Este lunes arranca oficialmente la República Catalana como nueva forma política derivada de la votación de la resolución del Parlament el viernes pasado en la que, por 70 votos, se aprobó el siguiente paso para la desconexión de Cataluña respecto al conjunto del Estado. Como casi todo en este proceso, que arrancó como tal en 2012, las cosas no son lo que parecen y, en el momento de elaboración de este post, sólo hay dos cosas claras: Que el 21 de diciembre habrá elecciones «autonómicas», a las que finalmente podrían concurrir también los partidos independentistas; y que la normalidad sigue presidiendo la vida política y social en Cataluña, lo que añade todavía más dudas a la idea de la proclamación de la República.

70 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones

La votación del Pleno del Parlament del viernes se saldó con las mayorías previstas: 70 diputados votaron a favor de la resolución que ponía el punto de partida de la República Catalana en una votación complicada de nuevo por la ausencia de los diputados del PSC, de C’s y del PP. Una decisión que se adoptaba para denunciar la falta de validez de la convocatoria y que volvió a proyectar la imagen de un Parlament dividido.

Dentro del hemiciclo, pocas novedades. Se acordó votar en secreto, para evitar que la Fiscalía pudiera actuar penalmente contra los diputados que votaron a favor de la independencia, con un resultado más o menos esperado: Hubo 70 votos a favor, dos abstencioniones y 10 votos en contra, procedentes de las filas de CSQEP. La mayor parte de los diputados del grupo parlamentario vinculado a Podemos exhibió ante las cámaras el sentido de su voto (No) aunque tres de ellos se negaron a esa escenificación para dificultar la identificación de los diputados díscolos con el ordenamiento legal.

Esa decisión dificulta, por lo tanto, la acción de la justicia pero también los análisis de lo que podría haber ocurrido: Los votos de la CUP y de JxS sumarían 72 diputados. Si tenemos en cuenta que el resultado fue de 70 votos favorables, no sería descartable que al menos dos diputados vinculados al independentismo se hubieran abstenido en la votación, una decisión que sería coherente con las filtraciones de divisiones internas en el propio Govern desde  hace semanas y con especial énfasis en los días previos a la votación del Parlament.

Elecciones autonómicas como plataforma de aterrizaje 

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado el viernes aprobó la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas para el próximo 21 de diciembre. Había duda sobre la fórmula elegida por los partidos constitucionalistas de cara a esa cita y sobre la posibilidad de que las formaciones independentistas concurrieran a los comicios incógnitas que se han comenzado a despejar.

Por un lado, hemos visto la asunción del mismo lema de precampaña («Votarem») por parte de PSC, PP y C’s en la manifestación celebrada este domingo en Barcelona, lo que abre la posibilidad a un cierto acuerdo para acudir en bloque a los comicios bajo el paraguas de la defensa de la legalidad constitucional. La segunda, a falta de confirmación, parece también estar a punto de despejarse, con la idea más o menos afirmada de líderes de la CUP, PdeCat y de ERC de que podrían participar en esas elecciones autonómicas, lo que plantea como hipótesis la aceptación de la legitimidad del convocante (en este caso, Mariano Rajoy) en unos comicios que acabarían de facto con la excepcionalidad de la existencia de un régimen político propio en Cataluña.

Viñeta de Ricardo publicada en El Mundo

Esta idea tiene su importancia en al menos dos vías: Por un lado, puede suponer una plataforma de aterrizaje con dignidad de los actores principales de la crisis política española y catalana, que contrastaría con las declaraciones gruesas escuchadas por todas las partes, con eco sucesivo de los medios de comunicación y las redes sociales. Estaríamos ante la repetición de lo que ocurrió en Grecia tras el reférendum a propósito del tercer rescate del país ignorado a continuación por el primer ministro, Alexis Tsipras, que justificó su decisión en la defensa del interés nacional.

