Durante estos años hemos hablando a menudo de la falta de soluciones políticas hacia un problema que nació como parte de la crisis política que derivó de la crisis económica brutal que impactó en España a partir del año 2008. Este martes, hemos vuelto a confirmar la falta de altura de miras y de liderazgo en un momento crucial en el conflicto político que se dirime entre Cataluña y el resto del Estado español.

El martes por la noche, el Rey Felipe VI dirigió un mensaje institucional que, en esencia, siguió la senda del argumentario abierto desde el domingo por el Gobierno de Mariano Rajoy: Cataluña no celebró un referéndum y las autoridades catalanas están obligadas a volver al marco constitucional desde la idea de la unidad de españa con aviso de que rendirán cuentas por su actuación. Una sugerencia de activación del art. 155 de la Constitución española de la que se viene hablando desde comienzos del mes de septiembre.

El Rey habló de concordia y defendió la unidad del país sin hacer mención a los dos millones de catalanes que iniciaron este domingo el camino hacia la independencia política tras la ruptura sentimental con España o a los heridos por las cargas policiales. La Casa Real, por lo tanto, se ata en corto a la posición defendida por Mariano Rajoy y por el PP, en lo que forma parte de un argumentario que parte de una falacia: Los catalanes no pudieron votar el 1 de octubre porque el referéndum que se celebró en Cataluña era ilegal y no contaba con las garantías mínimas legales.

Ese argumento esconde la propia realidad de lo ocurrido en Cataluña y que presenta varias derivadas que no hace sino reafirmar que estamos ante la crisis política más grave que vive España desde la Transición:

• Con todas las dificultades y faltas de garantías legales, que las hubo, se consiguió el objetivo de votar en el referéndum convocado a pesar de las dificultades añadidas durante todo el mes de septiembre por parte del aparato del Estado gracias a una alta dosis de creatividad por parte de las organizaciones cívicas que lideran la movilización independentista. Urnas escondidas en casas particulares durante todo el verano; papeletas impresas desde hace meses; operaciones de película del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para distraer a la policía encargada de su seguimiento con el objetivo de llegar a un centro electoral y poder facilitar la imagen de que se votaba con normalidad.
• En esencia, y a pesar de la actitud desplegada por Madrid, los partidarios del sí no lograron una participación masiva que hubiera legitimado la Declaración unilateral de independencia (DUI), lo que obligaría a abrir una vía de negociación o diálogo sugerida por el propio Carles Puigdemont en el mensaje institucional dirigido a la ciudadanía el domingo por la noche en el que señaló que la decisión adoptada en el referéndum «sería vinculante«. Se habla de este 6 de octubre como fecha probable para llevar a cabo esa Declaración.
• Todo el proceso de votación, afrontado con aire cívico y festivo, quedó empañado por las cargas policiales que se registraron a primera hora de la mañana, unas cargas que confirmaban que el Gobierno español no había logrado sus objetivos: El despliegue policial de 12.000 agentes, en Cataluña desde hace 15 días, no impidió que se votara. Se votó durante todo el día con normalidad, y sólo se registraron incidentes en algunos de los centros electorales en los que actuaron los FCSE.

A primera hora de la mañana, varias intervenciones policiales sirvieron de munición a una serie de vídeos que ponían en jaque la propia estrategia del Gobierno español: Policías pateando cabezas, tirando del pelo o arrastrando a ciudadanos que actuaron con técnicas de resistencia pacífica con los brazos en alto en centros simbólicos de Barcelona (casualmente, en los que estaba previsto que votaran los cabezas políticos del independentismo). Una actuación minoritaria que contrastaba con la pasividad de los efectivos desplegados en los distintos puntos de Barcelona, por ejemplo, que se limitaron a empujar o apartar a los votantes.

A media mañana comenzaron a llegar imágenes del despliegue en pueblos pequeños de Lleida y Girona, con hitos como la intervención de 70 agentes de Guardia Civil en pueblos de 200 habitantes censados, con las cargas policiales sobre personas que acompañaban la votación con paellas populares o la presencia en zonas que tienen un recuerdo muy vivo de lo que suponía la llegada de la Guardia Civil en los años duros del franquismo.

A las 13 horas, cesaron casi por completo los incidentes y las cargas policiales, en su gran mayoría respondidas con resistencia pacífica, algo que no tardó en ser destacado por la prensa internacional, que mostró su preocupación por lo que estaba ocurriendo en Cataluña. En la memoria, la simpatía que la CCAA y Barcelona proyectan hacia el exterior desde los Juegos Olímpicos de 1992 y, en especial, desde que la Ciudad Condal se puso de moda como la ciudad ideal para proyectos de diseño, moda y comunicación.

