La reforma constitucional como plataforma de aterrizaje del ‘Procés’

A las 10 horas de este lunes acaba el plazo del requerimiento enviado por el Gobierno central a la Generalitat para que confirme si Carles Puigdemont declaró la independencia en el Pleno del Parlament del 10 de octubre. Ésa fue la principal decisión adoptada por el Consejo de Ministros convocado de forma extraordinaria el pasado miércoles para responder a lo ocurrido en Parlament en la tarde del martes, una convocatoria que según la prensa de Madrid acabó con una declaración unilateral de independencia, suspendida de inmediato, y que para la mayoría de fuerzas políticas en Cataluña concluyó sin DUI.

Si el Govern no respondiera al requerimiento del Gobierno central, se daría por declarada la independencia de Cataluña, al igual que si la Generalitat respondiera afirmativa, en cuyo caso se tendría en cuenta el segundo plazo: Antes del jueves 19, a las 10 horas, se debería obtener alguna respuesta. En caso contrario, el Senado avalará la intervención de la Generalitat en aplicación del art. 155 de la Constitución Española.

La decisión del Gobierno central se dio a conocer poco antes de que Mariano Rajoy respondiera en el Congreso de los diputados sobre los acontecimientos que se suceden en Cataluña desde el 1 de octubre, y antes de la plasmación de movimientos estratégicos por parte de los distintos partidos políticos con un objetivo: no quedarse fuera de un relato que ya se asume como cierto.

Viñeta de Ricardo publicada en El Mundo el verano pasado

Existe un problema real en Cataluña, un problema que ya salpica a los socios del Govern, con presiones desde ERC a Puigdemont para que declare la independencia, y del entramado civil que representan ANC y Omnium Cultural, presiones a las que este viernes respondieron Irene Rigau y Artur Mas, voces importantes en el movimiento soberanista por la decisión de la justicia de ir a por su patrimonio por organizar la consulta del 9N.

Albert Rivera insistió en la idea de que el Gobierno debería activar el art. 155 de la CE, un objetivo que comparte con la mayoría de la prensa editada en Madrid y con los grandes grupos empresiales, que parecen haberse convertido en un problema para el propio Mariano Rajoy. Este entramado, que lleva semanas presionando a Moncloa para que actúe en sentido restrictivo, quedó en evidencia con la propuesta lanzada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que salió de su escondite para ofrecer una reforma de la CE como solución al problema catalán.

Sánchez explicó que había acordado con el PP la apertura de un proceso de reforma del texto constitucional, que culminaría en seis meses, una circunstancia de relevancia si se tiene en cuenta la alergia generalizada a abrir el melón constitucional, y más en estos momentos. La reforma de la Carta Magna, que viene siendo una petición más o menos popular desde la segunda mitad de los años ’90, se convierte así en el instrumento llamado a reconducir el conflicto catalán. Y lo intenta mediante una modernización de un texto que se acordó como se acordó durante la Transición política y que se ha sacralizado hasta la extenuación a pesar de las referencias a la necesidad de una actualización por parte del PSOE, en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, o como reivindicación del movimiento 15M desde 2011.

Sobra decir que una reforma, necesariamente, no es positiva per se y que muy es posible que, a tenor de los tiempos, el nuevo texto constitucional sea más restrictivo desde el punto de vista social (sobre todo el Título VII o las referencias a los derechos económicos y sociales del Título II) o más recentralizador en términos territoriales (espcialmente si se tienen en cuenta las opiniones que comienzan a aparecer en algunos sondeos).

Sin embargo, forma parte de la nueva jugada adoptada por el PSOE que ha conseguido dos objetivos: Reafirmar el eje PP/PSOE, en aras de una recuperación del llamado “régimen del 78”, en entredicho desde el 15M; y dejar fuera de juego tanto a C’s, que aparece bloqueado en su idea de aplicar el art.155, y a Unidos Podemos, que ya no tiene margen para reclamar un referéndum pactado para que Cataluña decida su futuro y que haría muy mal en quedarse al margen de la reforma del texto como aventuran las primeras reacciones a la “traición socialista“.

