El conflicto catalán se enquista en la vía judicial

Hace una semana, el Parlament aprobó una resolución en favor de la República Catalana que casi todos compraron como una declaración unilateral de independencia a pesar de las declaraciones en relación a que ni siquiera tenían activadas estructuras básicas de un Estado independiente. Pocas horas después, el conflicto catalán parecía encarrilarse con la activación del art. 155 y la convocatoria de elecciones anticipadas autonómicas por parte del Gobierno central para el próximo 21 de diciembre.

Hace unos días, escribimos que los acontecimientos sucedidos desde el viernes pasado auguraban la preparación de una plataforma de aterrizaje para el independentismo, que durante el fin de semana había manifestado su voluntad de concurrir a las elecciones autonómicas, lo que abría la posibilidad a la obediencia a la legitimidad de un actor estatal que certificaba que no había proclamación real de la independencia catalana, tal y como aventuraban las caras de los miembros del Govern tras la votación parlamentaria.

Apenas una semana después, entramos en territorio desconocido, con una activación del problema a través de la vía judicial que, con una rapidez sorprendente en un país en el que una de las críticas más habituales es la lentitud de la justicia, ha sustituido la acción política por la acción de los jueces. El lunes, apenas tres días después de la “declaración de la independencia”,  la Fiscalía presentó una querella contra los miembros del Govern y la Mesa del Parlament por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.

Vía judicial y ausencia de política 

A pesar de las dudas sobre la competencia de la AN para juzgar los delitos de sedición (competencia de los TSJ) o aplicar el delito de rebelión a lo ocurrido en Cataluña (en un contexto de práctica ausencia de violencia), la maquinaria judicial se puso en marcha al tiempo que se confirmaba lo que hemos señalado en este blog en numerosas ocasiones: Unas elecciones autonómicas arrojaría mayorías parlamentarias muy parecidas a las de 2015, esto es, 72 votos a favor del independentismo, 11 procedentes del universo Podemos en Cataluña, y 52 escaños procedentes de C’s, PSC y PP, que sólo se ponen de acuerdo defender el constitucionalismo en Cataluña.

Según los sondeos publicados estas últimas semanas, éste sería el escenario más probable el 21D, con las prevenciones que señalamos a propósito de la dificultad para estimar voto en estas circunstancias de tensión y de informaciones diarias imposibles de recopilar por completo.

El lunes se tenía noticia del viaje de Carles Puigdemont y de parte de los ex consellers a Bruselas en el primer día laborable de la nueva república, sin que en apareciencia el Gobierno central estuviera enterado, con rumores de todo tipo en relación a una petición de asilo para eludir la acción de la justicia en España. En una multitudinaria competencia, y tras saberse de los problemas de la delegación con el Gobierno belga, manifiestamente incómodo con la traslación del “problema interno español” a la capital comunitaria, Puigdemont confirmó el martes que su intención era internacionalizar el conflicto y que no pediría asilo pero que permanecería en Bruselas hasta que el Estado español garantizara un juicio justo.

Se lanzó la idea de una parte del gobierno catalán trabajando en Bruselas mientras que Oriol Junqueras se haría cargo de la delegación permanente en Barcelona. Todo ello en un contexto de parálisis de la acción diaria por la decisión, según Puigdemont, de no poner en riesgo a los funcionarios dependientes de la Generalitat por la obediencia a dos legitimidades diferentes. Lo que, a su vez, diluía la acusación de sedición.

El martes por la noche llegaron las citaciones emanadas de la querella de la Fiscalía para este jueves con dos destinos: Los miembros del Govern estaban citados en la AN y los representantes parlamentarios en el TS. La suerte estaba echada en ese momento, con decisiones diferentes de dos órganos judiciales. La AN decretó el ingreso en prisión preventiva sin fianza para Junqueras y los consellers que acudieron a sede judicial, que pasaron su primera noche en las prisiones de Estremera y en Alcalá Meco, mientras que el TS admitió la petición de la defensa de Carme Forcarell y el resto de miembros de la Mesa del Parlament para dar una semana más para una mejor defensa.

Entre los argumentos esgrimidos por la jueza Lamela se cita el riesgo de fuga interpuesto por la actuación de terceras personas (Puigdemont y cuatro consellers del Govern que decidieron permanecer en Bruselas y contra los que está previsto que se dicte hoy una orden de detención internacional) y la continuidad en la perpetración de los delitos apuntados por la Fiscalía. Tres argumentos que los expertos ponen en duda en aplicación del caso concreto que nos ocupa.

Puigdemont, en una declaración grabada en Bruselas, dijo que el Estado español “embiste con una furia desbocada y lo amenaza todo”, exigió la puesta en libertad de sus ex consellers , a los que la AN había encarcelado “por sus ideas”, y se dirigió al pueblo catalán a responder sin violencia y con serenidad. Simultáneamente a su mensaje, Polònia cancelaba su programa semanal y miles de personas volvían a concentrarse en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona en protesta por la última decisión judicial. Este domingo, está convocada en Barcelona una nueva manifestación que se prevé multitudinaria, con la única duda, en estos momentos, de si finalmente asistirán miembros del PSC, personalmente muy molestos con lo que consideran una “medida desproporcionada“.

