Quedan menos de dos semanas para la celebración del referéndum que decida el encaje de Cataluña en el conjunto del Estado español y la situación política queda resumida en esta viñeta publicada hace unos días en Politico.eu. A estas alturas, hay dudas razonables de que se pueda votar con garantías el próximo 1 de octubre y, sobre todo, de la legalidad de los resultados que resulten si finalmente se encuentra la forma de manera de volver a proyectar legitimidad en el Procés. Editoriales como el que este lunes publica el Financial Times puede dar pistas sobre la efectividad de los contactos institucionales del Gobierno central para frenar el posible apoyo internacional al referéndum:

El Gobierno central, con el apoyo del resto de fuerzas con implantación estatal, sigue enfrentando el problema catalán desde el frente judicial, con la suspensión de actos convocados en todo el país a favor del derecho a decidir del pueblo catalán o la intervención de imprentas encargadas de la propaganda electoral. Todo ello con las manifestaciones de apoyo del PNV (socio clave en la estabilidad parlamentaria del Grupo Popular) a la consulta en la calle, con la presencia de 30.000 personas el sábado en Bilbao a favor del derecho a decidir.

A partir de este viernes, el frente judicial se ha reforzado con el económico, con la intervención de facto de las finanzas de la Generalitat con un objetivo: Impedir que el Govern pueda desviar fondos públicos a la celebración del referéndum. A partir de esta semana, el Ministerio de Hacienda deberá dar el visto bueno a los gastos destinados a cubrir los servicios públicos.

La decisión, acordada por la Comisión Delegada de Asuntos económicos, se produjo después de detectar un desvío de 6.150 euros en la partida 132 del Presupuesto catalán, correspondiente a la Organización, Gestión y Seguimiento de Procesos Electorales y después de que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se negara a rendir cuentas mensuales con el dinero que Cataluña recibe del FLA al entender que Madrid busca con esta medida control político. El Govern ha anunciado que recurrirá la decisión adoptada, que se suma al intento de los poderes Ejecutivo y Judicial de impedir que las empresas participen en la promoción del referéndum.

Un problema que no desaparece 

La exhibición de fuerza del Gobierno central respecto a Cataluña no despeja el temor en Génova a que se declare la independencia catalana sin pasar por las urnas el 1 de octubre. Mientras se maneja (y se filtra) esa hipótesis, el Ejecutivo busca el apoyo de la comunidad internacional frente a la convocatoria de un referéndum ilegal, un respaldo que podría llegar desde EEUU y la UE, aunque sólo sea como reacción a la manipulación desde el independentismo de la posición exhibida hace una semana por el presidente de la CE, Jean-Claude Jüncker.

Al tiempo que el Gobierno maneja la carta diplomática y de influencia para frenar editoriales en la prensa internacional a favor de la necesidad de celebrar un referéndum como el escocés de 2014, el PP sigue mejorando sus expectativas electorales, algo que, con total probabilidad, se seguirá produciendo en las próximas semanas. Ayuda a ello el apoyo expreso de C’s y la ausencia de posición alternativa del PSOE, que también sube en todos los sondeos sobre intención de voto en lo que parece una recuperación de las opciones del bipartidismo tradicional con Cataluña como pegamento.

En este contexto, con los socialistas ausentes por el momento de las intenciones electorales de los catalanes, la atención se dirige a las posiciones extrañas que mantiene UP y su entorno en Cataluña, con la defensa de argumentos equidistantes desde Madrid mientras se percibe un giro importante de todo el universo podemita en Cataluña respecto al referéndum.

Tras decidir que el consistorio no decedirá locales para la celebración del referéndum, Ada Colau acordó con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, facilitar que los barceloneses puedan votar, al tiempo que participó en un acto de apoyo a los alcaldes a favor de la independencia citados por la Fiscalía por desobediencia el mismo día en el que firmó una carta con el presidente y vicepresidente de la Generalitat dirigida al Rey.

A dos semanas del referéndum, es posible que Madrid pueda tener la intención de apuntarse una victoria que pase por minusvalorar que el problema existe y seguirá existiendo a partir del día 2 de octubre, se logre votar con garantías o no. Según un sondeo especial de Celeste-Tel sobre la situación política en Cataluña difundido por eldiario.es, a partir de 800 entrevistas realizadas entre loos días 12 y 15 de septiembre, el 60% de los catalanes asegura que participará en el referéndum del próximo 1 de octubre frente al 29.1% que afirma que no lo hará.

Entre los que acudirán a las urnas, el 59.5% se inclina por votar a favor de la independencia frente al 30.7% que lo haría en contra. Y, de nuevo, encontramos un apoyo masivo al sí en los votantes de ERC (93.9%) o el PdeCat (92.1%) mientras que, de nuevo, la duda vuelve a estar en lo que  hará el cuerpo electoral de Podem Catalunya: El 70.3% asegura que participará en la votación aunque un 62.2% mantiene que votará en contra (el 33.3% a favor). Entre los electores de PSC o C’s, los dos partidos citados por el estudio, el 37 y el 32% confirma que participará en la consulta.

De acuerdo con los datos del sondeo del Institut Opinòmetre publicado en el diario Ara, el 64.2% manifiesta que acudirá a votar el próximo 1 de octubre (el 54.9% lo hará seguro y el 9.3% posiblemente lo hará). Con este dato, la convocatoria del referéndum lograría porcentajes de participación similares a las elecciones autonómicas y muy por encima del dato registrado en la consulta de 9 de noviembre de 2014 (33% del ‘censo electoral’), un incremento que podría constituir la primera reacción de los ciudadanos catalanes a la reacción judicial y política contra el referéndum registrada en Madrid desde que concluyeron las vacaciones.

Ante la pregunta del referéndum «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?», el 42.3% votaría a favor y un 38.9% en contra, por lo que cobra importancia lo que hará el 6% que se decantaría por el voto en blanco, el 9.1% que se muestra indeciso o el 3.1% que prefiere no responder.

En cuanto a la preferencia de los votantes según el recuerdo de voto, se confirma el voto masivo a favor del sí entre los electores de ERC y de la CUP, con una importante caída, respecto a otros estudios, de los electores del PdeCat. En las filas de En Comú Podem vuelve a estar una parte de la clave de lo que pueda ocurrir, con un 40.9% que votaría en contra frente al 34.6% que votaría a favor y con nada menos que un 24.5% que se pronuncia con un No sé, no contesta. Los porcentajes en los partidos constitucionalistas vuelven a quedar muy claros: el 58% de los electores del PSC votaría en contra, mientras que los del PP y C’s superan el 90% en términos negativos.

Los datos vuelven a ser tozudos: En Cataluña existe un problema político de primer orden con una brecha identitaria en relación con el resto del país que no desaparecerá con exhibiciones de fuerza desde Madrid ni, como se ha visto, con la mejora de la situación económica. Conviene tener en cuenta estos extremos, porque a partir del día 2 de octubre desaparecen las excusas para hacer política por primera vez en cinco años.