No hay que ser muy avispado para sospechar que el delegado de Gobierno en Cataluña, Enric Millo, recibió una llamada directa de La Moncloa para que cesaran esas acciones que, sobre todo, dañaban la imagen de España en el exterior al tiempo que no se conseguía el objetivo de no permitir votar. Las intervenciones del titular de AAEE en medios internacionales confirmaba la preocupación del Gobierno ante lo ocurrido, algo que terminó de inflamar los ánimos, sobre todo al comprobar que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se mostró preocupado por lo que estaba ocurriendo por la mala imagen que el país estaba dando y no por los hechos mismos que estaban sucediendo.

De la fiesta cívica a la huelga general 

A pesar de la intervención desde el Gobierno en la Administración autonómica y del operativo policial desplegado para impedir la celebración de la consulta, 2.2 millones de personas, según datos difundidos por la Generalitat, pudieron depositar definitivamente su voto en las urnas con el resultado esperado: Un 89.3% ( 2.020.144 personas) votó a favor, un 7.8% (176.566) en contra, el 2% en blanco (45.586) y 0.9% nulo (20.129). Se cerraron 400 colegios en los que se calcula que podrían haber votado 700.000 personas más.

Fotografía de Marjorie Grassler

Cataluña confirmó, de nuevo, la misma fractura que ya se detectó en la consulta del 9 de noviembre de 2014 y en las elecciones autonómicas de carácter plebiscitaria celebradas en septiembre de 2015, con una base electoral importante pero estable partidaria de la independencia. Y todo ello, insistimos, con el aparato del Estado volcado en impedir la consulta, con el despligue de 12.000 agentes de la policía nacional y Guardia Civil, que desde el sábado por la tarde comenzaron a hacerse visibles en las principales arterias de las grandes ciudades.

Las cifras de participación y la propia celebración del referéndum confirmaban el éxito de una movilización social y política que se ha mantenido intacta desde la Diada de 2012 y, particularmente, desde el 20 de septiembre, fecha en la que se intervino en la Consellería de Economía de la Generalitat y se detuvo a los primeros representantes políticos por su implicación en la organización del reférendum. Desde entonces, incluso los partidarios del «no» se mostraron muy críticos con lo que suponía, de facto, la intervención de la Generalitat sin activar la aplicación del art. 155 de la CE por parte del Estado central.

Muchas voces coinciden en que ese día la protesta política entró en otra dimensión, con hechos históricos como la llegada de 400 tractores conducidos por payeses en Barcelona el viernes pasado. Y, como siempre, la exhibición de fuerza en la calle se combinó con la muestra de creatividad de la que se ha hecho gala durante estos años: Los centros electorales permanecieron abiertos desde el mismo viernes, a pesar de las órdenes de los Mossos, con la excusa de disponer de una programación de actividades culturales, con la emisión de películas, como por ejemplo Los Goonies en el CEIP Josep Maria Jujols, la práctica de yoga o manualidades desde la madrugada del domingo, con la idea de hacer presencia ante la posible llegada de agentes dispuestos a precintar el colegio electoral.

Tras conocerse el resultado del referéndum, y en cierta media el fracaso al constatar que la participación no superó el 50%, llegó la realidad: Decenas de vídeos mostraron la brutalidad de la actuación de algunos agentes de policía y de Guardia Civil en Barcelona o Girona y en pequeños pueblos de Lleida y Girona y de enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra ante la negativa de éstos a actuar para impedir el referéndum  o con los bomberos. En la práctica, el Gobierno perdía la batalla de la opinión pública internacional desde al menos dos puntos de vista:

• Por un lado, no había impedido que se votara con un despliegue mucho más agresivo de las FCSE, ya que en la práctica sólo cerraron 92 centros.
• Por otro, la idea de que los partidarios del sí habían vulnerado la ley quedaba enmascarada con las cargas policiales brutales ante ciudadanos que se limitaron a hacer largas colas para votar, a pesar de la lluvia que cayó durante buena parte de la mañana en Barcelona, o que se defendieron elevando los brazos. Esa imagen no hay campaña de marketing que lo mejore, algo que se ha puesto de manifiesto en los llamamientos a no usar la violencia para resolver el conflicto que han llegado desde fuera de España.

Se pudieron ver despliegues que recordaban a episodios de fuerzas de ocupación sobre territorio enemigo, algo a lo que no ayudaron precisamente los gritos de «a por ellos» con los que se despidieron a estos efectivos desde distintos puntos de España. Estos vídeos se contraponían con otros en los que aparecían voluntarios protegiendo las urnas con los votos con carreras entre los electores, que actuaban de muros humanos.

