A pesar de la expectación mediática, con mil periodistas acreditados por el Parlament, este martes no fue el día en el que se declaró la independencia catalana. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asumió el mandato recibido en las urnas el 1 de octubre y declaró la independencia para suspenderla a continuación con el objetivo de dar un margen de semanas para afrontar una negociación con el conjunto del Estado español.

Tal y como se desprendía del texto pronunciado, dado a conocer a la CUP poco antes del inicio del Pleno, previsto para las 18 horas y que tuvo que aplazarse una hora por desencuentros entre los partidos vinculados al independentismo, se asumen las dificultades de facto de un proceso que ha tenido sobresaltos: Uno de los más importantes, la salida de las empresas con sede en Cataluña por, según ellos, la inseguridad jurídica creada por el Govern con su intención de declaración de independencia y el momento de tensión máxima que hemos visto desde el día del referéndum.

Hacia las 22 horas, los diputados de JxS, de la CUP y de CSQEP firmaron una declaración de independencia que «constituye la república catalana como un Estado independiente y soberano». Un texto sin registrar en el Parlament, más simbólico que normativo, que en teoría es un punto seguido a un proceso frenado en seco momentáneamente.

Primero: Frustración de la CUP 

La portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, confirmó que su partido rechaza suspender la declaración de independencia y que no renuncia a ella, mensaje que llegó cuando muchos de los manifestantes convocados por ANC abandonaba el entorno el Parlament con evidentes signos de frustración.

La portavoz de la CUP pronunció un discurso extraño, muy medido, en buen tono, hablando de una hipótesis de futuro frustrada en el último momento, quizás consciente del sector de la calle que se siente muy cerca de sus postulados. Así, Gabriel se refirió a la República catalana como el proyecto que se ofrecía al mundo para luego reconocer que se habían enterado del contenido del texto leído por Puigdemont en el último momento.

Tal y como se venía señalando en los últimos días por fuentes oficiosas, desde la CUP se asumía en la tribuna que se habían quedado al margen de todo lo relativo a la negociación del texto a propósito de la independencia, lo que implícitamente dejaba en el aire la acusación de «traición» al Govern pronunciada por Arran.

El discurso de Gabriel, muy esperado para pulsar el efecto entre una base social y electoral muy concreta en Cataluña, fue calmado y hablaba sobre todo de una frustración idealista ante una lección de realismo político. El contenido de su intervención, junto a su tono y los llamamientos de ANC por mantener la calma en la calle, explican por qué muchos habían abandonado la concentración antes de que la portavoz de la CUP terminara su discurso. Incluido David Fernández, antecesor en el cargo entre 2012 y 2015.

Poco después, Quim Arrufat confirmó que la CUP suspende su actividad ordinaria lo que queda de legislatura en el Parlament, lo que abre la puerta a un posible adelanto electoral por la pérdida de mayoría por parte de JxS en un mes, que fue el plazo que se le ofreció al presidente de la Generalitat para negociar la independencia.

Segundo: Comienza la fase de negociación

Es muy posible que, si se hubiera permitido votar el 1-O y si no hubiera habido cargas policiales durante la mañana del 1 de octubre, llevaríamos días hablando del poder efectivo del independentismo para proclamar una república independiente. No es descabellado pensar que, tras la intervención del Estado central en la Generalitat, se preveía un aumento de la participación que no existió: Hablaríamos de 2.5-3 millones de catalanes dispuestos a la ruptura con España, pero no hay más. Al menos mientras no se plantee un referéndum similar al de Escocia o Quebec, con campaña por el no incluida.

Este dato ha pesado y pesa sobre una losa sobre los líderes políticos del independentismo, especialmente tras el posicionamiento oficial de buena parte de la comunidad internacional. Eso es lo que explica, a mi entender, por qué este martes hemos visto en primer plano la que puede ser la próxima jugada de estrategia del Govern: Pedir tiempo para rebajar una tensión que está provocando la salida de la ultraderecha y de un nacionalismo que roza el autoritarismo con el fin de internacionalizar el conflicto y encontrar aliados de peso. En los últimos días se habla de la mediación de Kofi Annan, y muchos ojos se dirigen a Alemania, donde los Verdes, sensibles al procés, han abierto negociaciones para la gobernabilidad con Angela Merkel.

A su favor juega que el Gobierno central recibe el apoyo expreso de la UE y organismos internacionales al tiempo que le llegan avisos sobre el efecto contagio a la economía de la Eurozona de mantener la crisis abierta indefinidamente. Ésta es la baza a jugar en estos momentos, aprovechando, de paso, el caudal de simpatía que, como he dicho anteriormente, provoca el movimiento independentista desde el punto de vista de movilización cívica.

