El Gobierno propone una intervención dura en Cataluña

Este viernes se cumple el plazo para que el Senado, reunido en Pleno, vote las medidas aprobadas por el Consejo de ministros extraordinario que dio luz verde a la intervención de la autonomía catalana. Este viernes, si no hay novedades, veremos la puesta en marcha de la activación del art. 155 de la Constitución española, con el apoyo del PP, del PSOE y de C’s, convertido en el gran vencedor moral de este punto de la contienda política derivada de la crisis catalana.

El partido de Albert Rivera fue el que con más empeño ha empujado para que Moncloa pasara de las advertencias a los hechos usando para ello un instrumento que se incluyó en el propio texto constitucional con el objetivo de reconducir a potenciales CCAA rebeldes. Puesto que en 1978 las únicas CCAA que se manejaban eran los territorios históricos (Galicia, Cataluña y Euskadi), con la posible inclusión de Andalucía, este artículo fue redactado ex profeso para devolver el orden a cualquiera de esos territorios que en algún momento decidiran desviarse de la doctrina constitucional. Ironías de la vida: Este escenario se produce a punto de cumplirse los 39 años de la aprobación en referéndum de un texto constitucional cuestionado por capas cada vez más amplias de la población.

Había dudas sobre la dimensión y el carácter de la intervención en la autonomía catalana y, en los días previos, durante el trasiego de requerimientos y cartas de respuesta, se bajaró la posibilidad de una intervención blanca, quirúrgica en el amplio término usado en su momento por Ortega y Gasset. No ha sido así.

Las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, son duras y suponen la intervención directa del Parlament (cuya actividad queda supeditada a lo que decida su persona), del Govern (con la destitución del presidente de la Generalitat y de sus consellers) y la intervención de áreas estratégicas que, según el acuerdo alcanzado por PP y PSOE, llega hasta los Mossos d’Esquadra y los medios públicos, que se quieren convertir en entes plurales desde el punto de vista político. Como RTVE, entendemos, y buena parte de las televisiones autonómicas controladas por ambos partidos, ejemplos todas ellas de profesionalidad, pluralismo y de independencia política.

El art. 155 de la CE recoge:

  1. “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general
  2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”

Los juristas entienden que no hay dudas respecto al primer apartado pero sí muchas sobre la manera en la que el Gobierno pretende devolver la “normalidad” a Cataluña. Miguel Angel Presno, en su blog, plantea sus dudas sobre el  hecho de que el Gobierno central, aun con el visto bueno del Senado y de la Comisión General de las CCAA, pueda destituir al presidente de la Generalitat o vaciar de funciones al Parlament, institución de la que emana la legitimidad representativa y el mandato de las urnas.

El autor de esta entrada expone: “Se podrá decir que de poco sirve dar instrucciones al Presidente autonómico si éste no las cumple pero la exigencia de las debidas responsabilidades políticas y, en su caso, penales por el incumplimiento está contemplada en otras normas y atribuida a órganos que no son el Presidente del Gobierno español: Parlamento de Cataluña, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,… (artículos 67 y 70 del Estatuto de autonomía de Cataluña)”.

Y aquí está la raíz de la cuestión, con referencia directa a lo que le ocurrirá a Puigdemont si decide declarar unilateralmente la independencia de Cataluña: Existen vías para actuar contra el presidente de la Generalitat en el ordenamiento, sin necesidad de actuar por la vía excepcional. Si se toma esa vía es por algo y de fondo subyace la idea de que hace falta una sobrerrepresentación del poder del Estado respecto a Cataluña, una línea muy fina que divide el mandato constitucional (o legal si lo queremos) de la humillación.

Antes de que se anunciaran las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, la Fiscalía  General del Estado ya dejó caer que tiene preparara una querella contra Carles Puigdemont por rebelión en el caso de que respondiera a las decisiones adoptadas en Madrid con la declaración de independencia de Cataluña. Algo que podría suceder este martes, aprovechando el simbolismo del 40 aniversario de la llegada de Josep Tarradellas a Barcelona, a pesar de que los medios de comunicación catalanes, desde La Vanguardia al Ara, han pedido a Puigdemont que evite la suspensión de la autonomía catalana que, de facto, se produciría con la votación del Senado del viernes con la convocatoria de elecciones anticipadas.