Por otro lado, aceptar concurrir a unas elecciones «autonómicas» invalida de lleno la idea de una república independendiente en estos momentos, habida cuenta de que el nuevo «Estado» no ha tenido reconocimiento internacional y que sigue enfrentándose a la fuga de empresas y avisos más o menos amenazantes de cierre de factorías como Seat, lo que afectaría de lleno al empleo. Asimismo, se asume como excesivo el riesgo de negarse a participar en los comicios y a no estar representado en el Parlament durante la próxima legislatura, con lo que eso implica en términos de representación política e incluso de supervivencia económica.

En cualquier caso, si damos por válidos los resultados de los sondeos sobre intención de voto publicados, con datos recogidos antes de la  asunción de la República en Cataluña, parece que unas elecciones autonómicas no garantizan una salida de la situación de bloqueo político: El independentismo está cerca de volver a revalidar su mayoría absoluta, a la espera de lo que decida Catalunya en Comú, que vive también su particular crisis política estos días. En función de los resultados podemos hablar de un gobierno de unidad nacional constitucionalista o con la reválida de opciones independentistas, incluso a pesar de las divisiones internas que se registran.

El acuerdo que estuvo a punto de llegar

A pesar de lo que parece, el bloque independentista muestra más fisuras de las que parecen a primera vista desde la óptica de Madrid. La militancia de la CUP, por ejemplo, tiene poco que ver con la del PdeCat, una realidad extensible a sus respectivas bases electorales. Lo mismo puede decirse de ERC, que a menudo ha servido de intermediario entre la prudencia de una parte de Convergència y el impulso de calle de la CUP.

Las relaciones en el bloque se comenzaron a resquebrajar tras el reférendum y, sobre todo, a propósito del Pleno del Parlament del 10 de octubre. La CUP se sintió engañada por el PdeCat y por ERC, una sensación que comenzó a repetirse el jueves. El motivo, una serie de filtraciones que dio pistas sobre la negociación entre Madrid y Barcelona, con mediación del lehendakari, Iñigo Urkullu, y del PSOE y el PSC, a propósito de la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas en Cataluña a cambio de suspender la aplicación del art. 155 de la CE, que fue aprobado finalmente el viernes por el Senado por 214 votos a favor.

Durante buena parte del día, Carles Puigdemont fue noticia por las presiones que estaría recibiendo desde su entorno en dos direcciones: Los partidarios de negociar una salida institucionalizada a la crisis política abierta y los que defendían que se diera un paso más en la proclamación de la República en cumplimiento con el mandato surgido en las en el referéndum del 1 de octubre. Unas presiones a las que se habría sumado ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, se habría negado a sustituir a Puigdemont como el responsable de proclamar la independencia.

Buena parte de los medios dieron por válida la primera opción, que habría fracasado por al menos tres razones: La negativa de C’s a negociar cualquier punto con el gobierno de la Generalitat; la negativa del PP de abortar la intervención de la Generalitat por la vía del art. 155; y la propia decisión del presidente de la Generalitat, que se vio incapaz de defender este cambio de posición de última hora en Girona, metáfora de la presión del sector independentista en la calle. Ésta es la tesis que estaría defendiendo en privado el lehendakari, que habría acusado a Puigdemont de no tener palabra.

Se abortó la operación elecciones, lo que abría la puerta al plan A diseñado por Moncloa: El Senado autorizaría la activación del art. 155 (con los votos a favor de los grupos del PP, C’s y PSOE, con la ausencia del ex presidente José Montilla) y se iría a una convocatoria anticipada de elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo 21 de diciembre, jueves. Mariano Rajoy atajaba así la idea de una intervención de facto de la Generalitat durante al menos seis meses y pillaba con el pie cambiado a los partidos independentistas, que deberán decidir antes de 10 días si participarán o no en los comicios.

El Consejo de ministros extraordinario celebrado tras el plácet del Senado aprobó la destitución de los miembros del Govern, del jefe de los Mossos y la intervención de facto de la Generalitat, que dirige Soraya Sáenz de Santamaría. Desde el sábado, las consellerías pasan a estar controladas por los diferentes ministerios, mientras se deja de lado la intervención de los medios de comunicación públicos, que quedan a cargo de la Junta Electoral Central.

