Éste es el spot con el que la Generalitat acompaña la convocatoria del referéndum del próximo 1 de octubre, una cita amparada por la firma, por parte del Govern, de la Ley de Referéndum aprobada con los votos a favor de los diputados de Junts pel Si y la CUP y la abstención de los 11 de CSQEP, con la ausencia de los representantes de PSC, PP y C’s, que se ausentaron del Parlament en el momento de la votación. Ya por la noche, tras una sesión surrealista, la Mesa del Parlament admitió a trámite la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república», la principal ley de desconexión con el Estado.

Como se venía alertando desde hace cinco años, el proceso para pulsar la voluntad de una mayoría del pueblo catalán para desvincularse de España entra en una vía rápida, con parada en el referéndum del día 1 de octubre que el Estado español trata de impedir de todas las formas posibles. Ahí están el acuerdo de los principales líderes de las formaciones de implantación estatal, con la habitual equidistancia de Pablo Iglesias, para plantear una respuesta unitaria que, por el momento, se centra en la respuesta jurídica al evidente ejercicio de desobediencia por parte de las instituciones catalanas que muchos comparan con la proclamación del Estado Catalán en la República española por Lluís Companys en 1934. Una decisión que acabó con una proclamación de estado de guerra y con el encarcelamiento de Companys.

Mariano Rajoy aseguró que hará todo lo posible para evitar el referéndum y, tras mostrar unidad con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, cedió todo el protagonismo a la vía judicial. La Fiscalía presentó el viernes una querella contra Carles Puigdemont y el resto del Govern por los delitos de desobediencia grave, prevaricación y malversación de fondos públicos. La Fiscalía Superior de Cataluña solicitó también medidas cautelares, como la imposición de fianzas a los miembros del Govern para cubrir una eventual condena por el gasto de fondos públicos en la consulta ilegal. Esta medida sigue la senda de la intención de la Fiscalía de que Artur Mas y otros cargos abonen la factura de la consulta de autodeterminación del 9 de noviembre por permitirla a pesar de la prohibición del Constitucional.

Por su parte, el TC suspendió el jueves la Ley de Referéndum tras admitir los recursos del Gobierno contra las normas catalanas y advirtió a un millar de cargos políticos  (mandatarios de la Generalitat y 947 alcaldes) de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum, un apercibimiento al que se han acogido primeros ediles del PSC y Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que anunció que no prestará locales municipales para que se celebre la votación. La posición de Colau iba en contra de la orden que llegó de la Generalitat a los consistorios para la cesión de espacios electorales para celebrar la consulta.

La postura de Colau, que repite el patrón abierto en su momento por el PSC, se suma a los problemas registrados en el universo Podem y allegados durante estos meses, confirma uno de los grandes problemas que el conglomerado Unidos Podemos y sus terminales autonómicas presentan ante problemas serios: La unión de distintos partidos políticos tensiona a la organización en momentos clave, como éste, con el llamativo giro de líderes como la propia Colau, que armaron su liderazgo precisamente en la necesidad y oportunidad de plantear una desobediencia al sistema y al Estado.

La ruptura entre una parte de Podem, que comparte la consulta como objetivo, contrasta con la posición esgrimida desde Madrid, y que defienden líderes como Colau o Xavier Doménech, es tal que este lunes, en la celebración de la Diada, se consumará la ruptura con la presencia de Pablo Iglesias y de Albano Dante en actos diferentes. Y añade un problema a las expectativas electorales de la formación morada en uno de sus caladeros de votos, sobre todo si se consuma la fuga de votos de los electores más cercanos a las tesis independentistas.

Viñeta de Ferrán Martín en Republica.com

Desobediencia directa al Estado y crisis de representación

Desde la semana pasada, Cataluña ha entrado en una fase de desobediencia clara al Estado, la más clara desde el intento de golpe de Estado del 23F, ante la voluntad de los políticos independentistas y de una masa importante de votantes de desafiar la legalidad. Ésta puede ser la principal conclusión de lo que se ha vivido en los últimos días, en lo que parece uno de los episodios definitivos de la confrontación entre Madrid y Barcelona ante el evidente problema político que existe en Cataluña desde que el TC depuró el Estatut.