Rajoy defendió la necesidad de aplicar estas medidas para obtener cuatro objetivos: “Volver a la legalidad restituyendo la Constitución y el Estatut en Catalunya; recuperar la normalidad y la convivencia; continuar con la recuperación económica, el empleo y los sueldos, que hoy están en peligro; y celebrar elecciones en situación de normalidad”. Estas elecciones se celebrarían en, como mucho, seis meses, aunque en los últimos días portavoces de C’s y del PSOE han citado el 28 de enero como fecha probable para restaurar la normalidad electoral en Cataluña.

Un escenario que por ahora no se plantea el sector independentista y que abre otras incógnitas si nos atenemos a los datos de los últimos sondeos publicados, que apuntan a una victoria de los partidos independentistas, con especial recuperación de la CUP, que iguala sus resultados de 2015, y con cambios en las expectativas de voto de los partidos constitucionalistas (PSC, C’s y PP, que se estarían transfiriendo votos entre sí) y Catalunya en Comú, el partido al que todos miran porque en su mano está en desequilibrar la balanza.

Un fracaso sin paliativos 

El presidente del Gobierno insistió en unir su decisión al acuerdo con PSOE y C’s, en un intento de minimizar las acusaciones de “golpe de Estado” o de reminiscencias franquistas con las que se ha respondido desde Cataluña y desde otros sectores. Uno de los más interesantes, la reflexión de Iñigo Urkullu señalando que la medida es desproporcionada. En el punto de mira está el apoyo, cada vez más lejano, del PNV para aprobar el proyecto de PGE y la aprobación de los conciertos vasco y navarro.

Hace unos días publicábamos el resultado del sondeo de GAD3 para el diario ABC y avisábamos de que la crisis catalana bien podría estar siendo aprovechada para plantear una recentralización del Estado autonómico, el invento más eficaz puesto en marcha durante la Transición política para hacer frente al problema territorial español, permanente desde finales del siglo XIX, y que, como se ha comprobado desde Cataluña y desde el resto del país, nunca desapareció del todo.

La crisis catalana ha sido la prueba más evidente de un cuestionamiento que se hizo realidad durante los años más duros de la crisis económica y financiera, con una crítica generalizada al Estado autonómico, que tiene en el PSOE la paternidad más evidente. De ahí la sorpresa relativa de que Pedro Sánchez finalmente aparezca de la mano de Mariano Rajoy en una cuestión como ésta, que confirma el fracaso del Estado para dar solución a un problema que lleva enquistado, al menos, desde la sentencia del TC contra el Estatut.

Parece claro que el acuerdo con el PP y C’s no le saldrá gratis a Ferraz, ni interna ni electoralmente. El sábado, Nuria Parlón dejó su puesto en la Ejecutiva del PSOE y, junto a varios alcaldes del PSC, rechazó la activación del art. 155. De acuerdo con los últimos sondeos publicados, los grandes beneficiarios de la tensión entre Madrid y Barcelona no son precisamente los socialistas, sino C’s. Es muy posible que veamos una progresiva recuperación electoral del PP, que ha estado muy cuestionado por el sector más conservador por no actuar con más firmeza contra Cataluña.

Es posible que pocos se imaginaran que la evolución de los acontecimientos nos iban a traer a este punto, con la intervención directa de uno de los territorios históricos y con la certeza de que esa intervención no va a solucionar la crisis de legitimidad que existe en Cataluña. Lo escribía Lucía Méndez en El Mundo: “El 155 no va a restaurar la legalidad constitucional como por ensalmo, ni va a reparar las heridas abiertas en la sociedad catalana. La normalidad no se recuperará de forma automática, ni la convivencia volverá de golpe. Por el contrario, una parte de la sociedad catalana reaccionará con disgusto ante la pérdida efectiva de su autogobierno. Por constitucional que sea la decisión, que lo es”.

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en activo
Minientrada | Esta entrada fue publicada en Cataluña, Gobierno, Modelo territorial, Pedro Sánchez, PP, PSOE, Rajoy. Guarda el enlace permanente.

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