010 y que tomó velocidad de crucero tras la celebración masiva de la Diada de 2012. Desde Hamburgo, donde participó en la Cumbre del G20, se limitó a señalar: «Haré exactamente lo contrario que el señor Puigdemont, que está liquidándose la Constitución española y la ley. Yo no haré nada, nada, fuera de la ley, exactamente lo contrario de lo que está haciendo el señor Puigdemont».

Rajoy sigue, por lo tanto, en la línea que se marcó tras el 11 de septiembre de 2012: Trasladar tranquilidad y aplicación de la legislación vigente frente a las voces que reclaman una reacción más contundente y una escenografía dirigida a demostrar el poderío del aparato estatal frente a los intentos de secesión que lleguen de Cataluña.

La consulta tensiona a Podemos

Tanto el PSOE como el PSC pueden narrar, en primera persona, lo que el proceso independentista ha ocasionado en sus posicionamientos políticos en el peor momento posible. Los socialistas, que explican sus buenos resultados en el país gracias a un buen resultado en las elecciones generales en Cataluña, han visto cómo el malestar de millones de catalanes se traducía en una pérdida de votos en todas las direcciones en su peor momento posible. Al desgaste provocado por la gestión de la crisis económica y los vaivenes del último Gobierno de Zapatero se sumaba en Cataluña una crisis de representación por la propia división interna en las filas del PSOE y del PSC a propósito de la nación catalana y de su encaje en el conjunto del Estado.

Desde 2012, el PSC vio cómo el alma catalanista se fue deshaciendo poco a poco, con fugas de históricos dirigentes del partido que, junto a unos malos resultados electoctorales, hacían presagiar una posición política de práctica irrelevancia, como le ocurre al PP incluso en sus mejores momentos electorales. La elección de Miquel Iceta frenó la caída, algo a lo que ayudó el fin de los debates abiertos en torno al referéndum catalán y que se tradujo en un freno a la pérdida de votos en las elecciones autonómicas de 2015.

Por lo tanto, la posición del PSOE y del PSC de cara a la consulta del próximo día 1 de octubre es clara: Rechazo frontal y apoyo de Ferraz al Gobierno de cara a defender la legalidad constitucional con la búsqueda de una «solución política«. Éste fue el mensaje que el jueves pasado le trasladó Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en su encuentro en La Moncloa,el primero que mantenían ambos desde julio del año pasado y en el que la cuestión catalana pareció de servir de excusa para retomar una relación cordial.

Las posiciones de C’s y el PP son claras al respecto, con una negativa a permitir la consulta y con voces populares que, cada vez más alto, reclaman que el Gobierno adopte medidas como la suspensión de la autonomía. Así, se esperaba la posición de Podemos al boicot de la cita por parte de C’s, PP y PSOE y la formación morada tampoco defrauda en este sentido.

«El 1-O puede ser una movilización legítima, pero eso no es un ejercicio del derecho a decidir mediante un referéndum con garantías y eficacia jurídica (…). No hay que criminalizar esa movilización política, pero yo, si fuera catalán, no participaría en ese referéndum». Ésta es la posición defendida en público por Pablo Iglesias, líder de Podemos, aunque esttos días añade su negativa a participar en el caso de que fuera convocado.

Ésta también fue la posición de su secretario de Organización, Pablo Echenique, en la línea de lo que defienden en Cataluña por Xavier Doménech y Ada Colau y en clara confrontación con lo que defiende el líder de Podem, Alvaro Dante Fachín, partidario de participar en el referéndum sin darle carácter vinculante, por lo que entiende que el partido debe estar en la movilización.

Este fin de semana se reunió Catalunya en Comú, el partido que sustituirá a Catalunya Si Que es Pot (CSQEP) y que constituye la marca Podemos en Cataluña pesar de que sus principales caras no pertenecen a la formación, para fijar una posición común tras las fisuras en público detectadas y finalmente se suscribió la opción defendida por Fachin, en lo que constituye una nueva brecha a la posición oficial del partido en Madrid. Así, los comunes participarán en el 1-O pero sin entenderlo como un referéndum vinculante, una posición que les podría permitir salvar los muebles en el caso de que el referéndum finalmente derivara en un adelanto electoral.