Más “régimen del 78″ que se vio en las celebraciones de la Fiesta Nacional, con C’s como actor llamado a apuntalar el sistema (sobre todo si, como marcan los sondeos, se consolida como el principal beneficiario de la tensión entre Madrid y Barcelona) y con imágenes que se quisieron ignorar eta vez: El éxito más que moderado de la convocataria de Sociedad Civil Catalana en Plaça Catalunya concentrada en 65.000 asistentes, según la Guardia Urbana, cifras que no tienen nada que ver con las facilitadas en la manifestación organizada el 8 de octubre, con nutrida presencia de españoles llegados de otras CCAA.

Intervención de la Generalitat y nuevas elecciones 

Se produzca o no la respuesta al requerimiento de Moncloa, parece que estos días el espectáculo seguirá en la pista central del espectáculo con opciones de todo tipo: Desde los que opinan que Puigdemont responderá al Gobierno central con una copia del discurso de su intervención en el Pleno del Parlament hasta los que sostienen que el Ejecutivo tiene ya todo listo para intervenir institucionalmente la Generalitat.

De fondo se asume como muy probable la idea de convocar nuevas elecciones autonómicas en 3-6 meses , que no desbloquearían la situación política, y el posible nombramiento de un “ministro especial para Cataluña“, copiando así la figura institucional del Reino Unido en la suspensión de la autonomía del Ulster. Medidas, ambas, que no hacen nada por solucionar la brecha abierta en Cataluña respecto a España y viceversa, tal y como recogía estos días Ignacio Varela en El Confidencial.

Mientras, se suceden las noticias en relación a la fuga de empresas de Cataluña (en buena medida por las que tienen su principal volumen de negocio con el resto de España), sobre el suspenso de la aprobación de los PGE porque el PP no es capaz de atraerse el voto del PNV con la que cae en estos momentos y sobre las presiones del FMI, que insiste que si sigue abierta la crisis catalana puede verse afectada la economía de España y de la Eurozona, con asunción por parte del Gobierno central de que se deberá rebajar la previsión de crecimiento si las cosas siguen igual.

Internacionalmente, el Gobierno sigue trabajando para mejorar la imagen exterior de España tras las cargas policiales del 1 de octubre, mientras cosecha el apoyo de EEUU y de la UE frente a la independencia catalana. Al menos oficialmente, con declaraciones de Jean Claude-Jüncker, presidente de la CE por la cuota de Luxemburgo (menos de 600.000 habitantes), señalando que no quiere una UE con 98 Estados , o Emmanuel Macron y su defensa de no intervención en un tema que considera asunto interno de España.

Oficialmente, nadie está dispuesto a reconocer que está actuando de mediador entre Madrid y Barcelona, por mucho que algunos apunten a Kofi Annan o, en sentido más negativo, a Moscú como beneficiario (?) de la ruptura catalana. Entre las sombras, sin embargo, se habla de contactos más o menos directos entre los gobiernos de Madrid y Cataluña para reconducir la situación, un diálogo que podría partir del hecho de una vuelta a la legalidad previa a la aprobación de las medidas durante el Pleno del 6 de septiembre del Parlament catalán. Como si este mes nunca hubiera existido y se pretendiera un aterrizaje suave del independentismo.

Una visión que asumen quienes vieron y ven el Procés como un movimiento dirigido por elites políticas, culturales y/o económicas por oportunismo político y no como una forma de organización y movilización social a pesar de esas mismas élites. En este sentido, será sumamente interesante comprobar la capacidad de negociación que cada una de las partes tiene a partir de este lunes y también los beneficiarios si finalmente el PdeCat aparece como la formación llamada a decretar la suspensión indefinida de la República catalana.

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en activo
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