Hacia unas elecciones plebiscitarias

Con los datos sobre la mesa, y sin que haya sorpresas en forma de ilegalización de las formaciones independentistas, como la demanda que este viernes se presentó contra la CUP, las elecciones del 21D se afrontaban como una crítica a la actuación del Gobierno central a propósito del art. 155 y de la constatación de las dificultades de aplicarlo en una entidad tan autónoma como la Generalitat.

Tras la decisión de la juez Lamala, y a la expectativa de una posible corrección por parte de la Sala de lo Penal de la propia AN, las elecciones se convierten en un plebiscito sobre el Gobierno central y la propia pertenencia de Cataluña al conjunto del Estado, a lo que no ayuda la celebración del encarcelamiento de los miembros del Govern en medios de comunicación de Madrid.

En lugar de una plataforma de aterrizaje del independentismo, el 21D tendremos una suerte de “referéndum” enmascarado en unas elecciones autonómicas que, esta vez sí, obligarán a todos los partidos a pronunciarse sobre las decisiones que llegan desde Madrid y que, por el momento, está teniendo una respuesta ejemplar en la sociedad catalana, que sigue en la senda de la movilización pacífica y cívica.

En este punto, hay que prestar atención a los movimientos internos en el PSC y, sobre todo, en Catalunya en Comú, que está a punto de implosionar del todo, con la difusión en canales internos de textos contra Albano Dante Fachín, cada vez más cerca del independentismo. Todo ello contando con que no se explore la vía vasca de ilegalizar partidos para conseguir determinadas mayorías parlamentarias, con las consecuencias en forma de irrelevancia que tienen en la actualidad el PP y el PSE salvo como sostén del gobierno en minoría.

A la espera de computar en los sondeos sobre intención de voto la escenificación de Puigdemont en Bruselas y el envío a prisión de los consellers del Govern, todo parece indicar que las últimas decisiones judiciales pueden suponer un aumento de la movilización y que este dato iría en beneficio de las opciones independentistas. Sobre todo si se logra generalizar la idea de que se actúa por venganza hacia Cataluña por haber puesto en jaque todo el entramado saliente de la Constitución de 1978.

En este punto, asumimos como nuestro el diagnótisco de La Vanguardia de que estamos ante el peor escenario posible, con un riesgo diario de fractura interna en Cataluña y, por supuesto, respecto a la convivencia a corto plazo entre Cataluña y el resto de España:

“Este hecho establece, además, un punto de inflexión en la campaña para las elecciones autonómicas del 21-D, convocadas el pasado viernes por el Gobierno central. Dichas elecciones parecían una invitación al sosiego y a la reflexión. Tras cinco años de proceso soberanista, culminado de modo insatisfactorio para casi todos, y tras una semana, la pasada, en que vivimos cada día a ritmo frenético, habíamos recuperado cierta paz social. Esa paz ha sido barrida de nuevo. El 21-D se afrontará ahora con los sentimientos a flor de piel y con el riesgo de que lo sucedido ayer contribuya a engrosar las filas más radicales. Lo cual sería lesivo para la convivencia, ya muy dañada en Catalunya por los silencios de unos, el quebrantamiento de la ley de otros y, a la postre, una extremada e insensata polarización política que no augura nada bueno”.

Y añadimos algo que hemos señalado en otros momentos en este blog: En el país existe un problema de desafección hacia las instituciones y organismos que conforman el Estado de derecho y el propio sistema político que conforma una democracia representativa como resultado de la crisis económica y financiera y del agotamiento de un modelo de convivencia sacralizado. Uno de los síntomas de esa desafección es la percepción, por amplias capas sociales, de una justicia no independiente y sometida al vaivén de los intereses del poder político. Esta impresión no es sólo propia de Cataluña, que además enfrenta un problema de desafección en términos de pertenencia a una comunidad imaginada, España, a lo que no contribuyen los insultos patrióticos de una ultraderecha que comienza a tener muy poco pudor en defender sus principios en público.

Desde 2012 señalo que debe haber un punto de inflexión en algún momento y que la política está para resolver problemas en un ámbito puramente político. Puesto que la escalada es cada vez mayor, sería aconsejable que los actuales dirigentes se pusieran al frente de la crisis de una vez o, si no se sienten preparados para sentarse en una mesa y negociar pensando en el bien común, que se retiren y dejen su sitio a quienes sí tengan ideas para reconducir una situación que entra en territorio inexplorado.

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Acerca de llegalaultima

Politóloga y periodista en activo
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3 respuestas a El conflicto catalán se enquista en la vía judicial

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