La existencia del problema político se ha intentado atajar con acuerdos económicos, como la aprobación de inversiones millonarias para infraestructuras en Cataluña,y con la actuación de unos tribunales e instituciones que una parte importante de los catalanes no sienten como suyas. En la manifestación de condena de los atentados terroristas se demostró la distancia emocional de una parte significativa de la sociedad catalana que se muestra firme en su deseo de decidir en las urnas su encaje en el conjunto de España.

Más allá de argumentos sobre manipulaciones interesadas o no, tenemos dos evidencias. Por un lado, es indudable que en Cataluña existe un problema de base que tiene que ver con un malestar que no se ha querido afrontar de manera seria, de forma interesada o no, desde Madrid; un malestar que cristalizó en un momento de debilidad de la marca España en mitad de rescates bancario e informaciones sobre un posible rescate como país en la crisis del euro que hoy parece olvidada. Por otro, tampoco hay duda de que ante el desafío la España constitucional ha sido incapaz de armar una propuesta alternativa que pudiera seducir a los catalanes descontentos con el statu quo o, simplemente, valorar como positiva la conexión con España.

Durante estos años hemos visto que ni las tesis de más federalismo ni la idea de la España de naciones en la que entra el PSOE como un elefante en cacharrería ha servido para reducir el apoyo a la necesidad de que se celebre el referéndum sobre el encaje catalán en España aunque sí ha reducido el apoyo al sí a la independencia, quizás por la manera en la que la clase política catalana ha afrontado el procés en algúnos momentos.

Y así llegamos a la actualidad, con la previsión de una celebración de la Diada masiva por sexto año consecutivo, sobre todo como respuesta a decisiones como la de colocar a la Guardia Civil ante imprentas que podrían haber recibido el encargo de imprimir las papeletas de la consulta del 1 de octubre o el registro de un semanario por haberse encargado, supuestamente, de imprimir dichas papeletas.

La presencia en la calle de la Guardia Civil, respondida pacíficamente por independentistas, se completa con portadas en la prensa generalista y catalana, que han pasado de colocar en la diana a los Mossos d’Esquadra por lo atentados del pasado mes de agosto a centrarse en dilapilar la unión entre representes políticos y sociedad civil sin entender que el proceso que vivimos en Cataluña desde hace años no cumple precisamente con ese marco tradicional.

El 15M puso de manifiesto una crisis de representación política que, en el caso catalán, se disimuló con la decisión del independentismo político de acompañar lo que podemos denominar el independentismo social frente a todo lo que representa Madrid. De ahí que no hayan surtido efecto las informaciones sobre la corrupción de CiU o la política de recortes impulsada por la Generalitat con Artur Mas al frente, informaciones que sólo han servido para hacer volar por los aires a CiU y, en los últimos meses, para que el PdeCat se hunda electoralmente en beneficio, sobre todo, de ERC.

CODA. Será interesante pulsar, esta tarde, la asistencia a la manifestación de la Diada, que se prevé masiva de nuevo. Si ocurre, las autoridades políticas catalanas se sentirán cada vez más legitimados por la sociedad para plantear el 1 de octubre como un acto de desobedicencia claro, a la espera de la reacción del Gobierno central.

Mientras, Cataluña lo ocupa todo en la agenda política y mediática, algo que ha desdibujado las alternativas políticas defendidas por Sánchez e Iglesias y que se está aprovechando para filtrar informaciones negativas como el reconocimiento del Banco de España de que el Estado da por perdidos el 75% del dinero destinado al rescate bancario. Ese que, según Mariano Rajoy, no iba a costar un duro a los ciudadanos.