En su intervención, Puigdemont habló de mesas de diálogo propuestas en público y en privado, idea que también reafirmó Quim Arrufat, que confirmó que el presidente de la Generalitat había justificado la no proclamación de independencia en una petición de los mediadores internacionales en el último momento. La sola mención de su existencia ya da cuenta de que existen contactos más o menos discretos para buscar una salida a un conflicto incuestionable.

Como ejemplo, el contenido del primer tramo de la intervención de Puigdemont, centrada en la misma base del problema, desde una concepción descentralizada de España a partir de la CE que Cataluña lo entendió como punto de partida y no como llegada por gran parte del Estado español. Este punto de partida, de origen, se agudizó con la chapuza sobre la negociación, aprobación y suspensión del texto del Estatut, con campañas contra Cataluña promovidas por partidos como el PP, y a propósito de la negativa de Madrid a negociar cualquier punto a pesar de que la calle comenzó a llenarse de catalanes muy críticos con el statu quo a los que se ha ninguneado durante años.

Tercero: La pelota vuelve al tejado del Gobierno

En un momento de una clase política que adolece de una importante falta de altura política, quizás llegue el día en el que haya que agradecer que sea Mariano Rajoy el presidente del Gobierno en estos momentos. Durante años se ha echado en falta un liderazgo proactivo para encauzar un conflicto que, desde el comienzo, ya estaba enquistado y, tras el rearme nacionalista de corte español de los últimos días, quizás deberíamos agradecer esa actitud indolente que ha evitado, por ejemplo, la presencia del Ejército en las calles de Cataluña o la activación del art. 155 de la CE.

Es posible que, como en casi todas las facetas de su trayectoria política, el particular liderazgo que ejerce Rajoy pueda haberle librado de ser el presidente que deba hacer frente a la independencia de una parte del territorio. Al menos durante su mandato, lo que no significa que haya arreglado o, simplemente, reconducido el problema.

Tras la declaración suspendida de independencia de Cataluña, ahora le toca al Ejecutivo central mover ficha. En el momento de elaboración de este post, Moncloa daba por declarada implícitamente la independencia y convocaba Consejo de Ministros extraordinario este miércoles para estudiar su respuesta a lo exhibido por Puigdemont, lo que confirmaría que lo ocurrido en el Parlament la tarde del martes puede haberles pillado por sorpresa.

Pese a todo, conviene tener en cuenta que Mariano Rajoy se enfrenta al desfile que conmemora el Día la Hispanidad, este jueves, un evento que José Luis Rodríguez Zapatero conoce bien por los pitidos y gritos que solía recibir de los asistentes. En este contexto, queda descartado que por el momento se acepte en público una oferta de diálogo y/o negociación, aunque los cauces parecen estar abiertos.

De manera más o menos pública, veremos un despliegue de ese seny que caracterizaba a los políticos catalanes desde los tiempos de Jordi Pujol, una forma de negociar en beneficio de Cataluña (1993, 1996 y 2004, con gobiernos del PSOE y del PP) y que se habría abandonado en 2012 a cambio de una confrontación más directa con el Estado.

En el futuro habrá que analizar las presiones a las que el PP debe hacer frente en cualquier decisión que adopte en relación al modelo territorial o a desafíos como el que en su día supuso el fin de ETA o la negociación con Cataluña. Sobre todo en un momento en el que se ha provocado, directa o indirectamente, el resugir del nacionalismo españolista del que venimos hablando desde hace unos días.

Cuarto: Unas elecciones anticipadas que no resuelven nada 

Desde C’s, PSC y el PP volvieron a reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña como el primer paso para resolver la crisis política de la que, en términos generales, responsabilizaron a Puigdemont y a los partidos que forman el Govern. Mención aparte merece la intervención de Miquel Iceta, que volvió a apelar al diálogo ya no aplicar el art. 155 de la CE, medida en la que luego insistió Albert Rivera en su primera rueda de prensa tras lo ocurrido en el Parlament.

En el supuesto de que ésta sea la solución, y no es descartable si la CUP retira su apoyo parlamentario a Puigdemont, unas nuevas elecciones supondrían la pérdida de la mayoría absoluta del independentismo, que necesitaría del apoyo de un cuarto partido (presumiblemente Podemos) para volver a gobernar.

En este sentido, volvemos al punto de partida de 2015, con una pérdida de apoyo concentrado, sobre todo, en la CUP y en el PdeCat, que cede su caudal electoral anterior a ERC, el verdadero ganador electoral. Sobre todo si se comienza a situar como argumento que éste es sólo un bache más en el camino para conseguir un objetivo a medio o largo plazo. En este sentido, ya han comenzado a circular contenidos a propósito del punto y seguido que supone lo ocurrido este martes:

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