Esas imágenes, de nuevo, contribuyeron a tensionar aun más una situación ya de por sí muy tensa, con excesos ante las muestras de rechazo en la calle o la salida de guardias civiles de paisano en las calles de Calella golpeando a ciudadanos que se habían concentrado horas antes para increparles a las puertas de su hotel. Actuaciones que contaron con el respaldo implícito del Ministerio del Interior y con el explícito del PP y de C’s, que se dedicaron a señalar que el Govern había inflado la lista de heridos en las cargas policiales (casi 900). Mientras, en la calle, los ciudadanos recibían así a los efectivos desplegados en Pineda del Mar desde Calella.

El mismo domingo se ponía en marcha la convocatoria de una huelga general este martes en repulsa por las cargas policiales, ampliamente difundidas y rechazadas por la prensa internacional y minusvaloradas desde los medios de comunicación de Madrid, como se evidencia en la selección de portadas con las que se informó de lo ocurrido en Cataluña el domingo.

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Otra vez asistíamos a una diferencia abismal entre lo publicado aquí y fuera, algo que ya se dio a propósito del rescate bancario y, sobre todo, tras los atentados del 11M, en 2004. Desde entonces, varios periodistas han recibido gritos de «manipulación» en los respectivos directos de las cadenas de televisión para las que trabajan y el equipo de Al Rojo Vivo tuvo que salir escoltado por los Mossos del Parlament este martes. Y se confirma la brecha entre Cataluña y una parte importantísima de españoles que aplauden la actuación de las FCSE y que exigen más mano dura al Gobierno.

Este lunes, a las 12 de la mañana, se produjo un paro al mediodía en repulsa por las cargas policiales y plataformas cívicas se sumaron al paro general del martes, que llegó al 75% en los servicios de transporte o al 70% en la Administración autonómica, tal y como se difunde desde la Generalitat. Una fuerte movilización en la calle parece confirmar que es la ciudadanía la que viene marcando la agenda a los políticos catalanes, algo que viene ocurriendo desde hace años, a pesar de los discursos en relación a una sociedad abducida por una élite política y empresarial.

Diversas fuentes aseguran que el paro fue muy importante en las ciudades, con el cierre de negocios y tiendas, además de centros escolares, que esta vez no garantizaron servicios mínimos. Y, de fondo, las cargas policiales contra gente pacífica organizada para votar, aunque fuera simbólicamente, marca un antes y un después en la propia imagen de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que es posible que comiencen a tener en Cataluña los mismos problemas de legitimidad que sufren en Euskadi o Navarra.

Un punto de no retorno 

Ahora, vengo a hablar de mi libro. He pasado cuatro días en Barcelona, siguiendo la última etapa del Procés. No es ninguna novedad. Durante los últimos años he ido en numerosas ocasiones a Barcelona, donde he podido hablar con gente diversa de todo lo que ocurría, en general partidarios de votar en algún momento como punto de partida ante un problema político enquistado en la sociedad catalana que alguien debería abordar en algún momento. Y cuando se habla de alguien hablamos de los representantes políticos de un lado y otro, que durante años han evitado sentarse a hablar seriamente por cálculo electoral y/o supervivencia política.

Mariano Rajoy tiene ante sí un problema monumental que puede abordar, eso sí, con el apoyo implícito de C’s y del PSOE, que durante estos días ha abogado por abrir una vía de diálogo al tiempo que muestra su apoyo a la defensa del Estado de derecho que lidera el Gobierno popular, en buena medida porque sabe que el aire electoral en España circula a favor de la mano dura con los «insurrectos». Basta salir de casa para ver las banderas que de repente han aparecido en numerosos balcones o escuchar las conversaciones para entender que una parte importante de la ciudadanía parece sentirse cómoda con esta situación de tensión que apunta a un ajuste de cuentas con una sociedad a la que se empiez a considerar como enemiga.

La crisis catalana, desde este punto de vista, tiene dos sentidos: por un lado, permite rearmar todo el sistema nacido de la CE de 1978, a la espera de que en algún momento se decida su reforma, y en esa línea va incluso el mensaje institucional del Rey pronunciado esta misma noche. Por otro, se logra activar un nacionalismo español que, por el momento, sirve de pegamento para unir a una base electoral conservadora, con los consiguientes beneficios para PP y PSOE, que pasan por ser los actores políticos principales desde la Transición política y los más damnificados por la crisis política que cristalizó el 15M en Madrid.

En estos momentos, parece que no hay dudas de que el Gobierno llevará al Senado la activación del art. 155 de la CE, que cubriría de legalidad a la intervención de facto de la Generalitat que sucede desde el 20 de septiembre. También se sugiere la detención de Puigdemont antes de que haga pública la DUI, bien empujado por la calle, bien por convicción personal y política, este viernes.