Usurpación de funciones y anuncio de querellas

La principal duda, este lunes, se centraba en la posibilidad de que estemos ante una escenificaciónde una intervención desde el Gobierno central sin consecuencias reales a la espera de un aterrizaje controlado de la crisis abierta. A pesar del apoyo que el independentismo sigue registrando, existe cierta conciencia de que el Procés se ha ejecutado mal, de forma que la República catalana nace con un déficit de legitimidad que resume bien la ausencia de casi toda la oposición en el Pleno del Parlament del que se deriva la proclamación de la República.

A primera hora de la mañana, la maquinaria institucional del Govern se ponía en marcha, con la llegada de los consellers a sus puestos de trabajo. Queda claro que se quiere dar una imagen de normalidad y de continuidad, a pesar de las amenazas de querellas de la Fiscalía contra los miembros del Govern por un delito de rebelión (30 años de cárcel), a los que se podría sumar el de usurpación de funciones, algo que ocurrirá si alguien firma algún tipo de documento oficial.

A pesar de la teórica enorme tensión política e institucional, la República catalana ha sobrevivido el primer fin de semana sin problema aparente: El sábado, Puigdemont lanzó su primer mensaje «institucional» como presidente republicano, aunque tuvo mucho cuidado en no identificarse como tal con el objetivo, de nuevo, de bordear una causa judicial contra su persona por usurpación de funciones. Sí se centró en señalar que hará falta trabajo para defender el nuevo país y volvió a realizar un llamamiento a una respuesta pacífica:

«El mensaje que quisiera dirigir es que tengamos paciencia, perseverancia y perspectiva. Por eso tenemos claro que la mejor manera para defender las conquistas alcanzadas hasta hoy es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155, que es la consumación de una agresión premeditada a la voluntad de los catalanes que de manera muy mayoritaria y a lo largo de muchos años nos hemos sentido Nación de Europa.

Debemos hacerlo preservándonos de la represión y de las amenazas, haciéndolo sin abandonar nunca, nunca jamás, en ningún momento, una conducta cívica y pacífica. No tenemos ni queremos la razón de la fuerza. Nosotros no. Os lo pido convencido de que esta demanda es la que espera todo el mundo, también fuera de nuestro país.»

Más normalidad. Este domingo, se celebró en Barcelona una manifestación multitudinaria convocada por Sociedad Civil Catalana a favor de la unidad de España, una marcha, la segunda en tres semanas, a la que asistió Miquel Iceta y Paco Frutos, el ex coordinador general del PCE. Según los organizadores, hubo 1.1 millón de asistentes que la Policía Urbana rebajó a 380.000 (cifra que parece más ajustada según las imágenes aéreas) y que de nuevo tuvo una importancia presencia de ciudadanos llegados de otras CCAA. A pesar de incidentes aislados protagonizados por ultras, la marcha transcurrió de forma pacífica, lo que constrasta, insistimos, con la tensión verbal y mediática diaria.

Voladura controlada en Podemos

La semana terminaba con una sorpresa más, esta vez con Podemos como protagonista. Hemos señalado que la formación tiene un problema, extensible a buena parte del centroizquierda ideológico, con la idea de España y la presencia de nacionalismos periféricos, que en general se abordan como artefactos nacidos en la derecha con objetivos egoístas y excluyentes. El PSC puede dar lecciones de lo que ha ocurrido en su seno desde, al menos 2012, con las consecuencias que vemos a diario de contradicciones con la posición oficial del PSOE, más cómoda hoy en la idea del Estado-nación centralista con cesión de competencias que con una arquitectura federal de base real.

Ese proceso, ya vivido en primera persona por el PSOE, se ha producido también en Podemos, que comparte con los socialistas destino: Sin un buen resultado en Cataluña o Euskadi, sus opciones de gobierno frente al PP son prácticamente nulas. Eso explica los equilibrios que hemos visto durante años a propósito del tema catalán, con hitos como la defensa de «ni DUI ni 155» que sus cargos defienden hasta este mismo lunes.

