Hace unos años, hacía estragos mediáticos la metáfora del suflé catalán para explicar el éxito de las convocatorias independentistas: En el año 2012, el enfado y la crisis de representación política que se vivía en el país había virado en Cataluña en una enérgica queja al statu quo con el planteamiento de una puerta de salida para desconectar Cataluña del conjunto del Estado español.

Tras seis años de manifestaciones masivas de conmemoración de la Diada, ya apenas nadie utiliza la idea del suflé para describir lo que ocurre en Cataluña, en buena medida porque la realidad es tozuda: Seis años después, entre 350.000 personas (según Delegación de Gobierno), 500.000 (según El País) y un millón (de acuerdo con Guardia Urbana) volvieron a salir a la calle para reclamar libertad y dignidad, dos peticiones que, en estos momentos, pasan por permitir la convocatoria de un referéndum para decidir si Cataluña quiere seguir formando parte de España. Según todos los estudios demoscópicos, una gran mayoría de catalanes estaría a favor de votar el encaje de Cataluña en España, aunque las opciones a favor del sí o no a la independencia basculan.

Seis años después, por lo tanto, el movimiento a favor de la independencia catalana no da síntomas de agotamiento en el fondo a pesar de las informaciónes de los medios editados en Madrid que pusieron en acento en la pérdida de manifestantes respecto a 2014 (año de la consulta del 9N) y que obviaron las llamadas recibidas desde el Gobierno central para, precisamente, enfatizar ese dato de asistencia.

Guerra de cifras aparte, es un hecho indudable que una marea humana volvió a inundar las calles de Barcelona en un momento en el que existe un intento desde el Poder Judicial por frenar todo lo que huela al referéndum, como pone de manifesto la decisión adoptada por un juez de suspender un acto a favor del derecho a decidir organizado en Madrid y para el que la Alcaldía cedió un espacio municipal.  También resulta inapelable que, de nuevo, se viera una manifestación multitudinaria en Barcelona, con ausencia total de incidentes por seguir con la tendencia abierta desde el inicio del «procés» de proyectarse como un movimiento cívico y pacífico a pesar de defender la ruptura con el orden constitucional español.

La noticia del 11S fue que, seis años después, el suflé se mantiene firme a pesar de las campañas de guerra sucia mediáticas contra los líderes que tomaron las riendas del «procés» y que, en las últimas semanas, se han centrado en dinamitar el movimiento a favor de la independencia desde la doctrina judicial, como explicábamos hace unos días. De ahí el interés por comprobar, en la calle, el apoyo independentista a las decisiones adoptadas por las instituciones catalanas, algo que quedó de manifiesto el lunes.

Y eso nos devuelve al campo de juego de la política: Que sepamos, en los últimos meses no han existido encuentros  para negociar o reconducir la situación más allá del nombramiento de Soraya Sáenz de Santamaría como la delegada del Gobierno encargada de dirimir el problema catalán, y esto certifica gran parte del conflicto, que desde Madrid se pretende atajar como un asunto judicial y no como lo que es: Un problema político de primer orden que bien se puede entender como el desafío constitucional más importante para España desde la Transición. Un desafío, insistimos, que se realiza con ausencia de violencia, algo que puede explicar por qué buena parte de la prensa internacional de referencia insiste estos días en sus editoriales en demandar a Mariano Rajoy un referéndum para Cataluña como el de Escocia de hace tres años.

Un movimiento desde abajo

Desde que cristalizó la manifestación masiva de la Diada de 2012, desde Madrid se ha asumido como real que una gran mayoría de catalanes está siendo manipulada por una elite política interesada en desviar con este asunto sus problemas de Gobierno en forma de recortes masivos del gasto público y/o problemas con la corrupción política (3% o el caso Pujol, por citar dos de los más significativos). En ningún momento se ha planteado la posibilidad de que estábamos ante un problema de crisis política que nació desde la base, como en el conjunto del país, con un rasgo diferente: En Cataluña existe un sustrato identitario común que sirvió de paraguas para hacer realidad unas demandas de mejora de la política desde la configuración de la independencia de Cataluña respecto al conjunto del país.

A pesar de los intentos de minar el sentimiento nacionalista, con hechos como la utilización de la selección española de fútbol y de sus éxitos como pegamento para esa configuación de nación española, los estudios demográficos son claros: En Cataluña, una mayoría considerable de ciudadanos manifiesta sentirse sólo catalán o más catalán que español, algo que no ocurre en CCAA como Madrid o Andalucía (por poner un referente de fuerte sentimiento identitario fuerte que, en esta ocasión, se asimila más con lo que se entiende como español). Ese sentimiento identitario, como ocurre en Euskadi, busca hacerse realidad en la configuración de un modelo de Estado que, en el caso catalán, pasa por la independencia o por la configuración de Cataluña como CCAA como un Estado con mayor nivel de autogobierno.

Estos datos, potenciados desde que se plasmó una salida política al malestar del momento, explican por qué una parte muy importante de la sociedad catalana ha empujado a sus representantes políticos, que en muchos casos no han tenido más remedio que sumarse a la ola para intentar reconducir el proceso; en este punto, conviene recordar las posiciones defendidas por políticos de Unió e incluso de Convergència, muchos de los cuales no se han sentido cómodos ni comparten del todo la deriva adoptada por su formación política. También explica el lío que tiene en sus filas el entorno de Podemos en Cataluña, con Ada Colau negándose a ceder espacios municipales para celebrar el referéndum mientras se asegura, días después, que el consistorio de la Ciudad Condal hará lo posible para que el 1 de octubre se pueda votar.

A pocas semanas del referéndum, existen pocas dudas al respecto: Se realizará la consulta de la mejor manera posible para los intereses de sus promotores, pero en ningún caso se perfila como un proceso similar al del 9N (2.3 millones de participantes) ni en el fondo ni en las formas. Las decisiones judiciales, que este martes alcanzaron al jefe de los Mossos, hacen pensar en una consulta de estar por casa, lo que, en términos legales, le restará legalidad por estar hecha sin garantías.

Sin embargo, a pesar de los intentos por situar la cita del 1 de octubre en el descrédito o incluso en la parodia de las autoridades catalanas, el problema sigue ahí y ya se están produciendo pequeños gestos desde Madrid, como la intención del PSOE de crear una comisión parlamentaria que estudie la reforma del Estado autonómico o la promesa del presidente del Gobierno de hablar de una posible reforma constitucional.

Podemos estar, pues, ante una posible solución al callejón sin salida en el que se ha convertido el problema catalán, que requiere que las partes implicadas estén a la altura de lo que requiere el momento. En este punto, queda claro que la movilización social sigue presente, aunque se desactive por cansancio o falta de soluciones políticas y que está en las manos de Madrid ofrecer posibles alternativas que, como apuntábamos hace unos días, haga atractivo quedarse en España. Ricard González, en un más que recomendable post, aportó algunas claves al respecto.