Estas dos actuaciones serían muy bien recibidas fuera de Cataluña incluso por los alérgicos a la reaparición de patriotas de bandera española, franquistas sociológicos o franquistas propiamente dichos, pero no soluciona un problema que, como vengo repitiendo desde 2012, es de base: Una parte importante de la sociedad catalana no se siente cómoda en el statu quo y quiere repensar (algunos dirían revertir) las reglas de juego. En cualquier caso, se trata del desafío más serio al entramado constitucional nacido en 1978 y ocurre con un presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no se caracteriza especialmente por representar un liderazgo fuerte.

Luego queda el foco de lo que pasa en Cataluña desde la sentencia del TC sobre el Estatut, la puntilla a una crisis que comenzó siendo financiera y que hoy se ha convertido en una ruptura emocional de primer orden de consecuencias inciertas. Así, la mayoría de independentistas que conozco ha llegado a este punto en los últimos años, ante la consideración de un agravio permanente desde el conjunto del país hacia Cataluña, una catalanofobia que se ha destapado en cuanto ha habido oportunidad.

Muchos de mis amigos catalanes saben de mis prevenciones ante un movimiento cívico de base, que hace gala de un nacionalismo inclusivo y amable, interesantísimo en su desarrollo y que este domingo consiguió colocar urnas en casi todos los colegios electorales a pesar de la prohibición y del despliegue policial. Y, como ha venido sucediendo en los últimos años, desde una oposición pacífica en la que, mayoritariamente, presidieron las buenas formas y la educación a pesar de las diferencias ideológicas y/o políticas de sus partidarios.

No conozco ningún otro movimiento político o social en España con tanto empuje como el que representa el independentismo. Y eso habla de una ilusión, si lo queremos cuasiadolescente, ante un proyecto político que aparece como alternativa a una situación de alejamiento de la realidad española, por convencimiento propio o ajeno. La crisis política y de representación, en Cataluña, tiene la independencia como puerta de salida. Realista o no, es así, por mucho que se apele a la legalidad o a la soledad internacional ante un tema que la UE considera un «asunto interno» de España.

Durante estos años se ha visto un despliegue de creatividad en las distintas celebraciones masivas de la Diada y también en el trabajo que han liderado ANC o Omnium Cultural. Algún día debería conocerse la organización de los recursos electorales (urnas  y papeletas, básicamente) desde la autogestión, desde un punto de vista muy atomizado, en el que muchos socios tenían en sus viviendas particulares urnas que hicieron llegar de todas las maneras posibles a los centros electorales.

Este domingo, tras compartir horas delante del CEIP Josep Maria Jujols, percibí algo diferente respecto a otras ocasiones: Una decepción hacia España por consentir lo que había ocurrido esa mañana en algunos puntos de voto, un sentimiento que no hacía sino abrir una herida en la que cabían recuerdos de familia durante la Guerra Civil y el franquismo, cicatrices que se creyeron superadas durante la Transición política y los años posteriores y que vuelven a estar expuestas.

Comienza a haber una sensación cada vez más generalizada de que España no quiere a Cataluña y que, al mismo tiempo, es incapaz de dejar que se marche por conveniencia económica (20% del PIB) o esencialista (la misma que se obvia cuando se habla de Portugal, Guinea Ecuatorial o Iberoamérica como ex colonias españolas). Y, al mismo tiempo, se sienten utilizados para reafirmar un pegamento en el que, por el momento, no hay espacios a terceras vías o a discursos que enfoquen que sería un desastre que Cataluña se independice de este modo por todo lo positivo que puede aportar a España, y viceversa.

En este punto, conviene repetirlo: Estamos donde estamos por conveniencia política y electoral de los líderes llamados a resolver una crisis de primer orden que, lamentablemente, parece que no se quiere abordar de forma seria. Ahí está el PSOE, puesto de perfil a la espera del rédito electoral que lleve a Pedro Sánchez a La Moncloa, y el PP, que parece dispuesto a sacrificar a Mariano Rajoy (y a Soraya Sáenz de Santamaría), emulando a José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010.

Tampoco parece haber interés en el lado catalán. Ahí están Puigdemont o Junqueras, que a menudo parecen reaccionar a rebufo de una calle que es la que está marcando el ritmo, con el riesgo que ello conlleva a pesar de que el independentismo se haya caracterizado por la ausencia de violencia como seña de identidad hacia el mundo.

Entramos en una fase peligrosa que puede suponer el punto de no retorno. Sería conveniente que todos actuáramos con altura de miras, desde la política, los medios y la propia sociedad civil española y catalana. Y comenzar a desdramatizar una crisis política que requiere de mucha negociación política y mente fría.

CODA. Uno de mis descubrimientos en este viaje a Barcelona ha sido la parodia del programa Polònia a una de las frases recurrentes fuera de Cataluña o Euskadi: Eres español porque lo pone tu DNI. Disfruten: