Casi todo el mundo conoce el dilema del huevo y la gallina, que arranca con la pregunta: «¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?». Esta semana hemos tenido un caso práctico de aplicación del dilema en la política española, con un Gobierno, el de Mariano Rajoy, que parece haber caído en la trampa del independentismo, que en términos de relato no ha tenido su mejor semana.

Aplicación del art. 155 sin ganas

El Gobierno se reúne este sábado en Consejo de ministros extraordinario para activar la aplicación del art. 155 de la Constitución Española contra la Generalitat catalana, suspensión que llegaría en dos semanas con la reunión en Pleno del Senado. Es la conclusión de la expiración del segundo plazo del requerimiento del Gobierno central al Govern catalán para que declarara si Carles Puigdemont había declarado la independencia en el Parlament el pasado 10 de octubre.

A pesar de los titulares de la prensa de Madrid asumiendo que Puigdemont había declarado la indepedencia desde la tribuna del Parlament, el interesado despejó la incógnita en la segunda carta que el presidente de la Generalitat remitió al Palacio de la Moncloa, en la que se recogió también una intención: Si el Gobierno aplicara el art. 155, se convocará al Parlament para que, esta vez sí, votara la declaración de indepedencia de Cataluña como mandato emanado del referéndum celebrado el pasado 1 de octubre.

El trasiego de comunicaciones epistolares entre Madrid y Barcelona ha permitido vislumbrar la escenificación de las dos partes: Por un lado, la Generalitat parece no tener ninguna prisa por declarar la independencia, apelando una y otra vez a abrir cauces de diálogo que, entendemos, haga menos traumática una declaración unilateral. Y todo ello mientras desde la UE la posición oficial es la de apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy en la defensa del orden constitucional y de minimizar el problema a pesar de que Cataluña fue uno de los asuntos a tratar en el Consejo Europeo celebrado el pasado jueves.

Por otro lado, de las comunicaciones con el sello de la Moncloa se desprende que Mariano Rajoy no parece tener ganas tampoco de activar la suspensión autonómica, algo que se vio claramente en la sesión de control a Gobierno del miércoles, en la que el presidente del Gobierno sugirió que no se aplicaría la suspensión si Puigdemont convocaba elecciones en Cataluña. Esta postura contrasta con la de C’s, apoyo fundamental en la estabilidad parlamentaria del Gobierno, a lo que en los últimos días se ha sumado el PSOE, que ha pasado de ser el abanderado del «no es no» a Rajoy a ser su interlocutor preferente con el tema catalán.

Viñeta publicada en The Telegraph

Mientras, se suceden rumores de todo tipo, que sitúan a Soraya Saénz de Santamaría como la persona que finalmente asumiría la responsbilidad última del día a día de Cataluña. En general, se plantea la idea de ir a una suspensión de competencias autonómicas limitadas al Govern y a la potestad de Parlament para convocar elecciones autonómicas, que podrían celebrarse el próximo mes de enero, según filtró Carmen Calvo. La representante del PSOE mantuvo este jueves una reunión con Soraya Saénz de Santamaría, desmentida a lo largo de este viernes por Moncloa, que apuntó a que los comicios se celebrarían en seis meses. Según los socialistas, en esa reunión también habrían pedido la intervención de los Mossos y de TV3

El PSOE, socio preferente de Rajoy

En las conversaciones sobre la estrategia a seguir para devolver el orden constitucional a Cataluña, se ha producido un movimiento que tiene su interés estos días, cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la dimisión de Pedro Sánchez por su negativa a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy.

El secretario general del PSOE, que ganó las primarias de su partido apelando al «no es no» a Rajoy, al que se pretendía derrumbar en cuanto hubiera la menor ocasión, se ha convertido en el principal apoyo del Gobierno en el conflicto catalán. Hoy casi nadie habla de la reforma constitucional propuesta hace una semana y sí de las conversaciones frecuentes entre PP y PSOE para decidir la mejor forma de aplicar el art. 155 de la CE.

Hace unos días destacábamos la vuelta del bipartidismo al campo de juego principal en España, con la puesta en circulación de globos sonda, como la posible ilegalización de los partidos independentistas defendida por Xavier García-Albiol, desechada inmediatamente por Génova. Estos días, hemos vuelto a ver cómo Moncloa dejaba en un lugar secundario a Albert Rivera, al que se mantendrá «informado» de las decisiones que se vayan adoptando estos días pero al que no se reconoce como actor fundamental en la negociación de estas medidas. Rajoy deja ese lugar preferente al PSOE, en lo que podría ser un ejemplo de «abrazo del oso» en toda regla que combina con restar protagonismo al que constituye, hoy por hoy, la principal amenaza a su granero de votos,

Según los sondeos, la principal amenaza para los intereses electorales del PP no son los socialistas sino C’s, que podría estar beneficiándose de la situación asumiendo un mensaje mucho más duro con Cataluña del que quiere proyectar Rajoy. Así, en un contexto de efervescencia patriótica española, parece que los argumentos defendido por Albert Rivera calan más en un electorado que demanda más mano dura y menos contemplaciones con Catatuña.

Ese electorado, que podría moverse en las filas del PP, habría comenzado a llegar a C’s en estos momentos tentados por las posiciones más duras asumidas en público por Rivera. Un juego en el que el partido de Rivera gana en casi todos los escenarios dada la confrontación tan directa entre Madrid y Barcelona en detrimento del PP, que seguiría como la fuerza más votada, y del PSOE, que retrocede de los porcentajes máximos alcanzados este verano. Con el recuerdo de que, sin Cataluña, los socialistas sufren en una confrontación en las urnas frente al PP.

