A primera hora de este miércoles, a punto de comenzar el Pleno de sesión de control al Gobierno, se puso en marcha un operativo de la Guardia Civil contra el Govern de Carles Puigdemont, con la entrada y registro de las sedes de las consellerías económicas (Economía y Hacienda) y de Telecomunicaciones. No tenemos confirmación de que Mariano Rajoy hubiera informado con anterioridad al resto de partidos de la operación policial.

En el momento de elaboración de este post, había 14 altos cargos detenidos y se habían consumado más de una veintena de registros con el objetivo de impedir la celebración del referéndum del próximo 1 de octubre. Unos registros que se sumaron al operativo desplegado en Terrasa y otros municipios catalanes con el fin de confiscar urnas y 10 millones  depapeletas, que habrían podido ser utilizadas en el referéndum.

El operativo policial se suma al frente judicial desplegado a lo largo de este mes y al económico, con la suspensión de facto del autogobierno económico derivada de la firma de la orden por parte de Cristóbal Montoro que certifica la intervención por parte del Gobierno central de los presupuestos de la Generalitat. En la práctica, el Gobierno ha aplicado la filosofía del art. 155 de la CE, que prevé la suspensión de competencias transferidas a las CCAA que actúen contra el interés general con un matiz importante: No cuenta con el sí del Senado aunque sí del principal partido de la oposición, que estos días intenta buscar una mínima posición propia a pesar de su apoyo explícito al Gobierno de Mariano Rajoy.

Se confirma, pues, una de las sospechas de todo el proceso: El arrojo del Gobierno central para hacer ejecutar detenciones de cargos públicos de la Generalitat, aun a riesgo de convertirlos en héroes de la causa independentista. Por el momento, y a falta de más datos, ha conseguido su objetivo. Nada más conocerse el operativo puesto en marcha, centenares de personas se han concentrado a las puertas de las sedes intervenidas para mostrar su apoyo a los detenidos y a favor de garantizar los derechos civiles. En eso pusieron el acento los cargos de JxS y la CUP, que criticaron lo que consideran un ataque del Estado a las instituciones catalanas, con declaraciones de brocha gorda como las de Gabriel Rufián en el Congreso justo antes de que los diputados de ERC abandonaran el hemiciclo.

Desde Madrid, el presidente del Gobierno reclamó una vuelva a la normalidad por parte del Govern, al que exigió una rectificación. C’s mostró su apoyo al Ejecutivo y la respuesta del PSOE, que se hizo esperar, llegó de la mano de su secretario de Organización, que apuntó que la Guardia Civil cumplió este miércoles una orden judicial. Desde Unidos Podemos, se exigió que no se detengan cargos públicos, a los que calificó de «presos políticos» y el lehendakari, Iñigo Urkullu, afeó la actitud pirómana del Gobierno y reclamó que se reconduzca una situación fuera de control:

El Estado se apunta un 1-0 pero el problema sigue

Hace poco alertábamos del peligro de que el Gobierno central y las formaciones políticas que respaldan su actuación de manera más o menos directa cometieran el error de apuntarse una victoria por impedir la celebración del referéndum. Señalábamos que era posible que el 1O se celebrara pero que la actuación del Estado fuera de tal magnitud que se proyectara una imagen de parodia al exterior (con las implicaciones que ello tiene respecto al conocimiento y/o simpatía internacional hacia el movimiento independentista).

A día de hoy, parece claro que la consulta no podrá celebrarse con las garantías precisas que Ignacio Varela recoge en un post imprescindible para entender los problemas en relación a la legalidad de un proceso que puede tener toda la legitimidad posible pero que necesita que sea legal. Sin embargo, eso no implica que el problema se haya solucionado o simplemente encauzado: Existe una masa muy importante de la sociedad civil catalana que ya estaba convencida de que su futuro no pasa por seguir perteneciendo a España y que reclama una respuesta judicial, previsiblemente con una mayor presencia en la calle.

Las actuaciones de estos días, en particular la intervención económica de la Generalitat y la detención de cargos públicos, han podido sumar a no independentistas a una causa que se plantea como la lucha de un colectivo por su derecho a decidir su futuro frente a quienes siguen abordando el problema como un asunto jurídico y de seguridad y no como un desafío político que requiere de menos testosterona.

En este punto, conviene tener en cuenta cuál es la base de la brecha, que se puede estar haciendo cada vez más grande con las actuaciones de estos días: La desafección hacia España por parte de amplias capas ciudadanas que sienten que se les faltó al respeto con la decisión del TC sobre el Estatut, en respuesta del recuerdo del PP tras una campaña infame contra todo lo catalán. Desde 2012, el independentismo se ha proyectado como un movimiento movimiento cívico pacífico, muy bien organizado y con capacidad para dar a conocer sus reclamaciones frente a un Gobierno que se negó a estudiar cualquier consideración amparándose en que el suflé bajaría con la recuperación económica de la crisis.

Bien, el suflé no ha bajado y, en este punto, el riesgo de ruptura es incluso mayor que hace cinco años. Es posible que eso no ocurra hoy ni el año próximo pero si no se encauza políticamente el conflicto no sólo no se rebajará tensión en los próximos años, sino que la brecha sentimental se irá ampliando de manera inexorable. En manos del independentismo su capacidad para revestir de legalidad sus reivindicaciones, algo que necesariamente debe alejarse de las prácticas que se plasmaron en el Parlament en los Plenos del 7 y 8 de septiembre.