Este domingo, el Consejo Ciudadano de Podemos, con nocturnidad y alevosía, anunció la intervención de Podem en Cataluña, desautorizando de nuevo a Albano Dante-Fachin, defensor de un referéndum que decida el encaje de Cataluña en España y que a menudo ha aparecido vinculado a las tesis de la CUP (o incluso de ERC). El anuncio de intervención de Podem, aplicándole un art. 155 interno, se produjo tras unos días de marejada fuerte en la organización por la combinación de dos procesos: Los ajustes de cuenta internos, con la retirada de Carolina Bescansa de la comisión constitucional del Congreso, y las declaraciones públicas contra el reconocimiento a la República catalana.

La semana pasada, Bescansa, antes en el núcleo duro de Pablo Iglesias, salió a los medios para criticar que Podemos se centrara en un discurso hacia los independentistas mientras renunciaba a dar un mensaje para el resto del país. Los medios interpretaron que Bescansa había señalado que el partido no tenía un proyecto de país, lo que obligó a matizar sus palabras, que parecían fruto del enfado por haber sido desplazada, de nuevo, en beneficio de Irene Montero, que aseguró, como reacción, que las críticas deberían hacerse en los órganos internos del partido y no ante los medios.

Podemos tuvo que dedicar buena parte del miércoles y del jueves a difundir como argumentario que defendía la idea de una España plurinacional, sin pronunciarse a  favor de la independencia o no de Cataluña, que es el asunto central en estos momentos y que llevó a Bescansa a señalar, de nuevo, que el partido no defiende la independencia de ninguna CCAA, invitando a quien sí lo quiera a abandonar las siglas.

Casi al mismo tiempo, Izquierda Anticapitalista difundió un comunicado extraño a favor de la República Catalana del que se desmarcaron Teresa Rodríguez y el alcalde de Cádiz, dos de las caras más visibles de la organización mientras que se decretaba la intervención desde Madrid de Podem y la elección, a la espera de ratificación de las bases, de Xavier Domènech como cabeza de lista de Catalunya En Comú (CeC) en las elecciones del 21 de diciembre.

Existen varias líneas para interpretar el estallido interno en Podemos, que llega tras intentar mantener equilibrios imposibles (con Ada Colau como la mejor especialista). El evidente, la tensión interna entre centro/periferia en un partido que nació con un espíritu descentralizado y que lleva meses ejecutado un funcionamiento interno de recentralización del discurso, con las connotaciones que ello tiene respecto a su capacidad de implementación en el resto del país.

Buena parte del éxito de Podemos era ofrecer un modelo de país alternativo que podría hermanarse con la España de las autonomías socialista dando un paso más. Podemos ha constatado, en estas semanas, que esta propuesta no arroja beneficios electorales a corto plazo, tal y como recogen las tendencias de todos los sondeos publicados. Sobre todo en un contexto de crisis internas en las distintas federaciones, con el consecuente rearme del nacionalismo periférico más escorado a la izquierda (Bildu, BNG) y con cierta recuperación del socialismo.

Bescansa ha podido ajustar cuentas en público con Iglesias y su entorno, bien por interés personal, bien por interés de partido. Tampoco se puede descartar que la aparente salida de tono, apoyada por Luis Alegre, haya sido consensuada con su antiguo amigo. Especialista en hacer y leer encuestas, es posible que en estos momentos haya detectado que es mejor soltar lastre y olvidarse de Cataluña para intentar consolidarse en el resto del país, una idea que se puede vender bien en Madrid pero que hace aguas si hablamos de la Comunidad Valenciana, Baleares, Euskadi o incluso Galicia. Una consecuencia, quizás, inevitable pero que deja huérfanos, de nuevo, a una masa de votantes que no se siente cómodo con una idea centralista y centralizada de España y que está lejos de asumir una identidad basada en el Estado-nación.