La unión del independentismo con el encarcelamiento de «los Jordis»

La declaración de Puigdemont suspendiendo la declaración de independencia tuvo un efecto directo en las relaciones de las formaciones que conforman el bloque independentista, con una brecha clara entre buena parte de los políticos de la nueva y antigua Convergência y los dirigientes de la CUP, con ERC en el punto medio.

Esta división, acelerada por la fuga de empresas de Cataluña y  que podría haberse explotado de forma más inteligente, volvió a cerrarse este lunes con la decisión de la jueza de la AN, Carmela Lamela, de enviar a prisión sin fianza a los dos responsables de las organizaciones civiles que desde abajo han impulsado el movimiento: Jordi Sànchez, cara visible de ANC, y Jordi Croixat, responsable de Omnium Cultural.

El contenido del auto provocó los aplausos de buena parte de políticos y medios españoles, que entienden que ésta es la mejor forma de meter en cintura a los que protagonizan el desafío, y que en Cataluña se recibió como un jarro de agua fría porque cerraba las opciones de diálogo que se creían abiertas durante los días anteriores y que obligaba al PdeCat a posicionarse de nuevo claramente a favor de las tesis independentistas.

El envío a prisión de los «Jordis», contestado en Barcelona el martes en una nueva manifestación multitudinaria, planteaba otras incógnitas que sobrevuelan en la percepción que desde el Estado se ha tenido de todo el movimiento desde 2010: En un contexto de crisis política como la actual, con una sensación de impunidad ante los responsables de la corrupción y/o de la bancarrota de entidades bancarias y políticas, se aplica una medida que se puede entender desproporcionada contra un delito, el de sedición, que se habría cometido por los interesados al convocar las manifestaciones que se sucedieron en las intervenciones del Gobierno central del 20 de septiembre, con el destrozo de tres vehículos de la Guardia Civil y el encierro de agentes de las FCSE y de las autoridades judiciales durante horas en la sede de la Consellería Económica de la Generalitat.

Este delito, que se juzgaría en la AN retorciendo la ley (compete a los TSJ de las CCAA), se aplicaría de forma preventiva a los responsables de las dos organizaciones civiles por haber convocado la concentración y a los que se considera responsables de lo que ocurrió en la misma a pesar de sus llamamientos a disolverse. Unos actos que algunos juristas defienden como «desorden público» y no como sedición, fórmula que se podría aplicar a casi todas las manifestaciones o concentraciones convocadas, desde Gamonal a Murcia por las consecuencias de la construcción del AVE para la ciudad.

Un patinazo en el relato del independentismo

El lunes, Omnium Cultural puso en circulación un vídeo, «Help Catalonia. Save Europe», dirigido directamente a los simpatizantes del movimiento a nivel internacional. No es ninguna novedad que, desde hace semanas, se trata de movilizar a la opinión pública internacional, que ve con simpatías lo que ocurre en Cataluña, para que a su vez presionen a sus autoridades políticas para buscar un pronunciamiento afín al derecho a la independencia de Cataluña.

En el vídeo, calcado del que los responsables del Euromaidán pusieron en circulación en las semanas previas a la salida de Yanukovich del poder en Ucrania (replicado a su vez por la oposición venezolana), una joven, en tono excesivamente lacrimógeno, realiza un repaso por lo que ha ocurrido en relación al Procés en los últimos años, con especial mención a dos ideas: El carácter pacífico de un movimiento que tiene ramificaciones políticas de todo tipo y la respuesta del Estado en forma de detenciones, presencia policial y cargas policiales durante el 1 de octubre.

Estamos ante un vídeo muy bien hecho, con una buena sucesión de planos, que puede haber conseguido sus objetivos: Como ocurre en los movimientos sociales de los últimos, existe cierto romanticismo ante la idea del más débil luchando contra un Estado opresor, y eso se consigue con la elección de una interlocutora joven, que a veces parece a punto de romperse ante la gravedad del relato que está trasladando, un relato que acompañan imágenes duras y una música acorde al momento.

Desde el punto de vista estratégico, sin embargo, la difusión de este vídeo puede suponer el ejemplo más claro de un patinazo en la difusión de un relato que ya funcionaba solo, algo que reconoce hasta el cuerpo diplomático español, que ya comienza a señalar que Madrid no tiene un plan de respuesta internacional al relato independentista.

Y lo cierto es que es así, y que esto ha ocurrido sin necesidad de forzar el mensaje con un instrumento que se nota hecho con un propósito. En tiempos en los que parece que estemos vacunados contra la propaganda directa, este vídeo supone un error, el más claro de los últimos años, cometido por una organización que se había especializado en la difusión de material «improvisado», aun teniendo en cuenta que en la guerra por el relato en comunicación política no se improvisa nada.

El vídeo fue parodiado, el jueves, por el programa Polònia, en TV3, con una portavoz de excepción: Soraya Saénz de Santamaría, que activa así el argumentario del Gobierno respecto a lo que ocurre en Cataluña, con mensaje a la UE incluido. Sin desperdicio:

CODA. Éste fue el vídeo que simboliza la protesta del Maidán en Ucrania, un spot aplaudido en su momento por buena parte de la prensa española e internacional en tanto que suponía una herramienta contra Yanukovich y la mano de Rusia en el país. Tras la difusión del vídeo «Help Catalonia», esos mismos vídeos han denunciado la puesta en marcha de una maquinaria de propaganda, asumiendo, indirectamente, por lo tanto, que ellos fueron víctimas de esa maquinaria activada en el otoño de 2013 atribuida a la Fundación Soros.